Luego de realizada la sesión número 22 del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas (GTPI), en la Oficina de la ONU, Ginebra – Suiza, del 19 al 23 de Julio pasado, donde el tema central fue: “Los pueblos indígenas y la resolución de conflictos”, cuatro organizaciones indígenas del sur occidente colombiano, la Sierra Nevada y la Guajira, sentaron su posición frente a este debate, y aseguran que la Resistencia pacífica será su arma como respuesta al conflicto armado nacional.
El pronunciamiento conjunto –dirigido al presidente del GTPI-, lo hicieron el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Confederación Indígena Tayrona (CIT), la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP) y Akuaipa Waimakat (Wayuu).
“Los pueblos indígenas de Colombia, contribuimos a la paz en el mundo con nuestra resistencia al conflicto armado interno y a la guerra que padece el país desde la conquista y la colonización de nuestros territorios ancestrales. Contribuimos también a la paz con nuestra cultura, con la aplicación de nuestras directrices tradicionales, con el desarrollo de nuestra capacidad cultural, que permite una interculturalidad entre pueblos de sistemas de vida distinta. Todos estos son elementos fundantes que sostienen la base política para el reconocimiento de nuestros valores y derechos como pueblos indígenas, dentro del sistema político y administrativo de Colombia. Por medio de estos sistemas, nosotros resolvemos nuestros propios conflictos internos”.
Los dirigentes indígenas aseguran que frente a problemáticas externas como: la imposición de modelos económicos que se reflejan en proyectos de desarrollo como represas, hidroeléctricas o industrias extractivas; la privatización de la salud, educación las negociaciones sobre la biodiversidad y los conocimientos tradicionales y el acceso a los recursos genéticos; las reformas legislativas para la aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC), el Plan Colombia y su estrategia de Fumigaciones sobre cultivos de uso ilícito; las comunidades nativas se han visto sometidas y sin ninguna posibilidad de que el Gobierno escuche sus reclamos y rechazo total.
“Lo anterior conlleva a la internacionalización del conflicto interno, con la complacencia del gobierno nacional, que diagnostica el problema de nuestro país como terrorismo y narcotráfico, y para la solución de esta problemática, viene implementando la "política de seguridad democrática" a través de: la reforma constitucional, el estatuto antiterrorista y la ley de alternatividad penal”.
Los indígenas denunciaron que las estrategias de la guerra interna, como lo son: desplazamientos, crímenes, detenciones arbitrarias, desapariciones, reclutamiento forzado, confinamientos y confrontaciones armadas entre los actores armados y con las fuerza publica (Ejercito y Policía), en los territorios aborígenes, han generado como consecuencias el Etnocidio y la desterritorialización.
“Hay que tener en cuenta que en Colombia vivimos más de un millón doscientos mil indígenas pertenecientes a 92 pueblos, y habitamos el 25% del territorio nacional. Convivimos con el 62.5% de la biodiversidad y recursos naturales del total de nuestro país. Esto hace que nuestros territorios tenga una importancia geopolítica y geoestratégica clave para los intereses nacionales e internacionales. Por esta razón, en estos momentos los actores armados legales e ilegales se encuentran en una sangrienta disputa de nuestros territorios. A esta grave situación se suma el no reconocimiento legal efectivo de nuestros territorios ancestrales por parte del Estado”.
Ante este panorama de sangre y muerte, las organizaciones indígenas hicieron las siguientes recomendaciones:
- Sugerimos que el informe del Grupo de Trabajo, al tratar el tema de la resolución de conflictos, señale que el Estado Colombiano debe mantener el respeto a los derechos indígenas consagrados en el derecho internacional y en la legislación nacional, incluida la Constitución Política, en los procesos de resolución de conflicto que adelanta con los actores armados ilegales y en la implementación que realiza a través de las fuerzas públicas en nuestros territorios.
- Pedimos la solidaridad internacional con los pueblos indígenas que estén sometidos a la violación de sus derechos.
- Solicitamos que se busque el establecimiento de mecanismos de vigilancia de la aplicación de los tratados internacionales por parte de los gobiernos.
- Exigimos que el gobierno colombiano aplique por fin la verdad, la justicia, y la reparación, y que esta verdad no sea solamente para los actores materiales sino para los actores intelectuales de los crímenes contra los pueblos indígenas.
- Pedimos que el gobierno colombiano impulse escuelas de Derecho Propio, trabajando con los Pueblos Indígenas.
- Insistimos en la importancia de la prevención en las cuestiones de conflicto y en el desarrollo de planes de contingencia para esa prevención.
