A pesar de que el Comité mencionó primero algunos aspectos positivos como la existencia de legislación interna que consagra el principio de no discriminación y reconoce los derechos de los grupos étnicos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto (párr. 13), expresó varios motivos de preocupación y formuló recomendaciones en relación con los siguientes temas:
La persistencia de graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra los afrocolombianos y los pueblos indígenas, como asesinatos, ejecuciones extrajudiciales o reclutamientos y desapariciones forzadas. Resaltó al respecto que “si bien los grupos armados ilegales tienen una importante responsabilidad en esas violaciones, se sigue denunciando la participación o la colusión directa de agentes del Estado en esos actos y que algunos miembros de las fuerzas armadas han estigmatizado públicamente a las comunidades afrocolombianas e indígenas”1 (párr. 14).
La ausencia de autoridades civiles en zonas altamente militarizadas y la ineficacia del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) para prevenir violaciones por parte de los diferentes grupos armados en contra de las poblaciones afrocolombianas e indígenas en situación de riesgo (párr. 15).
El creciente desplazamiento forzado de afrocolombianos e indígenas y el incumplimiento de las sentencias y autos de la Corte Constitucional en esta materia (párr. 16).
Los importantes obstáculos, incluso por medio de la violencia en contra de líderes, al ejercicio del derecho al territorio (párr. 19).
La violación frecuente del derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades afectadas por megaproyectos (párr. 20).
La ausencia de acciones afirmativas y medidas de política pública dirigidas a mejorar la situación estructural de marginación y discriminación de facto de la población afrocolombiana y los pueblos indígenas que no gozan en condiciones de igualdad de sus derechos, en particular sus derechos a la vivienda, educación, acceso a servicios públicos, y salud. Entre las preocupaciones más importantes se encuentra la falta de implementación y la ausencia de monitoreo de la ejecución de políticas públicas dirigidas a mejorar la situación de marginalidad en que se encuentran estos grupos (párr. 24).
La ausencia de información detallada y diferenciada, que es obstáculo para la creación e implementación de acciones afirmativas y políticas públicas (párr. 24).
La ausencia de legislación penal anti-discriminación (párr. 14).
La persistente discriminación en el sistema de la administración de justicia (párr. 21) y en el acceso a establecimientos públicos y privados (párr. 26).
El riesgo de extinción que afecta a varios pueblos indígenas (párr. 25).
La ausencia de medidas efectivas que garanticen el derecho a la reparación, incluso la restitución de las tierras (párr. 17).
Estas nuevas conclusiones del Comité muestran el incumplimiento flagrante del Estado colombiano con sus obligaciones internacionales. Por lo tanto, invitamos a la población colombiana y a la comunidad internacional a urgir al Estado colombiano a que implemente las nuevas recomendaciones que, de ser cumplidas, contribuirían a mejorar sustancialmente la situación de discriminación racial que sufren a diario y en carne propia los pueblos indígenas y la población afrocolombiana.
Las observaciones y recomendaciones del Comité se encuentran disponibles en la página web: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds75.htm.
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
Observatorio de Discriminación Racial (ODR)
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
