Por: Laylor Vanessa García.
Como se puede establecer, este fallo de tutela encierra una realidad del Putumayo. Por una parte están los pueblos indígenas que están en riesgo de desaparecer, resistiendo y confrontados por el ejercicio de sus derechos, con un gobierno en cabeza de la DCP cómplice de las multinacionales extranjeras como Gran Tierra Energy Colombia.
El 15 de Julio del año 2015 el Tribunal Superior de Pasto, con la sentencia de Primera Instancia Nº 2015-00559, concedió tutelar los Derechos fundamentales a la Consulta Previa, debido proceso y autonomía de la comunidad Inga de los Municipios de Villagarzón y Puerto Caicedo a favor de la Asociación de Cabildos Indígenas Ingas de Villagarzón y Puerto Caicedo del Departamento del Putumayo- ACIMVIP. Los Principios constitucionales que irradiaron está decisión son la Pluriculturalidad, Participación y demás del bloque de constitucionalidad que constituyen el núcleo esencial del Derecho a la Consulta Previa Libre e Informada.
Suspendiendo el tribunal los efectos jurídicos de Resolución 0573 del 3 de abril del 2012 emitida por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior –DCP, que niega lapresencia del pueblo Inga, en el área de impacto del proyecto de explotación petrolera -APE la Cabaña- de la Compañía Internacional Gran Tierra Energy Colombia. Con este fallo se confirma una vez más la vigencia del Estado Social de Derecho colombiano.
Para comprender el contexto de esta decisión judicial, es necesario resaltar el proceso de empoderamiento y fortalecimiento político y administrativo de ACIMVIP- quien está organizada para cohesionar al pueblo Inga y no permitir que desaparezca la cultura indígena. En este camino que recorre esta Asociación de autoridades tradicionales se ha encontrado que el Estado a través de la DCP, favorece los intereses de las multinacionales que explotan el territorio, y vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia.
El reto después de este fallo, consiste en como lo interpreta y asume laDCP y la Multinacional Gran Tierra Energy Colombia, Compañía Internacional de exploración y producción de petróleo y gas, con sede en Calgary, Canadá. Estos dos últimos, empecinados en negar y vulnerar los derechos del pueblo Inga.
Este fallo judicial es el resultado de un trabajo de –ACIMVIP, pero también el inicio de un nuevo proceso de resistencia cultural, ya que las estrategias y dinámicas que viene implementando la DCP, en su papel de coordinador y garante de este Derecho, son la desintegración y fractura de las organizaciones indígenas, la asimilación cultural y la negación del alcance político de la autonomía de los pueblos indígenas. Lo anterior se puede leer, analizando el modo de operar de la dirección de Consulta Previa, que actúa en complicidad con las empresas extractivistas.
Para sustentar lo anterior, basta con analizar los acuerdos de las empresas y los pueblos indígenas en los espacios consultivos que viene coordinando la –DCP. Estos acuerdos consisten en proyectos de ganadería, construcción de escuelas o infraestructura como puentes o mejora de caminos. Aprovechándose así de las necesidades de la comunidad y la ausencia de inversión del Estado. Además que la DCP se niega a consultar los procesos a través las autoridades del pueblo Inga, queriendo fraccionar la identidad cultural y los procesos organizativos como el que ACIMVIP lidera.
Para completar el contexto de la tutela, se debe resaltar también la condiciones geográficas del piedemonte Amazónico, en donde las fuentes hídricas, la diversidad de flora y fauna y su endemismo, son considerados zonas hotspot, o áreas calientes de biodiversidad. Esta es una figura internacional que protege lugares con características ambientales, como las del Piedemonte Amazónico.
Como se puede establecer, este fallo de tutela encierra una realidad del Putumayo. Por una parte están los pueblos indígenas que están en riesgo de desaparecer, resistiendo y confrontados por el ejercicio de sus derechos, con un gobierno en cabeza de la DCP cómplice de las multinacionales extranjeras como Gran Tierra Energy Colombia, que con la explotación del de petróleo está dejando irreparables costos ambientales y culturales a la nación colombiana. Ya que una Colombia sin la cultura indígena y ecosistema Amazónico es una Colombia pobre.
