El surgimiento del narcotráfico como empresa delictiva y de la producción de los cultivos ilícitos como actividad económica en el sector primario está relacionado con tres dinámicas específicas: la complacencia social e institucional para la inserción de los empresarios ilegales en el sistema social, económico y político establecido; la persistencia de un modelo de desarrollo excluyente e inequitativo que empuja a grupos amplios de la población a la actividad económica ilegal; la actitud pragmática de los grupos armados anti y contra estatales para permitir que la infraestructura de procesamiento de estupefacientes funcione en los territorios bajo su control.
Todas ellas producto de un proceso histórico y cíclico de surgimiento y desaparición de bonanzas que en este siglo corresponde al narcotráfico de coca y amapola principalmente, y que en los dos anteriores, correspondió a la explotación ilegal de Quina, luego a la Caucho, posteriormente a la de Marihuana.
Primera tesis
El fenómeno de los cultivos de coca, amapola, y marihuana, catalogados como ilícitos por las dinámicas nocivas que genera su tráfico y utilización en componentes nocivos para la salud, la economía, la política y la afectación del medio ambiente, se ha utilizado como premisa fundamental del conflicto interno de Colombia, al que se debe enfrentar con acciones de guerra, para lograr un control instrumental sobre el circuito interno de producción y comercialización y sobre los procesos sociales, ecológicos y económicos, en el contexto de una política internacional de responsabilidad mutua y erradicación del enemigo mundial.
Segunda tesis
El Incremento y/o decremento de cultivos ilícitos y de la producción de sustancias estupefacientes, es una expresión propia de la incapacidad del Estado en la generación de políticas sociales políticas y económicas que satisfagan las necesidades de sus habitantes y que por el contrario favorece la presencia y acción incontrolada de grupos económicos nacionales y extranjeros que logran las mayores ganancias a costa del desarrollo de los Colombianos.
Tercera tesis
Ante la incapacidad interna para enfrentar de manera estructural el problema, el gobierno nacional, negocia estrategias bi y multinacionales que imponen soluciones que privilegian la acción militar y vulneran los derechos de los nacionales colombianos. Así, la práctica a ensayo y error de estas políticas desconocedoras de las dinámicas nacional arrojan resultados contradictorios y muchas veces falsos que solo justifican su ya exigua existencia y la necesidad de un gasto público fantasma en el que participa de manera importante la inversión extranjera, que a su vez sirve para justificar la intervención política, militar y extranjera.
Cuarta tesis
Los compromisos económicos y políticos que el gobierno nacional ha suscrito con multinacionales y Estados, significan que los diferentes modelos de crisis
Deben sostenerse por 5 años mas . Por ello uno de sus mas importantes mecanismos es la flexibilización o adecuación normativa, de todas las garantías de los derechos de las personas, en especial las que demanden inversión de recursos o que amparen mecanismos de los cuales se pueda extraer recursos. La gestión del Estado, se limita entonces a propiciar una irracional iniciativa privada (en su mayor parte extranjera) que para el caso de los cultivos ilícitos se concreta en la imposición de cultivos sustitutos foráneos como la palma africana, el cultivo de bosques con especies no nativas que solo beneficiaran a quienes estén en capacidad de comércialos.
Propuestas
Ante este marco de realidades, políticas, técnicas y normativas, es necesario entonces plantear alternativas para lograr un espacio de concertación entre el deber de resolver el problema de los cultivos ilícitos y la debida protección de los recursos naturales que forman parte del patrimonio de la nación y del núcleo esencial de los derechos fundamentales de las personas.
Para ello consideramos pertinente trasladar a la H. Comisión Quinta del Senado de la Republica, al Estado y las entidades no gubernamentales nacional e internacionales, las propuestas que desde diferentes instancias se han formulado.
Una política nacional sobre drogas ilícitas y narcotráfico.
Reformulación integral de la política nacional sobre drogas tipificadas como ilícitas, con base en la aplicación cierta de los principios de soberanía, corresponsabilidad, multilateralidad, transparencia, sentido social, respeto a los derechos humanos y protección del medio ambiente. A partir de estos criterios, Colombia redefinirá sus relaciones multi y bilaterales con los países centro de la demanda y con el conjunto de naciones que comparten una problemática similar de producción y tráfico de estupefacientes.
Nuevo diseño institucional que ponga fin a la fragmentación de los centros de decisión en materia antinarcóticos, a la superposición de estrategias contradictorias y a la descoordinación y duplicación de esfuerzos en el trabajo interinstitucional. Las propuestas van desde una nueva concepción, composición y funciones del Consejo Nacional de Estupefacientes como la instancia rectora de la política, hasta la creación de un instituto descentralizado con capacidad real para coordinar y evaluar los diferentes planes y programas que se implementen en el sector.
Tratamiento diferenciado de los elementos socioeconómicos, culturales y de salud pública inmersos en el circuito de las drogas y considerados como criminales, para recomponer la mentalidad criminalizadora de la Ley 30 de 1986.
Quiere esto decir aplicar una lógica represiva contra el negocio empresarial del narcotráfico, y una lógica de promoción personal, comunitaria y regional en los polos sociales de la cadena: el cultivo de la materia prima y el consumo de estupefacientes.
Reconocimiento de legalidad al cultivo de la hoja de coca por parte de las comunidades indígenas para su uso medicinal, religioso y comunitario - cultural.
Eliminación de las condiciones políticas, institucionales, socioeconómicas y éticas que favorecen el surgimiento de las organizaciones criminales del narcotráfico y la implantación de actividades económicas ligadas a la producción y tráfico de estupefacientes.
