Pese a eso, sus derechos se les siguen vulnerando y, aún continúa amenazada su pervivencia principalmente a causa del conflicto armado y toda la ola de violencia en su contra. Fue precisamente esta crisis humanitaria lo que conllevó a la Corte Constitucional a emitir una orden jurídica que el gobierno debe cumplir para garantizar la pervivencia de los pueblos indígenas y, esto, preciosamente es lo que hoy tiene a los indígenas reunidos con el gobierno nacional.
En este sentido, hoy se inició la Mesa de Concertación, en su fase metodológica, entre pueblos indígenas y el gobierno nacional para establecer cuál será la metodología para la elaboración del Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas afectados por el desplazamiento o en riesgo de estarlo e, incluidos dentro del Auto 004/2009, emitido por la Corte Constitucional.
La medida jurídica del Alto Tribunal ordena al gobierno colombiano elaborar e implementar Planes de Salvaguarda para 34 pueblos indígenas con el objeto de proteger los derechos fundamentales de personas y pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de haber convocado una sesión de información técnica el 21 de septiembre de 2007.
La Corte evidenció que algunos pueblos indígenas de Colombia están en peligro de ser exterminados -cultural o físicamente- por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario.
En este sentido la orden judicial de la Corte ordena que la elaboración e implementación de estos planes debe responder a un enfoque diferencial e integral acorde con la cosmovisión, identidad y con los aspectos políticos, económicos y socioculturales de cada uno de los pueblos indígenas.
La Propuesta de los pueblos indígenas responde al momento crítico que viven varios pueblos indígenas; Propone que sean medidas estructurales que garanticen la pervivencia de los pueblos indígenas y que proteja efectivamente su vida y, su integridad física, territorial y cultural. Contrapone la iniciativa del gobierno que propone enmarcar el Programa de Garantías y los Planes del Salvaguarda dentro de la Política de Seguridad Democrática y el Plan de Desarrollo.
La propuesta del gobierno se limitó a copiar al pie de la letra los pasos que la Corte ordena dentro del Auto para garantizar los derecho de los desplazados, en sus componentes de prevención, protección y atención, pero no especifico el cómo hacerlo, que era lo que se esperaba. En este sentido se notó un gran descontento de parte de organizaciones y autoridades indígenas; “realmente no hubo una propuesta clara de parte del gobierno, como en todos los procesos de concertación”.
Si bien, el gobierno, aclaró que esta propuesta es sólo un documento en etapa de elaboración faltaron muchos componentes que las autoridades indígenas cuestionaron como la Declaración Universal de de los Derechos Indígenas, emitida por Naciones Unidas hace dos años y que hasta el gobierno colombiano respaldo, pero que no lo tuvo en cuenta en la elaboración del Programa.
La ONIC rechazó tajantemente que el Programa de Garantías y los Planes de Salvaguarda estén pensados, por el gobierno, dentro del marco de la Seguridad Democrática; “Eso no lo vamos a permitir”, concluyó. Paradójicamente el gobierno ampara su propuesta en la Seguridad Democrática, la política que, en cierta medida, generó y aceleró la grave crisis humanitaria que atraviesan los pueblos indígenas. “Una política que ha hecho tanto daño a los pueblos indígenas y que como lo establece la Corte Constitucional les pone en riesgo de extinción”, afirmó Luis Fernando Arias, Secretario General de la ONIC.
La propuesta de los pueblos indígenas no admite que el Programa de Garantía ni los Planes de Salvaguarda se enmarquen dentro de la Política de Seguridad Democrática, ni dentro del Plan de Desarrollo. Contempla que los profesionales o equipo técnico que delegue el gobierno para la consulta, elaboración e implementación del Programa de Garantías y los Planes de Salvaguarda sean avalados por los pueblos incluidos en el Auto 004/09.
Si bien la propuesta oficial de las autoridades indígenas será presentada al gobierno el próximo martes, 12 de mayo, se le exige al gobierno tener en cuenta el diagnóstico establecido por la Corte Constitucional dentro del Auto y, tener en cuenta los realizados por cada pueblo, o en su defecto, construirlo en concertación con los pueblos indígenas. Esto en contraposición a que el gobierno estableció un plazo de 13 días para la consulta previa con los 34 pueblos indígenas; plazo insuficiente para elaborar un diagnóstico que muestre la verdadera crisis humanitaria que viven los pueblos indígenas.
Las autoridades y delegados indígenas cuestionaron la posición del gobierno de defender la Seguridad Democrática como instrumento de garantía de derechos. Sin embargo el gobierno admitió que estudiara la propuesta presentada por los pueblos indígenas y la comparara con la suya para dar una próxima respuesta. No obstante explicó, que las dos propuestas difieren de forma considerable y es preciso trabajar duro en el consenso.
En este sentido las Autoridades Indígenas consideraron que la propuesta del gobierno es muy confusa y no hubo realmente un avance significativo en esta primera fase metodológica. Le recordaron al gobierno el plazo estipulado por la Corte Constitucional; hasta el 30 de junio para entregar los lineamientos para la elaboración de los Planes de Salvaguarda.
El gobierno se encasilló en mantener el Programa de Garantías dentro del marco de la Seguridad Democrática y su única respuesta fue que estudiara la propuesta presentada por los pueblos indígenas. Al término de la reunión se acordó nombrar una comisión -temática- para que estudie las dos propuestas y se convocó a una nueva sesión de Mesa de concertación para el próximo 21 de mayo
A la reunión que se desarrolló en Bogotá, asistieron delegados del gobierno y representantes indígenas de cada una de las Macro regionales, filiales a la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Como organizaciones indígenas estuvo la ONIC; la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC; la Confederación Indígena Tayrona, CIT; y el movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO. Como organizaciones y entidades acompañantes estuvieron CODHES, CECOIN, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Delegada para Derechos Humanos; como garantes estuvo la Iglesia -Conferencia Episcopal Colombiana-…
Como Invitados del gobierno estuvo el ex constituyente Lorenzo Muelas, los representantes políticos por los pueblos indígenas: Jesús Enrique Piñacué y Ernesto Estacio, también la representante wayuú Orsinia Polanco, del PDA. La comisión del gobierno estuvo liderada por el Ministro del Interior y Justicia Fabio Valencia Cossio, con la ausencia notable del Ministerio de Hacienda.
Para las organizaciones indígenas es fundamental orientar a los pueblos y comunidades indígenas para que ellos entiendan y construyan un plan de salvaguarda de acuerdo con sus perspectivas, sus necesidades y realidades.
