Bogotá, D.C., 16 de julio de 2012. Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación integral a las víctimas, dio a conocer los pormenores del proceso que se adelanta con las comunidades Embera asentadas en la capital de la República, y que la semana anterior ocuparon la carrera séptima de la capital, demandando del gobierno nacional y distrital respuestas urgentes para su reubicación y el retorno a sus comunidades.
Según la funcionaria, este lunes se concluyó la actualización del censo de los indígenas Embera Katíos y Chamíes del Chocó y Risaralda que viven en esta capital, y el martes, en reunión de alto nivel se definirá su retorno o reubicación a partir del mes de septiembre, garantizando la atención humanitaria mientras persista su situación de desplazamiento forzado.
Según la señora Gaviria, actualmente hay “unas 303 personas, pertenecientes a 63 familias, que participarían en el proceso de retorno a siete comunidades de Bagadó (Chocó), en dos zonas diferenciadas: la primera en las veredas Agua Sal y Conondo, y la segunda, en las veredas Cascajero, Pescaito, Paságueda, Alto Morindó e Irakal. También habría retornos en Mistrató y Pueblo Rico (Risaralda)”.
En el comunicado se habla también de posibles reubicaciones en zonas rurales de La Virginia y Pereira (Risaralda) y en Viotá (Cundinamarca), donde se ubicarían cerca de 70 víctimas, pertenecientes a 25 familias, que aspiran a rehacer sus vidas en un predio rural de 11 fanegadas, identificado por ellas mediante un proceso de autogestión.
Las entidades comprometidas
Con estas acciones, la Unidad para la Atención y Reparación integral a las víctimas asume su responsabilidad e coordinar a las instituciones responsables de garantizar el desarrollo de políticas integrales que garanticen el retorno de estas comunidades.
A la reunión de alto nivel—liderada y coordinada a nivel nacional por la Unidad— han sido convocados además el Departamento para la Prosperidad Social; los Ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Interior, Agricultura y Defensa; el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), la Unidad para la Restitución de Tierras, el Banco Agrario, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); las Gobernaciones de Chocó, Risaralda y Cundinamarca; y las Alcaldías de Bagadó (Chocó), Mistrató y Pueblo Rico (Risaralda) y Viotá (Cundinamarca).
Las nuevas acciones para el retorno
Este nuevo intento por retornar estas comunidades, exige, además de la coordinación de las diferentes instituciones, un profundo compromiso de cada una de ellas, pues como se recordará, en otras oportunidades estas comunidades han sido trasladadas a sus territorios, pero el incumplimiento de las entidades nacionales han ocasionado su inmediato retorno a la capital. Por ello, la importancia de coordinar, “por ejemplo, al Ministerio de Salud con las Secretarías de Salud departamentales y municipales, para ampliar la cobertura a quienes hoy no la tengan o para garantizar que esta siga siendo efectiva para quienes hoy están protegidos en la capital”, dijo la señora Gaviria.
Asimismo se anunció que “Mientras se avanza en la construcción o mejoramiento de la infraestructura, será necesario garantizar brigadas de atención móviles con las EPS; iniciar procesos de capacitación a promotores de salud con el apoyo del SENA; preservar los cupos escolares a los niños, niñas y adolescentes indígenas que hoy reciben educación gratuita en el Distrito Capital; rehabilitar o construir nuevas escuelas en las zonas del retorno y disponer de docentes capacitados para la educación diferencial que ordena la Constitución, incluidos maestros indígenas”.
Por último, agregó la directora de la Unidad, que “Por tratarse de retornos o reubicaciones con condiciones de seguridad, voluntariedad, dignidad y sostenibilidad, la coordinación interinstitucional que propicia la Unidad para las víctimas debe asegurar acompañamiento sicosocial, alojamientos temporales dignos, suministro de alimentación de calidad por no menos de seis meses, la provisión de insumos y herramientas para huertas de seguridad alimentaria y la entrega de semillas apropiadas.
La acción interinstitucional tampoco puede eximirse de acciones afirmativas para la protección de los derechos de estas personas, como el reconocimiento efectivo de sus modos de organización y gobierno, el fortalecimiento de sus procesos sociales y la protección de la vida y bienes de los líderes y comunidades”, concluyó la funcionaria.
