Al parecer, el gobierno está modificando la manera de relacionarse con los indígenas colombianos. Ese cambio de rumbo pudo percibirse en el proceso de Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo –PND-, donde el gobierno, bien pasada la media noche y a punto de protocolizarse el proceso, simplemente le notificó a las organizaciones indígenas representadas en la Mesa Permanente de Concertación –MPC-, que no concertaba los temas de minería y calentamiento global.
Lo que ha seguido es el endurecimiento de las políticas de gobierno, muy a pesar que en el mismo período se han dado avances significativos, como la promulgación del Decreto 1953 y los avances en la estructuración de instrumentos jurídicos para garantizar el derecho a la salud y a la educación. ¿Entonces, que es lo que no anda bien?
Algunos estudiosos del movimiento indígena consideran que el cambio de estrategia del gobierno durante los últimos meses, está asociado a su interés por debilitar al movimiento y crear nuevas condiciones para la negociación del protocolo de Consulta Previa, tratar temas inherentes a la política de tierras, las políticas de reparación de víctimas, pero sobre todo, para replantear los acuerdos que tienen repercusiones fiscales y que comprometieron una asignación en el PND de 9 billones de pesos, los cuales deben ser ejecutados en el cuatrienio que avanza. Al respecto, el director de etnias del Ministerio del Interior había insinuado en varias de las reuniones que por estos días realizan indígenas y gobierno, que no se puede perder de vista que “todos los presupuestos se están recortando y los recursos de los indígenas no son la excepción”, refiriéndose al déficit fiscal que actualmente tiene el gobierno a causa de los bajos precios del petróleo que afecta la política cambiaria y las consecuencias del fenómeno del niño.
Pero también existe la creencia, según los mismos analistas, que el gobierno ya le “tiene medido el aceite a los líderes indígenas”, y que más allá de los mecanismos de presión, los problemas los arreglan en reuniones bilaterales con cada uno de los líderes, quienes han entrado en la honda de negociar pequeños proyectos para sus comunidades, lo que tiene incluidas pequeñas prebendas. Eso se ha podido evidenciar con el interés del gobierno de negociar directamente con las comunidades, manteniendo el formalismo de los procesos de diálogo y negociación con las organizaciones nacionales.
Los cambios empezaron a percibirse con el inicio del segundo semestre de 2015. A mediados del mes de julio pasado, los indígenas fueron sorprendidos con una saga del programa de Séptimo día denominada “La desarmonización, la flecha del conflicto”, en la cual se trataban temas nodales para los indígenas como justicia y jurisdicción especial indígena, la administración y el manejo de recursos, lo concerniente a tierras y territorio y al final, como colofón, se deja planteado el tema de la Consulta Previa.
Si bien estos programas generaron la reacción inmediata de indígenas, ONGs, y sectores académicos que criticaron la forma en que el periodista Manuel Teodoro colocó este espacio para trivializar el marco de derechos que amparan estas poblaciones, lo real es que al final, los espectadores quedaron con la extraña sensación que los indígenas son “unos buenos para nada” y que no se entiende como el gobierno les hace tantas concesiones. Fue absolutamente evidente que el programa contó con la impronta de algunos senadores del Centro Democrático, con el interés particular de la senadora Paloma Valencia, quien desde hace varios años patentó una confrontación abierta con los indígenas del Cauca.
Una cosa no pasó desapercibida para los líderes indígenas y para los sectores sociales y académicos que le hacían seguimiento al tema: el “ensañamiento” que de alguna manera se hacía contra el dirigente indígena de la ACIN Feliciano Valencia, al que de manera velada se le insinuaban vínculos con la guerrilla. Tanto así, que el líder indígena se vio obligado a “hacer un pronunciamiento público, responsabilizando al periodista Manuel Teodoro y su programa de opinión Séptimo Día, por el enfoque que dicho programa ha dado en sus últimas emisiones al rol de los pueblos indígenas en materia de justicia, relación con grupos insurgentes y territorio”.
Como si se tratara de una puesta en escena muy bien preparada, el día 15 de septiembre fue detenido Feliciano Valencia, acusado de los delitos de secuestro y lesiones personales, por hechos ocurridos en la minga realizada por los indígenas en el año 2008 y en los cuales estos retuvieron el cabo tercero del Ejército Jairo Danilo Chaparral Santiago, a quien sometieron a una sanción de 20 latigazos. La decisión fue tomada por una Asamblea en la que participaron unos cuatro mil indígenas, pero la imputación por este hecho decidido colectivamente por los indígenas en ejercicio de su derecho propio, fue individualizado en Feliciano Valencia por la justicia ordinaria.
