Cerca de 800 personas reclamaron las violaciones de Derechos Humanos que se presentan en el territorio por parte de los diferentes actores armados. Así, denunciaron la invasión territorial por parte del ejército nacional con una base militar establecida en el sector de la Torre, que se encuentra ubicada en la parte Alta entre los resguardos de Toribío y San Francisco, lo que afecta directamente a la población civil que se encuentra en riesgo permanente en medio del conflicto armado.
La comunidad, delegaciones de la ACIN, CRIC, de Derechos Humanos y representantes de los resguardos vecinos como Corinto, López Adentro y Huellas-Caloto, hicieron parte de la Asamblea.
A través del recorrido por los territorios cercanos a los resguardos, y al pasar por el sitio donde están ubicadas las torres de transmisión de celulares, se constató que las fuerzas militares del Estado, día a día están ampliando el territorio que ocupan y de esta manera impiden la libre movilización de los comuneros que transitan por estos lugares.
Durante el evento se presentó ante la asamblea el mortero encontrado por la comunidad y entregado al Cabildo, el cual fue abandonado por parte de la guerrilla de las Farc en el CECIDIC. Ante esto, la asamblea decidió que este elemento bélico no sea destruido ni quemado sino desbaratado por la comunidad que decidió transformarlo de arma de guerra en un letrero artístico de la comunidad como instrumento de un mensaje de paz.
El coordinador encargado del Proyecto Nasa, Yenonimes Valencia manifestó que "sabemos que ningún actor armado beneficia nuestro proyecto de vida. Por tal motivo la asamblea rechaza todo acto de violencia que se presente dentro de los territorios indígenas. También sabemos que esta problemática de agresión obedece a un régimen imponente por parte de las transnacionales y multinacionales que quieren adueñarse del territorio colocando en riesgo total a los planes de vida".
Cada cabildo indígena denunció ante la asamblea sus malas experiencias y el Resguardo de Toribío desprestigió las acciones realizadas por diversos actores armados que incluyen la judicialización de comuneros, el posicionamiento de las fuerzas militares regulares e irregulares en los territorios indígenas, la restricción informativa y de la libre circulación de la comunidad, así como la persistencia de mensajes y acciones realizadas por parte del ejército nacional en contra de la comunidad, la guardia indígena y sus autoridades.
Igualmente la autoridad indígena se refirió al reclutamiento forzado por parte de los actores armados, a la realización de detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas militares y a la confrontación armada en territorios indígenas. Se denunció la desaparición y el asesinato de comuneros por parte de actores armados tanto de la guerrilla como del Estado colombiano.
Los casos denunciados por el Resguardo de San Francisco se refirieron también al incendio de la buseta de propiedad de los tres cabildos, robos de motos, cabezas de ganado y amenazas por parte de milicianos de las Farc contra la directiva del cabildo, el coordinador de la guardia indígena y contra la gobernadora del Resguardo.
El cabildo indígena de Tacueyó presentó un listado de comuneros indígenas víctimas de la acción de los actores armados entre los años 2004 y 2008, cuyo saldo dramático dejó una cifra de más de 15 indígenas asesinados por parte de la guerrilla y uno por parte de la fuerza publica, así como atentados, amenazas, secuestros y retenciones arbitrarias.
Al finalizar la Asamblea se preparó un comunicado que fue leído y aprobado por la comunidad, un fragmento del cual se presneta a continuación. Se expresa el rechazo a todo acto de violencia por parte de grupos armados y se reitera la posición de autonomía y de rechazo a los actores armados y al uso del terror contra las comunidades. Uno de los principales objetivos es el de tomar medidas conjuntamente entre autoridades y la comunidad para buscarle una solución viable a la situación de violaciones de Derechos Humanos.
"Como comunidad, cansados de estos hechos y amenazas, MANIFESTAMOS Y DECIDIMOS de manera enérgica que no estamos dispuestos a aceptar que los diferentes actores armados nos involucren en sus acciones y conflictos. En consecuencia.
LA ASAMBLEA RATIFICA
1. Que los comuneros de nuestro territorio indígena que han decidido participar en organizaciones armadas y contribuido a perjudicar el bienestar de la comunidad deben ser sancionados de acuerdo con nuestros usos y costumbres, teniendo en cuenta la resoluciones de Vitoncó y Jambaló, firmadas por nuestras autoridades indígenas del Cauca, en donde se manifiesta que ninguna persona indígena debe hacer parte de grupos armados pues no es política de los pueblos indígenas, la utilización de armas para la defensa del territorio.
2. Que se responsabiliza a las Farc de lo que pueda suceder con la vida del señor Mario Baicue o de cualquier persona que haga parte de la directiva del Cabildo de San Francisco.
3. Nuestro rechazo a la actitud y actuaciones del ejército, el cual se ha ubicado en los territorios indígenas, por estar causando daño a las familias vecinas mediante el hurto de bienes, el impedimento a la libre circulación de la comunidad y la realización de atentados contra la vida de comuneros bajo la acusación de ser subversivos.
REAFIRMAMOS EN ESTA ASAMBLEA
Que nuestro territorio ancestral es la base fundamental de vida de nuestro pueblo Nasa, por lo que debe ser respetado y fortalecido para garantizar la pervivencia de nuestros hijos y debe ser defendido no solo de la acción de los diferentes grupos armados que atentan y violan nuestros derechos humanos, culturales y territoriales sino también de las acciones de agentes del Estado que pongan en riesgo el desarrollo de los procesos organizativos de nuestras comunidades.
Finalmente, hacemos un llamado a las organizaciones de derechos Humanos para que estén atentas a la situación que viven los pueblos indígenas, dado que tanto el Estado como los grupos armados que se le oponen están cometiendo hechos violatorios de los derechos Humanos, culturales, territoriales y económicos de las comunidades indígenas, con lo cual desconocen y violan los convenios internacionales en esta materia, así como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2007."
