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El Señor Presidente de la República en el Plan de Desarrollo Nacional, siempre ha priorizado la Locomotora Minero-Energética, sin medir las consecuencias territoriales, ambientales, culturales, organizativas, sociales y políticas que tenemos que afrontar los pueblos indígenas.

En el Municipio de Orocué, Departamento de Casanare, existen ocho resguardos indígenas legalmente constituidos, asociados mediante el decreto 1088 de 1994 (ASAISOC), pertenecientes al pueblo Sáliba con una población de 1.725 personas. En la actualidad afrontamos la invasión territorial por parte de las empresas petroleras, Interoil, Vetra, Parex y Perenco. Desde el año 1995 se han venido adelantando procesos de Consulta y/o Concertación entre las comunidades indígenas y las empresas, a través de los mecanismos establecidos por parte de los diferentes gobiernos teniendo en cuenta el convenio 169 de la OIT, ratificado por la ley 21 y por la honorable Corte Constitucional como un derecho fundamental de los pueblos indígenas (Sentencia T-129/11, T-428/92, SU-037/97, T-652/98, T-634/99, SU-383/03, T-955/03, T-737/05, T-880/06, T-154/09 y T-769/09 ).

El Señor Presidente de la República en el Plan de Desarrollo Nacional, siempre ha priorizado la Locomotora Minero-Energética, sin medir las consecuencias territoriales, ambientales, culturales, organizativas, sociales y políticas que tenemos que afrontar los pueblos indígenas.

En el año 2004 el pueblo Sáliba publicó el Plan de Vida que refleja las proyecciones de pervivencia para lo cual se establecieron 4 ejes fundamentales: Territorio y Ambiente Integral, Organización y Gobierno Propio, Identidad Cultural y Comunicación y Producción y Economía Autosostenible.

En el caso territorial la superficie de nuestros Resguardos no es suficiente para garantizar el bienestar familiar teniendo como referente la UAF (Unidad Agrícola Familiar) establecida por el INCODER, por esta razón una de las principales políticas de nuestro pueblo es la reafirmación y ampliación territorial. La presencia de las empresas petroleras ha causado grandes impactos como la disminución de los Territorios por la apertura de vías y establecimientos de plataformas y la imposibilidad de cumplir con la política territorial mencionada anteriormente.

En cuanto el tema ambiental se pueden establecer dos escenarios diferentes que generan impactos gravísimos: El primero es la exploración Sísmica al que las autoridades competentes, como la ANLA y las Corporaciones Autónomas Regionales (Corporinoquia exige Medidas de Manejo Ambiental para estos proyectos) no exige el trámite de licencias ambientales, a pesar de los grandes impactos percibidos por nosotros, quienes vivimos en estos territorios, hoy vemos el cambio en nuestros ríos, caños, esteros, morichales, madreviejas y aguas subterráneas, de las cuales nos beneficiamos con los pozos profundos, que en la temporada seca ve disminuido o desaparecidos su caudal, ocasionando además, mortandad de animales y afectando la Flora a causa de la escasez de recurso hídrico El segundo escenario, son los proyectos de exploración y explotación, que, a pesar de contar con licencia ambiental generan también impactos graves como la contaminación de las fuentes hídricas y la disminución de los caudales a raíz de la utilización de agua en gran proporción para su desarrollo, las empresas tratando de maquillar su accionar y autorizadas por la ANLA han decidido no captar el agua directamente en los resguardos, pero sí lo hacen en la misma cuenca, la mayoría de las veces aguas arriba, lo que genera el mismo impacto.

Frente a los procesos organizativos, con la presencia de las empresas petroleras, estos se han debilitado a pesar que la consulta previa se hace con las autoridades legalmente reconocidas, pues en la práctica las empresas intentan desestabilizar los procesos organizativos construidos dentro del plan de vida, ocasionando la división de nuestro pueblo, debido a esta situación cada uno de los resguardos afronta los procesos de consulta sin tener en cuenta la unidad del pueblo sáliba. También se han generado conflictos al interior de cada comunidad provocada por la actitud de las empresas, las cuales se aprovechan de las necesidades individuales buscando el debilitamiento de los procesos colectivos, con el único fin de lograr el desarrollo de sus políticas.

