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CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

ÁLVARO URIBE VÉLEZ, A QUIEN  LE EXIGIMOS PROTECCIÓN PARA EL PUEBLO WAYUU Y CASTIGO A SUS VICTIMARIOS:

LOS PARAMILITARES,  MIENTRAS CONVERSAN CON EL GOBIERNO,

MATAN Y EXPULSAN A LOS WAYUU DE SUS TERRITORIOS

Dr. Alvaro Uribe Vélez

Presidente de la República de Colombia

Palacio de Nariño

Carrera 8 No.7-26

Bogotá D.C., COLOMBIA

Fax: 00 57 1 286 74 34/286, 68 42/284 21 86

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ;

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Señor Presidente:

EL gobierno de la “seguridad democrática”, viene eludiendo el papel que pregona de proteger a los ciudadanos colombianos, o cuando menos, investigar la violencia de que son objeto, especialmente cuando se trata de indígenas o cuando los victimarios son miembros de las huestes del proclamado proceso de paz con los paramilitares:

El 18 de abril pasado, mientras el Comisionado de Paz se reunía con los jefes paramilitares, grupos de mercenarios afincados desde hace más de un año en la Bahía de Portete, ubicada en la península de la Guajira dentro del resguardo Wayúu de la Media y Alta Guajira, dieron muerte atroz a plena luz del día a doce niños, ancianos y mujeres indígenas habitantes ancestrales del territorio aledaño a la Bahía, después de meses de acciones de asedio y amedrentamiento a las familias Wayúu, y de asesinar a otros Wayúu del entorno de Maicao. Estos mercenarios “custodian” los embarques de droga y de contrabando tradicional de licores y cigarrillos, y acumulan recursos para su ejército paramilitar con el control del contrabando de gasolina, sin tomarse siquiera el trabajo de ocultar sus acciones, ampliamente conocidas por las entidades regionales, funcionarios de la DIAN, miembros del ejército, de la policía, y de las autoridades municipales y departamentales.

Las autoridades “se hacen los de la vista gorda”  y no actúan contra ellos: A un mes de la masacre, aún no hay una movilización institucional en torno al hecho, ni mucho menos apoyo a los más de 500 Wayúu forzados a abandonar sus tierras para refugiarse en Uribia, y Maicao en Colombia y en Maracaibo y otras poblaciones de Venezuela, por fuera de su territorio ancestral.

Entre las personas asesinadas están Nicolás Barros Ballesteros, Arturo Epiayú, Alberto Everts Fince, Rolan Everts Fince, Rosa Fince Uriana, Diana Fince Uriana (desaparecida sin saber el lugar donde tiraron su cuerpo), Reina Fince Pushaina (desaparecida sin saber el lugar donde tiraron su cuerpo, menor de edad 13 años), Margoth Epinayú, Rubén Epinayú (menor de edad 16 años), junto con una joven del clan Epinayú, a quien sacaron de su casa y aún no ha sido encontrado su cuerpo, además de muchas personas más que están enterradas en las diferentes zonas de Portete y 30 desaparecidos a la fecha, según informes de los sobrevivientes y desplazados, situación esta denunciada con valor por la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC- y por otros medios, como Actualidad Étnica y el Periódico EL Tiempo, con denuncias bastantes precisas en sus informaciones.

Violencia y atrocidad; miedo y destierro; silencio y complicidad se conjugan en la Alta Guajira sin que las autoridades hagan ni digan nada, apenas días después que Usted le presentaba al país y a la cooperación internacional  -a menos de 10 kilómetros de Portete, en el Cabo de la Vela-, el inicio de un proyecto “etnoturístico” gubernamental que quiere ahora aprovecharse de la tradicional hospitalidad Wayúu. Usted quiere presentarse como redentor de unas comunidades remotas y necesitadas, pretendiendo ignorar que hoy sus gentes son expulsadas de su territorio por unas “autodefensas” llegadas a la Guajira desde el interior del país para  defender el narcotráfico. Los paramilitares han hecho un infierno de una región excluida históricamente del accionar del conflicto armado interno.

Nos sorprende Señor Presidente que  todo esto esté sucediendo en territorios en los cuales se desarrollan grandes megaproyectos, tales como las recientes concesiones marítimas petroleras y de gas (Bloque Tairona), en las mismas aguas marítimas de Portete y la zona Norte de la Alta Guajira; el proyecto de  expansión de la producción carbonífera que sale al exterior por Puerto Bolívar, el puerto del complejo carbonífero de El Cerrejón; y el nuevo parque eólico Jepirachi construido por las Empresas Públicas de Medellín (EPM) a pocos kilómetros de Portete, a contrapelo de las comunidades a las cuales se les birlaron todos sus derechos y que Usted inauguró hace menos de cinco meses. La seguridad para el desarrollo de estos proyectos debería ser a la vez garantía para  la seguridad de los habitantes ancestrales del territorio que ha dado albergue a dichas empresas.

A todos ellos, así como a las autoridades locales, regionales y nacionales, compete la defensa y la protección de los derechos de los Wayúu, o cuando menos la exigencia de convivencia pacífica y el respeto por este pueblo indígena cuyas gentes hacen parte de la diversidad de la nación colombiana. Todos tenemos la responsabilidad de velar por la integridad y el respeto de esa diversidad que constituye la identidad de todos los colombianos y del máximo valor de su constitución nacional, pero a Usted le exigimos que cumpla su deber: proteja sus vidas y su derecho a continuar en su territorio ancestral.

Los abajo firmantes, ciudadanos de paz de Colombia y del mundo, le exigimos, señor Presidente, como máximo responsable de la vida y de los derechos de los colombianos, que ordene las investigaciones pertinentes; proteja a los Wayúu; capture a los paramilitares responsables y le exija a sus jefes, con quienes está hablando el Comisionado de Paz, que retiren sus huestes violentas del territorio Wayúu y facilite la pronta actuación de los organismos de control y defensa de los derechos humanos de este pueblo indígena, originario de América, el más numeroso de Colombia y de Venezuela.

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