El día 29 de junio del presente año, alrededor de las siete de la tarde, un grupo de choque contratado por un reducido grupo de supuestos pequeños propietarios mestizos de La Placita, municipio de Aquila, Michoacán, que portaba armas de alto poder, emboscó y disparó indiscriminadamente sobre hombres, mujeres y niños pertenecientes a la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, que, con fundamento en la garantía contenida en el artículo 27 constitucional y en los derechos que protegen los artículos 13, 14 y 15 del Convenio 169 de la OIT, se encontraban realizando una acción pacífica y legal para proteger la posesión de nuestras tierras comunales en el paraje conocido como La Canaguancera, lugar que ha sido invadido por los supuestos pequeños propietarios durante años.
La comunidad indígena de Santa María Ostula fue reconocida en su personalidad y en sus propiedades ancestrales a través de la resolución presidencial sobre confirmación y titulación de bienes comunales de fecha 27 de abril de 1964. Sin embargo, al tramitar, dictar y ejecutar nuestra resolución presidencial sobre confirmación y titulación de bienes comunales, las autoridades agrarias incurrieron en serias irregularidades, derivadas de los deficientes trabajos técnicos e informativos que en su momento efectuaron, y que culminaron en la emisión de una resolución defectuosa.
Esta falta de certeza jurídica ha derivado en la paulatina invasión de nuestras tierras por parte de los supuestos pequeños propietarios de La Placita, quienes a través de los años han ocupado en forma ilegal más de 700 hectáreas correspondientes a nuestra propiedad y posesión comunal.
En los últimos años han sido numerosos los intentos por alcanzar una solución negociada a tan grave problema, pero no ha sido posible alcanzar un acuerdo entre nuestra comunidad y los supuestos pequeños propietarios de La Placita, pues éstos se niegan a reconocer los linderos que de manera real separan sus terrenos de aquellos que corresponden a nuestra comunidad. Asimismo se han promovido diversas instancias legales, sin que se haya alcanzado una solución definitiva a tan grave problemática.
Es el caso que existiendo diversos amparos y medidas cautelares favorables a nuestra comunidad, personas contratadas por los supuestos pequeños propietarios empezaron a ocupar nuestras tierras comunales el pasado 10 de junio. Fue en dichas condiciones que nuestra asamblea general de comuneros resolvió reforzar su posesión en las tierras que los supuestos pequeños propietarios reclaman como de su propiedad.
En estos momentos la situación de nuestra comunidad es difícil, pues un grupo superior a los 300 comuneros, incluidas varias mujeres, se encuentran incomunicados y cercados por los mencionados sicarios en el paraje de La Canaguancera, razón por la que no sabemos si existen heridos en dicho lugar y cuantos puedan ser. Asimismo en los alrededores de la comunidad y de La Placita se han establecido a lo largo de la noche dos numerosos destacamentos pertenecientes al Ejército Mexicano y a la Marina.
Por otro lado, la comunidad ha cerrado los accesos a los 21 poblados que la integran y cerca de dos mil comuneros se hallan haciendo vigilancia en diversos puntos del territorio comunal, en tanto que las hermanas comunidades nahuas de El Coire y Pómaro se encuentran organizando diversas acciones para la defensa conjunta del pueblo Nahua de Michoacán.
Por lo anterior es que exigimos de los gobiernos federal y estatal:
1. El inmediato castigo a los responsables del cobarde ataque sufrido por nuestros comuneros y comuneras el 29 de junio de 2009.
2. El inmediato castigo a los responsables de las lesiones de bala causadas a nuestro compañero Manuel Serrano el 29 de junio en el ataque antes referido.
3. El respeto irrestricto a la posesión que nuestra comunidad tiene sobre el paraje conocido como La Canaguancera y sobre todas las tierras comunales que le pertenecen en forma inmemorial.
4. El respeto a nuestras formas tradicionales de organización comunal, incluidas las resoluciones adoptadas por nuestra asamblea general y las acciones que adopte la comunidad para la protección legítima de sus bienes comunales.
Responsabilizamos a dichos niveles de gobierno de cualquier acción represiva en contra de nuestra comunidad y los instamos a respetar y hacer que se respeten nuestros derechos territoriales históricos.
Llamamos a los pueblos indígenas de México y el mundo, así como a la sociedad civil nacional e internacional, a apoyar nuestra justa lucha del modo que les sea posible, así como a movilizarse para impedir una acción represiva o de violencia paramilitar que atente contra nuestra existencia y contra nuestros derechos fundamentales.
Por último les decimos a los pueblos indígenas de México que la cobarde acción que tuvo como propósito aterrorizar a nuestra comunidad y separar a nuestra población civil de nuestra policía comunitaria tradicional, con el claro fin de frenar nuestra lucha, no tendrá éxito. No daremos un paso atrás en la recuperación de nuestro territorio y en forma pacífica y legal seguiremos fortaleciendo nuestra organización y la unidad con las comunidades indígenas que prontamente nos ofrecieron su apoyo para que nuestros hijos y las futuras generaciones de los pueblos indios de este país tengan un futuro.
Santa María Ostula, a 30 de junio de 2009.
La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula
