Los pueblos indígenas de Colombia siempre le hemos apostado a los procesos de negociación sobre los principios de transparencia y la participación de todos los pueblos que viven la guerra, y no solo de los que la hacen, orientados a la construcción de paz con justicia social.
Condenamos la permanente violación a los derechos humanos, a través de los desplazamientos forzados, los secuestros, desapariciones, masacres, intimidaciones, detenciones arbitrarias y los desplazamientos internos a los que han y siguen siendo sometidos nuestros pueblos y comunidades. Por estos hechos llamamos al Estado en cabeza del señor Álvaro Uribe Vélez y a los grupos alzados en armas a la realización de acuerdos humanitarios, buscando salidas concertadas que establezcan mecanismos políticos y garantías jurídicas para las víctimas, protegiendo la dignidad humana.
Sin embargo frente a las conversaciones actuales con los paramilitares de las AUC, consideramos que este proceso no es legítimo en la medida que ha sido el mismo Estado el responsable de la creación y surgimiento de las AUC que atentan y violan los derechos fundamentales de la sociedad colombiana y entre ellos los de los pueblos indígenas.
Por otro lado consideramos que este proceso busca la legalización de las acciones criminales de los grupos paramilitares contra pueblos y comunidades, de sus bienes económicos producto del narcotráfico y de la ocupación de las tierras de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas que han sido desplazadas. Esta intencionalidad es contraria a la cesación de la guerra, las hostilidades y el respeto a la vida y derechos humanos de los Colombianos.
Por lo tanto, el acercamiento y negociación entre gobierno y AUC no debe tener otro objetivo que el de someter a la justicia estos grupos paramilitares por los delitos de lesa humanidad que han cometido contra la vida y los derechos de los pueblos y debe servir para que la sociedad colombiana conozca la verdad de los intereses políticos, económicos, sociales, la identidad de los responsables que promovieron el surgimiento, crecimiento y sostenimiento del paramilitarismo en nuestro territorio.
Como un principio de búsqueda de diálogo y salidas negociadas al conflicto, los pueblos indígenas recurrimos al principio de Verdad, para que las AUC y los estamentos del Estado nos esclarezcan el paradero de nuestro hermano Kimy Pernía Domicó, el castigo a los actores intelectuales y materiales por la masacre ocurrida en la región del Naya en el 2001, los crímenes contra los pueblos Wayuú y Kankuamos en el Norte de Colombia y de tantos crímenes, que deben ser reparados, social, moral, económica y políticamente por el Estado Colombiano.
Exigimos al gobierno de Álvaro Uribe y a los grupos alzados en armas que apliquen las recomendaciones de los estamentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, en el marco de los convenios y compromisos internacionales que buscan el respeto a la vida, la justicia y reparación, por los crímenes cometidos en el desarrollo de la guerra.
Bajo las consideraciones anteriores los pueblos indígenas de Colombia decidimos que no es pertinente acudir a la actual mesa de negociación que el gobierno viene adelantando con las AUC, por el contrario si estamos dispuestos a mantener una interlocución permanente con el gobierno en la búsqueda de la verdad y la justicia.
