Por Luis Carlos Osorio Rendón/ @lcarlososorio
Impensable, pero cierto. Las FARC abogan por el Derecho a La Consulta Previa. Esto ya me pone a reflexionar en positivo sobre el proceso que actualmente se desarrolla en la Habana entre el gobierno y el grupo insurgente, y el consecuente optimismo de unos y otros, e incluso la desazón de muchos mas.
Hace solo un mes, un conclave de los mas importantes líderes indígenas del país, condicionaron la protocolización de la “Consulta Previa del Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, hasta conocer los acuerdos que sobre la materia se suscriban en el marco de los diálogos de paz que se desarrollan entre del gobierno y este grupo insurgente”.
Y es apenas natural. Los indígenas han vivido en un fuego cruzado de actores armados durante los últimos 30 años y uno de ellos son las FARC.
Mas allá del origen campesino del grupo insurgente, el conflicto colombiano pasa por resolver de fondo el tema de la redistribución de la tierra y el desarrollo de una profunda reforma agraria para su cabal aprovechamiento, respetando los derechos de quienes históricamente han sido sus dueños y dolientes: indígenas, afrocolombianos, campesinos y todo aquel que detente un justo título.
Recordemos que las FARC han sostenido en los últimos años una puja con los indígenas -principalmente los del Cauca-, justamente por el ejercicio de su autonomía territorial.
Y no es que las FARC no reconozcan el derecho a la tierra de los indígenas. Es que han sido ambivalentes. Una cosa fue la que dijeron en su proclama fundacional del año 64: “Se protegerán las comunidades indígenas otorgándoles tierras suficientes para su desarrollo, devolviéndoles las que les hayan usurpado los latifundistas y modernizando sus sistemas de cultivos. ….(que) gozarán de todos los beneficios de la Política Agraria Revolucionaria…. (y que) estabilizará la organización autónoma de las comunidades respetando sus Cabildos, su vida, su cultura, su lengua propia y su organización interna”; Otra fue su propuesta de política agraria llevada a la Mesa de negociación del Caguán en el 2000, bastante parca con respecto a estos pueblos: “Tierra a indígenas: todas las tierras de los indígenas serán respetadas”.
Al tiempo, algunos de sus voceros de manera bastante recalcitrante desde la perspectiva de una nación multiétnica y pluricultural, predicaban que “la tierra es pal que la trabaja”, lo que incluía a los indígenas, borrando de plano su respeto por la autonomía, organización, lengua y gobierno propio de estas comunidades. El concepto de territorio nunca fue considerado, ni en el 64, ni en el dosmil.
No es gratuito pues que se lleve este nuevo ingrediente a la mesa de negociación de la Habana. No se trata de una propuesta más, de las que tratan de incluir las FARC en la agenda cada nuevo período de negociaciones. La Paz en Colombia, mirada desde la perspectiva de la tierra y del modelo económico, pasa por los indígenas. Lo lastimoso es que este aspecto lo haya entendido primero la insurgencia que el propio gobierno.
Pero lo realmente sorprendente en la propuesta presentada, es el cambio sustancial en su posición …”Considerando que las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palanqueras(sic) ocupan un lugar central en la sociedad colombiana y, de manera especial, en la organización del territorio desde una perspectiva cultural propia sobre la vida, el relacionamiento con la naturaleza y la producción…”. No es un planteamiento de poca monta, pues allí se recoge de manera escueta aspectos esenciales del marco de derechos que asiste a los grupos étnicos de Colombia y que tantas veces ha motivado sentencias, en particular de la Corte Constitucional.
Ya los indígenas habían analizado en su evento el tema de la Consulta Previa, llamando la atención del gobierno para que cumplan con el marco de derechos que hoy hacen parte del bloque de constitucionalidad, y asumiendo “el Buen Vivir como alternativa al modelo actual de desarrollo extractivista y de saqueo de nuestros recursos, porque nuestra propuesta propende por la armonía con la naturaleza, el respeto a la vida en su integridad”, por lo que reclamaron su derecho a participar en el proceso de negociación que adelantan las FARC y el Gobierno Nacional, como un mecanismo idóneo “para que se reconozca plenamente sus autoridades tradicionales, el derecho fundamental al auto gobierno y a la autodeterminación”.
Ya saldrán algunos a decir que es lo peor que le ha podido pasar a los indígenas, pues este reconocimiento de derechos solo evidencia la complicidad con este grupo insurgente. En estos temas, todo tipo de perversidades son previsibles.
Lo real, es que con o sin la Habana, el tema de la Consulta Previa, al igual que el tema de la Paz, son las dos principales prioridades de la agenda política. Ya las FARC depusieron las armas en este tema, con su manifestación de respeto por estas comunidades, por sus territorios, su autonomía, su gobierno y justicia propia, y lo mas importante, conminando al gobierno para que cumpla con los postulados del Convenio 169 de la OIT, que no se reduce sólo al tema de la consulta, sino, que debe mirarse como un marco de políticas integrales para estas comunidades.
Ahora le toca al gobierno y a quienes han venido generando un estado de opinión impositivo hacia estas comunidades, deponer las suyas, para que gobierno, etnias y empresarios, puedan llegar a unos acuerdos claros en materia de Consulta Previa, que bien podría decirse que hay un amplio terreno abonado en el texto del propio Convenio y en nuestro ordenamiento jurídico interno.
Podríamos decir con la antropóloga jurídica Esther Sánchez, que en este campo todos tienen muchos errores que reconocer: El gobierno ha manejado con simpleza estos procesos, dejándolos en manos de personas sin experiencia y aplicando metodologías inapropiadas, incluso, la Corte Constitucional, dice Sánchez, “ha acuñado nuevos principios y reglas acerca del territorio que no se corresponden ni con las normas vigente ni con la realidad”; las Empresas “que ignoran olímpicamente la institucionalidad estatal y hacen las consultas previas por su cuenta”; incluso, señala Sánchez, “autoridades étnicas corruptas que buscan beneficios particulares tratando de sacar ventaja de las empresas”.
El tema no es fácil. No se trata sólo de acordar una ley que defina cronogramas, pequeños programas, y recursos. Tampoco puede hablarse de una situación donde no existan reglas de juego claras. No es un tema que se dirima entre la sagacidad del gobierno y la malicia indígena. Este en un tema donde lo que está en juego es el debate sobre el modelo de desarrollo, el establecimiento de un justo medio entre derechos económicos y derechos fundamentales y la creación de un clima de confianza, donde gane el país, sin vulnerarle los derechos a nadie.
