Acosados por la sangrienta guerra que está asolando a nuestro país, los indígenas de Colombia hacemos un llamado urgente “sálvennos, o nos extinguimos”. De un lado los ejércitos de las Autodefensas de Colombia, del otro las guerrillas y el ejercito nacional, están liquidando lo que resta de nuestras etnias después de 500 años de historia.
Luego del debate adelantado está semana en el Congreso de la República. Es una realidad que existe muy poca atención en las políticas públicas del gobierno frente al grave problema que hoy están viviendo nuestros pueblos indígenas. Pese a las respuestas del Señor Ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, sobre los avances obtenidos en materia de salud y educación muy por debajo de los índices aceptables y débil en seguridad, según se desprende de las estadísticas de asesinatos, violaciones de derechos humanos y el desplazamiento existente, dejan muy mal parada la administración de justicia en el país frente a los derechos de las etnias colombianas.
La falta de tiempo para evacuar otros debates en la maratónica carrera que inició el Congreso este fin de legislatura, no nos permitió llegar a un debate de fondo frente a las políticas públicas del gobierno en materia indígena, al no haber podido debatir la posición del ministro durante su intervención. Se le ha quedado debiendo a nuestros pueblos un análisis de fondo a sus problemas. Esperaron pacientemente durante un año y no pudieron escuchar los compromisos del gobierno con la realidad de nuestras comunidades indígenas.
Estas políticas sólo podrán ser una realidad cuando el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, comprenda que el llamado que hacen los pueblos indígenas para que se tomen las medidas cautelares y se les de cumplimiento, es un llamado de angustia ante un oscuro horizonte que mantiene preocupados a la sociedad nacional e internacional frente al deterioro de los derechos humanos y aniquilamiento de algunos pueblos como los Kuankamos de los cuales hoy quedan muy pocos.
El gobierno debe dejar de lado la creencia de que estas medidas de protección de los pueblos indígenas son obstáculos para sus políticas de desarrollo y permitir que las comunidades mantengan sus creencias y pensamientos sin agredir su cultura. Esta posición al igual que la de disminuirle su derecho a ser consultados en sus resguardos para la ejecución de proyectos de interés económico y político son muestras de que no existe seriedad en el trazado de las políticas estatales cuando se interponen las leyes al interior de los territorios indígenas.
A escasos kilómetros de ciudades como Santamarta y Valledupar los indígenas Koguis, y kankuamos, entre otras etnias, arrinconados por la guerra se han visto obligados a abandonar sus áreas ancestrales y sus medios de sobrevivencia para poder salvar sus vidas de las continuas masacres. De la etnia kuankuama fueron asesinados 49 de sus miembros en el año 2003.
La Constitución de 1991 fue entendida como un punto positivo y un pacto de paz entre los colombianos. Fue donde los indígenas recibieron su ciudadanía y decidieron hacer parte del Estado, Sin embargo los derechos adquiridos vienen siendo avasallados. Durante los últimos 8 años han sido asesinados miembros de los Uw’a, Barí, Emberas, Emberas Chamí, Emberas Katio, Guambianos, Arhuacos, Kakkuamos. Kofanes, Koguis, Korebajo, kuiba, Nasa, Pastos, Pijaos, Puinaves, Sikuani entre otros, que representan una tasa de 146.2 por cada 100.000 indígenas, es decir que el 0.1462% de la población indígena total ha sido asesinada.
Escapar de las balas, no obstante, para los indígenas no está significando escapar de la muerte. El hambre ha tomando cuenta de algunos, y los más débiles, los ancianos y los niños son los que más sufren, cuando los grupos alzados en armas bloquean los caminos y el paso de alimentos desde las ciudades hacia los resguardos.
De ahí que aun cuando el gobierno se esfuerza por negarlo, la connivencia con la criminalidad es evidente, no hay justificación alguna para la “inacción en repetidas ocasiones ” que las fuerzas armadas colombianas han mostrado hasta ahora, cada vez que la guerrilla o los paramilitares masacran una comunidad. Además de lamentar los “horrores”, como lo han hecho algunas veces los gobiernos, no parece haber otra respuesta. Tan sólo en los últimos cinco años han caído victimas de la violencia 541 indígenas.
Tantas medidas cautelares sin resolver y sin que su trámite haya dado los resultados esperados, nos hacen reafirmarle al Estado la obligatoriedad que tiene para cumplir con los compromisos adquiridos con las comunidades indígenas, y la urgencia de tomar decisiones, que permitan a las minorías étnicas recobrar sus espacios y vivir con la seguridad de que su autonomía es respetada.
Las políticas del gobierno deben ser suficientes para garantizar que la población indígena no se vea en la necesidad de recurrir a instancias internacionales para la protección de sus derechos, pues ello demuestra una terrible debilidad del estado en sus políticas, jurídicas, militares, económicas y sociales, que en el contexto internacional dejan al país como una nación que no protege a sus habitantes.
La política de estado como le venimos proponiendo desde los territorios indígenas debe venir del presidente Álvaro Uribe Vélez, y llegar con la inversión y la asistencia social debida. Se necesita mayor cobertura en salud, al igual que en educación donde no existe hoy un presupuesto acorde para adaptar la enseñanza a la cultura como lo manda la Constitución.
Las AUC y las FARC realmente dejaron de ser un “escuadrón de la muerte” para convertirse en un poderoso ejercito de aniquilamiento selectivo de gente indefensa, que nos acusan de simpatizar con la guerrilla y otros con los paramilitares cayendo despiadadamente sobre pueblos y comunidades desarmadas, asesinándolos cobardemente como viene sucediendo desde hace unos años, en humildes pueblecitos de la Sierra Nevada, Cauca, Antioquia y el Putumayo entre otros.
Una de las más perversas consecuencias de no hacer cumplir las políticas es precisamente el desencadenar una carrera armamentista en las regiones, provocada por el desbalance de las armas y los territorios en disputa.
Nuestros pueblos han tenido el coraje de rechazar la presión de la guerrilla y los paramilitares y no hemos participado en el conflicto. Es de nuestro querer mantenernos neutrales y no participar de las acciones militares; asombrosamente, hemos podido dar una vez más muestra de nuestra sabiduría, Esta es nuestra manera común de responderle a la agresión.
Vamos a seguir exigiendo respuestas al gobierno sobre nuestros pedidos por la demarcación e inviolabilidad de nuestros territorios, una educación diferenciada, y reconocimiento de nuestra cultura y nuestros cultivos indígenas, que nos permitan nuestra auto sustentación. Y esto ministro, es nuestra posición frente a las políticas públicas hasta el momento esgrimidas por el gobierno, las cuales deben ser fortalecidas ante los gobiernos y las organizaciones internacionales de Derechos Humanos, que hasta ahora no salen de su asombro frente al genocidio de lo que resta de los primeros habitantes de Colombia.
