Judicialización contra Aida Marina Quilcué, Feliciano Valencia y Daniel Piñacue evidencia una vez más la política de persecución contra la minga de resistencia social y comunitaria.
Copiando el discurso del Ministro del interior y de Justicia, la Fiscalía solicitó orden de captura contra Aida Marina Quilcué, Feliciano Valencia, voceros de La Minga de Resistencia Social y Comunitaria, así como contra Daniel Piñacue, gobernador indígena, y dos comuneros, al parecer guardias indígenas, que responden a los nombres de José Daniel Ramos Yatacue y Mario Yalanda Tombé, acusándolos “…de delitos de secuestro agravado y lesiones personales agravadas….” sobre el señor Danilo Chaparral Santiago. La fiscalía ha realizado solicitud de Audiencia preliminar (orden de captura).
Resulta inadmisible que la fiscalía inicie una investigación penal asumiendo como hipótesis delictiva la comisión de las conductas de secuestro agravado y lesiones personales agravadas, frente al juzgamiento realizado por la jurisdicción indígena, cuando públicamente se conoció que el demandante se introdujo irregularmente en el territorio, por lo cual fue juzgado y se le aplicó remedio ante más de 5 mil personas, con presencia de los medios de información. En el proceso la comunidad indígena mostró evidencias de la gravedad del hecho: un militar de ascendencia indígena, vestido de civil se adentra en un territorio indígena llevando consigo elementos castrenses que pudieron haber sido usados para desprestigiar la Minga de Resistencia Social y Comunitaria que se desarrollaba en el Territorio indígena de La María, Piendamó.
Pensar que una detención realizada por una autoridad competente dentro de su territorio se pueda configurar como un delito muestra la discriminación que permanece en las instituciones del Estado frente a los pueblos indígenas, pues se niegan a aplicar el mandato constitucional que en su artículo 246 reconoce la jurisdicción indígena dentro de su ámbito territorial. Aquí se evidencia la falta de voluntad política del Estado colombiano para adelantar formas de coordinación de la jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.
El Consejo Regional Indígena del Cauca, manifiesta su inconformidad con estos actos institucionales, expresando nuestra voluntad de rodear a la compañera y compañeros víctimas de la injusticia colombiana y de asumir públicamente la legitimidad y la constitucionalidad del procedimiento adelantado contra el militar infiltrado, por haber sido realizado en el marco del derecho propio. Igualmente expresamos nuestra disposición de defender la Jurisdicción propia cuando algún acto de la justicia ordinaria pretenda desconocerla.
La noticia de esta investigación es una evidencia más de la estrategia de persecución que implementa el gobierno colombiano contra los procesos de movilización y los líderes sociales, el desconocimiento de la normatividad internacional frente a pueblos indígenas y el desmonte de la Constitución Nacional, en particular del pluralismo jurídico.
Rechazamos la política contra los Pueblos Indígenas y contra la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, realizada por el gobierno colombiano, con la cual se viene politizando la justicia y penalizando las voces que clamamos justicia social, paz y democracia real.
CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA – CRIC-
Popayán, junio 6 de 2009
Fuente: ACIN
