Según la información recibida, el señor Jairo Miguel Paí desde hace varios años se habría incorporado a las actividades delincuenciales con distintos actores armados. Desde el año 2007, el señor Paí fue denunciado por las autoridades indígenas como responsable de diversos delitos en el municipio de Barbacoas y sus alrededores, desde donde delinquía, a pesar del exceso de tropas de la Fuerza Publica en la zona.
A pesar del presunto accionar delictivo del señor Paí, denunciado desde hace mas de 2 años por la autoridades indígenas, llama la atención, que solo hasta este momento de manera diligente fuera detenido y sindicado de la masacre del pasado 26 de Agosto, acción ésta que valoramos, si ello conduce a esclarecer los verdaderos móviles de esta masacre, en la cual el Gobierno ha desarrollado la teoría de “ajustes de cuentas o problemas internos entre la misma comunidad”. Teoría que se ha implementado en varios casos emblemáticos de los pueblos indígenas de Colombia.
Consideramos que la información que ha circulado en algunos medios de comunicación, desconoce el contexto de violencia producto del conflicto armado que vive el pueblo Awa, víctima en el primer semestre de 2009, de varias masacres y 36 homicidios, que infringen el DIH y el orden natural indígena, este ultimo precisa: “que en la guerra los niños y las mujeres no se tocan porque no son guerreros”.
Preocupa también a nuestras organizaciones, que se desvincule esta masacre de los hechos ocurridos el pasado 23 de mayo de 2009, en la que resultó asesinado el señor Gonzalo Rodríguez, esposo de la señora Sixta Tulia García, quien fue testigo presencial de la muerte de su esposo y que luego fue presentado como “dado de baja en combate”. La señora García denunció al Ejercitó de esta ejecución, posteriormente fue objeto de amenazas, por lo cual solicitó protección ante los organismos competentes, sin que se tomaran las medidas pertinentes. Hoy la señora Sixta Tulia García hace parte junto a dos de sus hijos y otros familiares, de esta horrenda masacre.
La ONIC, la UNIPA y CAMAWARI rechazan las aseveraciones perversas y descontextualizadas de los hechos que precedieron esta masacre, en los que le asiste al Ejército Colombiano una gran responsabilidad, por la ejecución del indígena Gonzalo Rodríguez.
Insistimos en la evidente responsabilidad del Estado colombiano por omisión en su deber de prevención, protección e investigación frente a la problemática del pueblo Awa.
Exigimos a los órganos de investigación de esta masacre celeridad, transparencia y profundización sobre los elementos sustanciales que rodearon esta masacre. Así mismo, solicitamos al Representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos seguir de cerca el proceso de investigación que está realizando la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, para que se les garantice a las víctimas y sus familiares y al Pueblo Awa la verdad, la justicia y la reparación integral y colectiva.
POR LA VIDA, LA DIGNIDAD, Y LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO AWÁ
CONSEJO DE GOBIERNO INDIGENA
AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA, ONIC
UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ, UNIPA
CABILDO MAYOR AWÁ DE RICAURTE, CAMAWARI
