Desde hace varios años la violencia en todas sus manifestaciones hace presencia en nuestros territorios; masacres, asesinatos selectivos, heridos, amenazas, señalamientos y falsas acusaciones, reclutamientos forzados, desplazamiento, judicializaciones arbitrarias, bombardeos aéreos, enfrentamientos armados en medio de la población civil, campos minados, entre otros actos de guerra nos toca soportar de manera reiterada en nuestras comunidades. Este conjunto de hechos, que además de colocar en riesgo la integridad física, territorial, sociocultural, económica y política de las organizaciones indígenas, rompen el equilibrio cósmico y la energía de la madre tierra desencadenando tragedias naturales que se suman a la ya grave tragedia que vivimos los Nasa. Las consecuencias que de ella derivan por tantos años de guerra y violencia, reflejan una horrible realidad constante en el resto de comunidades indígenas que habitamos en Colombia.
Contrario a la práctica de guerra que profesan los actores armados (ejército nacional, policía, guerrillas, paramilitares y grupos privados de narcotraficantes) y grandes grupos económicos, cada vez que la violencia nos golpea, hemos construido escenarios para fortalecer nuestros mecanismos autónomos de resistencia pacífica, para responder a la persecución sistemática y violenta que atenta contra el Plan de Vida de los nasa.
Así, para reafirmar nuestra posición política, reconstruir y fortalecer el tejido sociocultural, organizativo, político y económico averiados por la acción de la guerra y la violencia, en la vereda Vitoyó del municipio de Jambaló ubicada al oriente del departamento del Cauca, los días 12, 13 y 14 del mes de febrero del presente año, el Cabildo de este territorio y las comunidades se reunieron en la asamblea número 108 del Proyecto Global (Plan de Vida del Cabildo de Jambaló). Muchos fueron los puntos que se debatieron durante los tres días pero el que más concentró la discusión de la comunidad fue el punto referido a las amenazas y orden de muerte impartida por miembros de la guerrilla de las FARC contra EDWIN ARMANDO EMBÚS y EMILSE MUÑOZ COLLO, ambos funcionarios de la Alcaldía municipal de Jambaló y comuneros del Cabildo indígena de Páez Belálcazar en la zona de Tierradentro. Y contra el comunero EIBAR FERNÁNDEZ CHOCUÉ coordinador del Proyecto Global y comunero del Cabildo de Jambaló.
A los comuneros Edwin y Emilse, la guerrilla acantonada en esta región los acusa de apropiación indebida de recursos públicos de este municipio, y al comunero Eibar de haber incitado y organizado la captura de tres integrantes de la columna móvil Jacobo Arenas de las FARC, el día 26 de noviembre del año 2008 en cercanías del corregimiento de Pitayó municipio de Silvia, en el momento que secuestraban a varios funcionarios públicos: 6 de la Alcaldía municipal de esta localidad entre los que se encontraban Edwin y Enilse y un funcionario del Ministerio de Educación Nacional. A los capturados el Cabildo de la localidad previa investigación los juzgó y les aplicó el Remedio (sanción de acuerdo a los Usos y Costumbres indígenas) correspondiente para estos casos.
En un acto de retaliación contra el Cabildo, que actuó en pleno ejercicio de autonomía como autoridad tradicional, los miembros de la guerrilla involucrados en los hechos, han activado una fuerte campaña para tratar de justificar el motivo del secuestro contra los dos funcionarios y la orden de muerte contra nuestro comunero Eibar. En su esfuerzo, los miembros de la guerrilla involucrados en estos hechos, tratan de hacer notar que hay una fuerte crisis de gobernabilidad y corrupción en el territorio, buscan confundir a la comunidad manifestando que son los mismos comuneros que los buscan para que actúen en su nombre, estrategia ya conocida porque fue de la misma forma como actuaron cuando asesinaron a Marden Arnulfo Betancur, el primer alcalde indígena de este territorio.
Teniendo en cuenta la magnitud de la situación, la Asamblea general número 108 del Proyecto Global en cabeza del Cabildo, las comunidades, los mayores y con presencia de algunos Cabildos de la zona norte, así como del CRIC y la ACIN para el caso presentado, emiten la siguiente decisión:
1. Ante el inminente riesgo que se manifiesta, la comunidad de Jambaló y los demás Cabildos en donde se presentan los mismos hechos, nos declaramos en ALERTA MÁXIMA, y desde la fecha activan los mecanismos autónomos de protección territorial como puestos de control de la guardia indígena, sitios de asamblea permanente, sistema de comunicación y recorridos de control territorial.
2. Se dará continuidad a la Comisión de investigación establecida para que en un plazo de dos meses presente a la comunidad un informe detallado sobre toda la problemática presentada en el territorio respecto al tema presentado. Este informe en cuanto a lo financiero será apoyado con el informe presentado a los órganos de control del Estado. Una vez escuchado el informe, y en el caso de encontrase comuneros involucrados con la guerrilla en estas acusaciones, las autoridades y la comunidad procederán de acuerdo a los Usos y Costumbres.
3. Las autoridades indígenas presentes, en cabeza del Cabildo de Jambaló, los mayores y la comunidad, respaldan de manera rotunda el trabajo del comunero EIBAR FERNÁNDEZ CHOCUÉ al frente del Proyecto Global. De la misma forma respaldan la presencia de los comuneros EDWIN ARMANDO ARBUZ Y ENILSEN MUÑOZ COLLO en la administración municipal de esta localidad.
4. La comunidad en pleno rechaza la presencia de actores armados y demás intereses económicos en el territorio que con su actuar perturban la dinámica organizativa y colocan en riesgo la vida, el territorio, la cultura y el gobierno propio.
5. Reiteramos que el diálogo sincero es el único instrumento para solucionar contradicciones internas o externas, por lo tanto mantenemos nuestra vocación de acudir a el las veces que sea necesario.
6. La Asamblea responsabiliza a los actores armados de cualquier situación que se presente en contra de las personas mencionadas y de los participantes en la Asamblea, así como de los demás hechos que se presenten en desarrollo de la guerra y la violencia en nuestros territorios.
La Asamblea llama la atención del gobierno nacional o a quien corresponda sobre el indebido actuar de las fuerzas militares en el territorio, convoca a todos los organismos de derechos humanitarios, organizaciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones indígenas y sociales, Defensoria del pueblo, entre otros a estar alertas y prestar de manera oportuna las ayudas necesarias en caso de presentarse desarmonia territorial en la región.
Finalmente denunciamos que una vez finalizada la Asamblea se ha incrementado la presencia de los actores armados (guerrilla y ejército nacional), lo que ha generado una fuerte tensión y preocupación en la comunidad y las autoridades.
