El atentado que sufrió la niña Mayerli Legarda Quilcue, quien tiene medidas de protección, fue perpetrado por 4 individuos, siendo aproximadamente las 6:00 de la tarde del día 11 de mayo, los cuales apuntaron con armas cortas hacia ella que se encontraba al frente de su casa de habitación, situada en la Vereda Clarete del municipio de Popayán, Cauca.
Cuando la niña observó el peligro se internó en la casa y los delincuentes, que se movilizaban en un Carro Blanco del que no pudo identificarse sus placas, rodearon la casa, pero, al parecer, resolvieron emprender la huida con rumbo a la ciudad de Popayán al observar movimientos de la guardia indígena que se encontraba al interior de la vivienda. Esta anómala situación está rodeada de otros hechos irregulares sucedidos, uno, el día anterior, cuando personas que dijeron ser funcionarios de Bienestar familiar, intentaron entrar al colegio donde la menor estudia y luego visitaron su vivienda y allí la interrogaron sin permiso ni conocimiento de su señora madre, Aída Marina Quilcue Vivas.
Otro acontecimiento denunciado por la Consejería Mayor CRIC, fue el sucedido el pasado 21 de abril, donde una patrulla de la policía estuvo merodeando la misma casa y posteriormente, en horas de la noche, el carro asignado a la niña Mayerli fue seguido desde la Panamericana por una patrulla policial, y en un sitio solitario de la vía fue detenido, pretendiendo, los uniformados, amenazantes con sus armas de dotación, requisar el vehículo lo cual no fue permitido por la guardia que hace las veces de escolta, tanto de la niña como de la entonces Consejera CRIC, Aída Quilcue.
El conductor del Vehículo explicó la condición del personal transportado y los agentes en vez de atender su deber protector llamaron refuerzos y rodearon amenazantes el carro donde se trasladaban los indígenas. De mala gana, y al parecer por indicación, del comandante de la policía Cauca, con quien se comunicó la autoridad Indígena del CRIC, los uniformados cedieron el paso. Este hecho fue puesto de conocimiento de los organismos de control del Estado el día 22 de abril del 2008.
La Consejería Mayor CRIC reclama ante el mundo que el Estado colombiano detenga la guerra contra los indígenas, pues mientras el presidente no se disculpe públicamente por su ofrecimiento de pago de recompensas para romper la unidad indígena, realizado en marzo del 2008 en la ciudad de Popayán, sus agentes seguirán considerando un favor a su gobierno acechar y hasta asesinar a los indígenas.
Igual sucede con la guerrilla de las FARC y su poco favor a la paz de Colombia, al seguir amenazando y matando indígenas por considerar que aquellas comunidades que tiene control territorial de la fuerza pública son colaboradores o escudos de sus contrincantes.
Lo sucedido en Nariño, en la Comunidad indígena de Piedra Verde, municipio de Barbacoas, a las tres de la mañana del pasado 11 de mayo, donde los indígenas Aw´a, Adelnelio Bisbiscuz García de 37 años edad y Marco Antonio Taicúz de 32 años, y herida en la cabeza la señora Berta Vargas, por individuos que vestían prendas militares, así lo confirman.
De igual forma la amenaza a la gobernadora indígena, Luz Emerita Cuspian, del Cabildo de Huila, Tierradentro, recibida a través de un panfleto firmado por las auc, águilas negras y de llamadas telefónicas anónimas, muestran que a pesar de que las comunidades se encuentra en medio de una situación de riesgo vivida por la actividad volcánica del Nevado del Huila, debiendo evacuar la zona y ubicarse en un albergue temporal en el resguardo de Ambaló, municipio de Silvia, Cauca, el Estado no ha prestado la atención suficiente a esta situación y por el contrario se conoce que los territorios abandonados por las comunidades indígenas en Tierradentro, están siendo copados por los todos los bandos del conflicto armado.
Es claro que el conflicto armado pretende evitar el desarrollo la autonomía e irrespetar el territorio como sucede con el pueblo Nasa, donde el sexto frente de la guerrilla de las FARC ha amenazado a 8 personas que hacen parte de la administración municipal y del cabildo indígena de Jambaló.
Aparte, la guerra que se desarrolla en gran parte del territorio caucano, se ha reportado que 18 personas han sido evacuadas desde San Miguel de Infí, Guangüí y la parte baja de Tombiquí, hacia el casco urbano de Timbiquí, al estar intoxicadas por efecto de la guerra química con aspersión aérea con glifosato, realizada por la Fuerza Pública colombiana desde el pasado 6 de mayo, donde también aparte de las afectaciones humanas se ha informado, sobre la muerte de peces de los ríos San Bernardo, San Miguel de Infí y Saija.
Denunciamos esta política de guerra que resulta siendo una estrategia para forzar el desplazamiento indígena y el abandono de los territorios ancestrales, con la cual se desconoce el Auto 004 emitido por la Corte Constitucional, por medio del cual se ordena al Estado colombiano salvaguardar a los pueblos indígenas en peligro de extinción, como está sucediendo en la frontera colombo- ecuatoriana con el pueblo Aw´a; en la Costa Pacífica caucana con el Pueblo Eperara Siapidara y en Tierradentro y norte del Cauca con el pueblo Nasa.