Desde el punto de vista de nuestra identidad cultural, la población hablante de la lengua propia es apenas del 8% y este porcentaje está compuesto en su mayoría por algunos de nuestros mayores. Con los proyectos petroleros se ha acelerado el proceso de debilitamiento del uso de nuestro idioma y de la mayoría de los valores culturales del pueblo Sáliba; para estas empresas la pervivencia cultural del pueblo no es un tema prioritario, sino más bien, un obstáculo para sus pretensiones extractivas. 

Tradicionalmente el pueblo indígena Sáliba se ha dedicado a los proyectos agropecuarios y a la caza y recolección de acuerdo a los usos y costumbres, pero desde la llegada de las Empresas Petroleras algunos indígenas se han visto obligados a depender de las ofertas laborales que ofrecen temporalmente estas empresas y abandonan los proyectos productivos que garantizan la soberanía alimentaria al interior de cada una de las comunidades. Históricamente el pueblo sáliba solo ha buscado los ingresos y/o recursos que permitan su subsistencia, el trabajo en los proyectos exploratorios y extractivos genera un debilitamiento familiar, a causa del aumento del consumo de alcohol por el mal manejo de los recursos percibidos y el abandono temporal de los hogares para desplazarse hasta los lugares de trabajo. 

Esta problemática se origina a partir de la asignación arbitraria de los bloques de exploración y explotación petrolera por parte de la ANH la cual debería ser consultada. La presencia de territorios indígenas en cada uno de los bloques se verifica por parte de las empresas, después de firmado el contrato con esta entidad estatal, desconociendo las garantías que debe ofrecer a las comunidades étnicas cada uno de los organismos del estado. El papel de la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior ha dejado serias dudas, pues los funcionarios designados para los procesos con el pueblo Sáliba de Orocué, han demostrado el interés por favorecer las necesidades de las empresas; las autoridades tradicionales han tenido que enfrentar esta situación en cada una de las reuniones dejando en claro cuál debe ser la función y la forma de actuar de estos delegados que legalmente se presentan como “garantes de estos procesos”. 

La ocurrencia de estas situaciones genera una percepción equivocada de parte de las empresas, las cuales creen que tienen poder sobre las comunidades y crean un ambiente hostil en cada uno de los escenarios del proceso de consulta previa. Como pueblo hemos decidido que los Estudios de Impacto Ambiental sean desarrollados con la participación de equipos de sabedores locales y teniendo en cuenta nuestro plan de vida y los diferentes mandatos desarrollados a partir de este, gracias a esta decisión, las fases de diagnóstico e identificación de impactos y medidas de manejo se han podido llevar de buena manera. El problema surge al momento de discutir la compensación para los impactos causados, la actitud de las empresas es la de agredir a las comunidades y actuando de mala fe amenazan con excluir a los resguardos de sus proyectos, sin que esto signifique una disminución real de los impactos, pues dicha exclusión implica que los resguardos queden rodeados por plataformas petroleras establecidas en las fincas aledañas. Estas amenazas buscan dividir a las comunidades y generar falsas expectativas, con el fin de compensar lo mínimo posible, desconociendo los impactos definidos de manera conjunta. 

A pesar de toda esta problemática la decisión autónoma del pueblo Sáliba ha sido la de concertar cada uno de los procesos extractivos que se desarrollen en nuestro territorio, y la consulta previa ha sido el escenario pertinente para este fin, pues, con todas las dificultades aquí expresadas, permite salvaguardar y conservar los planes de pervivencia de nuestra comunidad. 

En diferentes ocasiones el gobierno nacional ha manifestado que la consulta previa es un obstáculo para el desarrollo de sus políticas, a pesar de lo dicho por la corte constitucional en los autos 004, 092, 051 que ordenan proteger y salvaguardar a los pueblos en riesgo de desaparición física y cultural. 

Por eso vemos con preocupación el interés del gobierno nacional de reglamentar y modificar la política de consulta previa ya que consideramos que esta modificación atenta directamente contra el espíritu de estado multicultural plasmado en la constitución de 1991, y que afecta directamente la soberanía y autodeterminación de los pueblos de la nación colombiana, para favorecer los intereses de empresas extractivas. 

Convocamos a las organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional, a la ONIC, a la OIT, a la Procuraduría general de la nación, Defensoría del pueblo, a los congresistas elegidos bajo la jurisdicción especial indígena, a los medios de comunicación tradicional y alternativa para que vigilen atentamente este proceso que pretende abrir paso para un nuevo exterminio de las minorías étnicas de nuestro país. 

Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo Sáliba de Orocué

Resolución 0177 de dic 5 de 2013 del Ministerio del Interior, dirección de asuntos indígenas

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