Los Cabildos Mayores Embera Katío de Río Sinú y Verde, denunciamos las acusaciones, intimidaciones, amenazas, abusos y presiones de las que han sido objeto miembros de nuestras comunidades por parte del ejercito nacional colombiano en clara violación de los derechos humanos, los principios del derecho internacional Humanitario, los acuerdos internacionales suscrito por el estado colombiano como el convenio 169 de la OIT, y los acuerdo nacionales suscritos entre el pueblo Embera Katío y el estado colombiano, específicamente los acuerdos del 19 de abril de 2000.
Los hechos que ilustran estas violaciones son los siguientes:
Queda demostrado entonces que en cumplimiento de las ordenes del gobierno y la política de seguridad democrática, el ejercito manifiesta su disposición a maltratar a miembros de la población civil en “caso de ser necesario” para obtener información o colaboración. Las expresiones y acciones del ejercito en cabeza de un sargento y un capitán demuestra que estas violaciones no pueden ser interpretadas como actitudes individuales de soldados de la tropa. La acusación directa realizada por el capitán OSPINA, además de constituirse en una clara violación de los derechos fundamentales, del derecho internacional humanitario y de los acuerdos del 19 de abril de 2000, pone en grave riesgo a nuestros gobernadores, líderes y las comunidades en general. La falacia con la que un soldado quiso pasarse como amigo de nuestro hermano indígena, valiéndose del escaso conocimiento que éste tiene sobre el castellano para confundirlo y probablemente lograr una autoacusación infundada, no solo demuestra la perversidad del método sino que contiene una acusación velada que pone en riesgo su seguridad e integridad.
De igual manera, la amenaza que el mismo capitán OSPINA hace sobre que detrás “de nosotros vienen otras tropas que no perdonan ni les importa nada de eso, ustedes saben quienes son” y las afirmaciones del soldado sobre su trabajo anterior con los paramilitares en Barranquilla, además de ser un claro mecanismo de terror para atemorizar y coaccionar a nuestro pueblo, deja ver la disposición omisiva o permisiva de este capitán hacia el paramilitarismo, lo que nos hace temer desde ahora que se pueda propiciar y desatar próximamente una incursión paramilitar en nuestro territorio.
Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre estos preocupantes hechos y desde ya manifestamos nuestro temor de que se sigan presentando y profundizando y que la violación a nuestros derechos fundamentales y al derecho internacional humanitario se agraven de ser aprobado el estatuto antiterrorista propuesto por el gobierno.
Reiteramos una vez más a todos los actores armados nuestra indeclinable posición adoptada en la Declaración de Sambudó en 1999 de mantenernos al margen del conflicto armado y rechazamos toda coerción que viole nuestra autonomía y el derecho a nuestra autodeterminación. Al gobierno nacional reiteramos lo que de manera insistente hemos dado a conocer y que públicamente manifestamos a su exministra de defensa Marta Lucía Ramírez el pasado 9 de octubre en su Consejo de Seguridad, en cuanto que no queremos militarización de nuestro territorio, creación de batallones de alta montaña en el mismo, ni soldados indígenas o campesinos o el reclutamiento de miembros de nuestro pueblo.
Convocamos de manera urgente y prioritaria a que la Comisión Mixta se manifieste sobre estos hechos, a que gestione una pronta y adecuada respuesta por el gobierno nacional para que cesen estas hostilidades, presiones y vejámenes del ejercito colombiano sobre nuestro pueblo, a que se inicien las investigaciones pertinentes, se establezca responsabilidades en la comisión de estos hechos y para que de manera urgente y prioritaria haga presencia en nuestro territorio.
Hacemos un nuevo llamado a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, organizaciones sociales, organizaciones para la protección de los Derechos Humanos, organizaciones indígenas, movimientos ambientalistas e indigenistas y a todos los amigos del pueblo Êbêra Katío y en general a los defensores de la vida para que se pronuncien en contra de estos abusos cometidos por el ejercito de Colombia, presionen al gobierno nacional que en medio de su política de seguridad democrática termina privilegiando las acciones violentas y de fuerza en detrimento de los derechos fundamentales, la integridad física y moral de las personas y los pueblos, para que ordene cesar las incursiones y acosos militares del ejercito en nuestro territorio y que de no cesar estos, responsabilizamos públicamente al presidente Alvaro Uribe Vélez como comandante supremo de la fuerzas militares del país por la suerte futura de nuestro pueblo en materia de Derechos Humanos.
Tierralta, noviembre 12 de 2003
CABILDOS MAYORES EMBERA KATIO DE RIO VERDE Y RIO SINU