Actualidad Etnica. Bogotá, D.C: Julio 18 de 2012. Los voceros mas autorizados del movimiento indígenas colombiano, ante los hechos sucedidos este 18 de julio en la zona del Alto Andágueda, lugar donde se ubicarían buena parte de los indígenas Embera que se encuentran en Bogotá en condición de desplazados y que vienen siendo parte de los programas de retorno en la capital del pais, emitieron un pronunciamiento en el que develan la falta de garantías para iniciar dicho retorno. Por su interes, reproducimos el texto completo de dicho pronunciamiento:
La Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, DDHH, DIH y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia alerta sobre la delicada situación de los territorios indígenas de los Resguardos Unificados de Risaralda y Alto Andágueda del Chocó, zonas donde en 60 días se pretende que retornen familias y personas indígenas que se encuentran desplazadas en Bogotá.
La Consejería de DDHH de la ONIC, en ejercicio de su mandato y como veedora del cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, solicita una Comisión de Verificación de Alto Nivel conformada por designado/as de Organizaciones Indígenas Nacionales e Internacionales defensoras de los DDHH, del Gobierno Nacional, de las instancias de veeduría y observación de Naciones Unidas y de los Organismos Internacionales con presencia en el país y del Ministerio Público, con el objetivo de evaluar si las condiciones humanitarias y de seguridad, son las adecuadas para el retorno y reubicación de las familias y personas indígenas que se encuentran en condición de desplazamiento en Bogotá. De igual manera, considera de vital importancia, que en la Comisión participen el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, toda vez, que se trata de la primera experiencia de reubicación y de ella dependerá el éxito o fracaso de los procesos venideros.
Sin garantías plenas, el retorno y reubicación pueden terminar convertidas en un instrumento político de legitimación estatal, que conduciría a un nuevo desplazamiento y a la ineficacia sistemática del proceso de reparación a las víctimas. En ese sentido, la Consejería solicita tener en cuenta los hechos ocurridos el 18 de julio del año en curso, en tres zonas diferentes de Risaralda y Chocó, en las que tendría lugar los retornos.
Las Autoridades Indígenas del Resguardo Unificado de Pueblo Rico en Risaralda reportaron que desde las 4 hasta las 7 de la mañana se presentaron bombardeos por parte de helicópteros en la zona de Pechugare y Alto Currupipí en límites entre Risaralda y Chocó poniendo en riesgo a las comunidades que habitan la región.
Por otro lado, en el Resguardo Unificado del municipio de Mistrató a las 4:30 de la mañana sobrevolaron aviones del ejército sobre las veredas Alto Gete, Embordo Alto, Curruma Medio, Alto Beque y Puerto de Oro, bombardeando la zona. Uno de los líderes informó que hasta el momento de esta publicación no se conocen las afectaciones que pueden haber causado estos hechos en el territorio y en la población.
De acuerdo al reporte realizado por el Observatorio Pacífico y Territorio donde según informaciones de la Asociación OREWA, quien se encuentra en Bogotá como parte de la comisión que negocia condiciones dignas para el retorno de cientos de indígenas a sus comunidades, a primeras horas de la mañana del 18 de julio fue informado del bombardeo que la fuerza aérea realizó en las comunidades de Brisas, Palma, Pescadito, Paságueda, Uripa, Quebrada Monte y Conondo del resguardo del Alto Andágueda por espacio de 50 minutos (de 4 a 4:50 am).
ANTECEDENTES:
A continuación se mencionan hechos ocurridos en lo que va corrido del año y que evidencian la violación sistemática de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas:
Junio 21 de 2012. En la vereda Itaurí del Resguardo Unificado una pareja indígena en compañía de dos menores de edad del pueblo Embera-Chami se dirigieron a pescar en el río Tarama. Cuando regresaban a su casa, aproximadamente a las 10 p.m., la pareja y los menores de edad recibieron disparos por miembros de la Octava Brigada del Batallón San Mateo, al creer que era guerrilleros, la mujer María Andrea Onogamá Arcila, de 22 años, quien se encontraba en estado de embarazo resultó herida; al igual, que su compañero Orlando Guatiquí Nayasa, de 28 años de edad. Como consecuencia del ataque, María Andrea, perdió a su bebé de ocho meses de gestación. La mujer fue trasladada al hospital San Jorge de Pereira, donde falleció después de haber quedado en estado de coma. Después de la verificación de los hechos, el Coronel Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, a nombre de la Octava Brigada del Batallón San Mateo asumió la responsabilidad del hecho y pidió disculpas al CRIR por el error cometido.
Junio 22 de 2012, Cinco comunidades indígenas del Resguardo Unificado del Río San Juan se desplazaron al corregimiento de Santa Cecilia a causa de combates entre la Guerrilla de las FARC y el Ejército en las veredas Waisur y Arenal.
Junio 10 de 2012, El día 10 de Junio del presente año siendo las 8:15 de la noche fue asesinado por un encapuchado el señor CARLOS DARIO ARCE BERNAZA y quedaron heridas las señoras GILMA ARCE BERNAZA y YOLANDA CORTEZ ARCE en la comunidad de Puerto de Oro en el municipio de Mistrató (Risaralda) dentro del Resguardo Unificado Embera Chamí.
Junio 2 de 2012, en horas de la mañana, se presentaron las capturas por parte del Gaula-Risaralda de los líderes y comuneros, DANIAL WUASORNA AIZAMA, JUAN ANTONIO SIAGAMA ARCE, FERNAIN SIAGAMA, líderes de las comunidades indígenas del municipio de Pueblo Rico; JOSE ABEL WUASORNA, líder indígena del municipio de Mistrató; ORLANDO QUERAGAMA ARCILA Autoridad del Consejo Regional Indígena Risaralda-CRIR. Además, se tiene información de 10 indígenas de los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, con órdenes de captura por parte de La Fiscalía.
Mayo 24 de 2012, se desplazaron 437 indígenas Embera-Chami y Katio al corregimiento de Santa Cecilia (Risaralda) a causa de combates entre el Ejército y el frente Aurelio Rodríguez de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ante este hecho, la ONIC denunció la invisibilización por parte del Ejército de los enfrentamientos y hostigamientos en esta zona; y las afectaciones contra la población civil, además de la ausencia de un presupuesto por parte de la Alcaldía Municipal de Pueblo Rico para brindar ayuda humanitaria a la población desplazada.
Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, DDHH, DIH y Paz
Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de Colombia (ONIC)