Separación conceptual y práctica entre el conflicto armado interno y la estrategia antinarcóticos como dos fenómenos que aunque interrelacionados responden a actores, motivaciones y causalidades históricas distintas. Bajo esta óptica, el escenario de guerra antinarcóticos con guerra contrainsurgente previsto en el "Plan Colombia", lejos de acabar con los grupos insurgentes y el narcotráfico, repercutirá negativamente sobre la viabilidad del proceso de paz, la estabilidad democrática del país y la vigencia de los derechos humanos en las regiones objeto de la ofensiva militar.
Agenda específica sobre desarrollo regional, desarrollo rural alternativo y sustitución de cultivos ilícitos
Definición del Desarrollo Regional y el Desarrollo Rural Alternativo como los ejes de articulación de la política sobre sustitución de cultivos ilícitos, por encima de las consideraciones represivas que buscan contraer la oferta de drogas a partir de la destrucción física de las hectáreas cultivadas, el empobrecimiento de los productores primarios y la dispersión de sus comunidades.
Reforma Agraria Integral que distribuya la tierra improductiva, subutilizada y/o adquirida por medios ilícitos entre campesinos, indígenas y colonos, bajo los criterios de fortalecimiento de la economía campesina, sustentabilidad económica, sostenibilidad ambiental e inserción competitiva en el mercado. Para disminuir la presión sobre las puntas de colonización, el reparto agrario tendrá como epicentro el interior de la frontera agrícola y se complementará con el saneamiento de títulos, la devolución expedita de las propiedades adquiridas por medios coercitivos directos o indirectos, la extinción de dominio a bienes del narcotráfico y la expedición de normas fiscales y penales que desestimulen la concentración indebida e improductiva del suelo.
Reordenamiento territorial para la construcción de una relación más armónica entre el espacio físico, la sociedad y los ecosistemas, que delimite las áreas ocupadas y protegidas, fortalezca la economía campesina en las regiones de colonización consolidada y sustraiga los territorios de colonización cocalera sin perspectivas para su reconversión productiva sostenible. Los programas de relocalización de población que de allí se deriven tendrán un carácter voluntario y gradual, previa oferta de garantías para una vida digna y segura en los sitios de llegada.
Promoción de pactos ambientales multi sectoriales entre el Estado, las comunidades locales, los grupos económicos, los actores armados y la comunidad internacional para la protección, restauración y adecuada explotación de los ecosistemas intervenidos por los cultivos ilícitos. La conservación de cuencas hidrográficas y bosques alto andinos y de selva húmeda tropical permitirá la aplicación efectiva del principio de corresponsabilidad por parte de los países industrializados, principales responsables de la destrucción de la capa de Ozono y el cambio climático mundial.
Distinción entre cultivos empresariales y cultivos campesinos y aplicación de estrategias diferenciadas para cada uno de los casos: erradicación sin compensación para las grandes extensiones, y sustitución gradual y concertada para las siembras medianas y pequeñas. Los parámetros regionales y subregionales de clasificación tendrán en cuenta los patrones históricos de distribución de la propiedad rural, las actividades económicas predominantes, y los niveles promedio de ingreso, productividad y calidad del suelo, entre otros.
Suspensión indefinida de la erradicación agroquímica o biológica que por su carácter invasivo, forzoso e indiscriminado afecte la estabilidad de las comunidades, la biodiversidad, las fuentes de agua, la economía lícita y la salud de la población. Nos referimos específicamente a tres temas: a) la fumigación aérea con el herbicida glifosato; b) la aplicación experimental a campo abierto de granulados más potentes como el imazapir y el thebuthiuron, y c) los acuerdos bi y multilaterales en marcha para establecer en Colombia proyectos pilotos de control biológico con el hongo Fusarium oxysporum.
Estructurar un marco macroeconómico favorable a la economía agraria, la producción campesina y los programas de sustitución de cultivos. Ello implica revisar el modelo de apertura comercial indiscriminada; proteger la producción agrícola nacional con créditos blandos, subsidios directos, asistencia técnica e infraestructura física, y obtener mediante el mecanismo de las preferencias arancelarias, precios competitivos para los productos de sustitución en el mercado internacional.
Con el criterio de “cadenas productivas” incentivar formas asociativas campesinas que permitan al pequeño y mediano productor participar del valor agregado en las fases de post-cosecha, procesamiento y comercialización de los productos primarios. Los proyectos productivos que se planteen deben respetar las expectativas de las comunidades campesinas sobre calidad de vida, nivel de ingresos y seguridad alimentaria, eliminando imposiciones mono productivistas hipotéticamente rentables en el mercado mundial pero de alto riego para la estabilidad de la economía campesina.
Políticas de desarrollo social, empleo y capacitación de carácter preventivo que contengan tanto la expansión de los cultivos ilícitos hacia otras regiones, como la expulsión neta de población hacia los principales centros de producción de hoja de coca o amapola. Los programas que se diseñen tendrán como prioridad los grupos de la población rural o urbana que se vinculan a las faenas de cultivo y cosecha como jornaleros agrícolas itinerantes.
Creación de una Auditoría Ambiental que garantice el ejercicio imparcial de las funciones para la cual fue creada, eliminando los vínculos económicos y políticos ostensibles con los entes nacionales e internacionales comprometidos con la política de erradicación agroquímica.
Mecanismos ágiles y eficaces para la tramitación de demandas de reparación económica por daños causados a la población civil y/o la naturaleza por las operaciones antinarcóticos aéreas o terrestres. Formación de Veedurías Ciudadanas Regionales para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia.