Esta situación llevó a que los indígenas del Cauca se declararan en asamblea permanente y que el día 12 de octubre hicieran pública la convocatoria a los ministros del Interior, de Defensa, de Justicia, al Fiscal General de la Nación y al Director del INPEC para el día 23 de noviembre en el resguardo de la María-Piendamó, con el objeto de realizar un debate público sobre las garantías y respeto a la Jurisdicción Especial Indígena, la garantía del derecho a la movilización y la protesta social en el país, en momentos en que el interés del gobierno viene siendo judicializar y criminalizar a los líderes del movimiento indígena. Ni los Ministros, ni el Fiscal ni el Director del INPEC asistieron.
Este “desplante” de los ministros de despacho y otros funcionarios de alto nivel, hicieron que los indígenas aplicaran ese dicho popular patentado por el filósofo inglés Sir Francis Bacon hacia el siglo XVI, “y como la montaña no vino a Mahoma, los indígenas marcharon a la capital” (adaptación propia)..
Pero las organizaciones de la MPC también habían pactado una reunión de alto nivel con los ministros del Interior y de Hacienda y con el Director de Planeación Nacional, para “sostener un diálogo político de alto nivel que permita orientar y definir estrategias hacia la implementación y cumplimiento efectivo de los acuerdos establecidos en el PND 2014 -2018 con los pueblos indígenas”. A esta reunión tampoco asistieron los ministros y la representación de más alto nivel estuvo en cabeza de la Viceministra del Interior, Carmen Inés Vásquez. Pero no era suficiente la disposición y buena voluntad de la viceministra afro. Así las cosas, el intento también había sido fallido.
La nueva fecha para la audiencia en la que se definiría la ruta para la implementación de la Jurisdicción Especial Indígena promovida por los indígenas del CRIC, era el 26 de noviembre en el Centro de Memoria Histórica. Además de los altos funcionarios del gobierno, también se había buscado el acompañamiento de garantes internacionales, entre quienes se encontraba el señor Tottd Howland de la Oficina del Alto Comisionado de las naciones Unidas. Tampoco a esta cita asistieron los ministros, infringiéndoles un nuevo desplante a los indígenas.
En el comunicado de cierre de este episodio, los indígenas señalan que “Este hecho muestra la falta de voluntad política del gobierno nacional para avanzar en las garantías de los derechos territoriales y étnicos de los pueblos indígenas en Colombia. Sentimos irrespetadas a nuestras autoridades ancestrales y al gobierno indígena, consideramos que es una grave afectación a la democracia y un desacato a la constitución nacional que plantea el reconocimiento a una nación pluriétnica y multicultural”.
No obstante, en los escenarios públicos, tanto nacionales como internacionales, el gobierno dice cumplir con los acuerdos pactados con los indígenas. Y si cumplir es coordinar agendas, “trastiar” indígenas a las distintas reuniones, contratar operadores para que satisfagan las demandas de tiquetes, hospedaje y alimentación, entonces se podría decir que el gobierno si cumple, al decir de un indígena que pidió mantener en reserva su nombre. Pero el gobierno “le saca el bulto” a los compromisos reales, a la asignación de los recursos pactados, a preservar el principio de la buena fe con la que suscribimos muchos de los acuerdos, a realizar de manera seria y cumpliendo los mandatos de las Cortes, los procesos de Consulta Previa, a materializar la ejecución real de los planes de salvaguarda, a reparar a las víctimas, a cumplir con el compromiso de legalizar, ampliar y titular los resguardos”, concluye nuestra fuente.
Por eso los indígenas que vinieron del Cauca y de otros departamentos no se amilanan. “Nos regresamos a nuestros territorios con la frente en alto y la dignidad intacta, sabiendo que es la Movilización social la que ha permitido la defensa de nuestros derechos. Seguimos en asamblea permanente realizando acciones hasta tanto el gobierno nacional no se presente en nuestros territorios y frente a miles de indígenas dé respuesta a nuestras propuestas y exigencias”.
Y así, con tristeza, pero con dignidad, se fueron subiendo de nuevo a las chivas que los llevaran de regreso a sus territorios. Se fueron con el gran interrogante de un gobierno que habla de PAZ y de terminar el conflicto armado, pero no hace nada por aminorar y detener los conflictos en los territorios. Se fueron con la incertidumbre de un gobierno que sigue teniendo como prioridad en su agenda “ legislar para sostener una economía extractivista” y parquedad para combatir y desmontar el paramilitarismo.
Al final, le dejaron un mensaje al gobierno, responsabilizándolo de las consecuencias y acciones que se emprendan a partir de este momento, recordándole, que el cumplimiento de los acuerdos pactados es un paso indispensable para la construcción de una paz estable y duradera.
