La presencia en Colombia del Señor Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, motivada por la invitación expresa del Vicepresidente Santos y la petición de los líderes indígenas colombianos en el marco del pasado Foro Permanente para las cuestiones indígenas, es una oportunidad única para recabar sobre la situación de los derechos humanos de estas comunidades y la respuesta de los sucesivos gobiernos ante las recomendaciones de los organismos internacionales.
Antes de abordar la problemática, es importante recordar que los relatores de Naciones Unidas tienen como función la búsqueda de información con el mayor número de fuentes posibles (gobiernos, comunidades, organizaciones, ONGs, etc.), sobre las violaciones de los derechos y libertades fundamentales de las comunidades. Esta información, previos procedimientos de consultas, la convierten en un marco de recomendaciones y propuestas sobre las medidas y actividades apropiadas que deben adoptar los estados para prevenir y remediar las violaciones señaladas. La importancia de esta visita, además del hecho político que significa tener un funcionario del mas alto nivel explorando la realidad de derechos humanos de los indígenas, radica en la utilidad de las Recomendaciones que deberá producir y que serán sin duda alguna una herramienta necesaria para promover los derechos consagrados para los indígenas en la normatividad interna, además de un soporte importante para las entidades del Estado en su propósito de identificar las deficiencias, construir políticas y adoptar las medidas necesarias para hacer realidad los derechos protegidos por los instrumentos internacionales. Nada mas oportuno entonces que recordar el editorial de El Tiempo del pasado mes de octubre, donde se señala que “si hay un sector contra el cual ésta guerra se ha ensañado de modo particularmente feroz, ese es el de los indígenas. Asesinados, desplazados o sitiados en sus pueblos por paramilitares y guerrilleros, Emberas, Kankuamos, Arahuacos, Paeces y muchas otras tribus están pagando un macabro precio por el conflicto armado. Nada más urgente que atender con firmeza sus reclamos de protección”. En medio de esta difícil realidad, un hecho comienza a ser significativo y es el reconocimiento de las diferentes entidades del Estado de la gravedad del asunto. Pero no se trata de recapitular en este escrito sobre la cantidad de indígenas asesinados, masacrados, desaparecidos, reclutados de manera forzada por los actores armados, expulsados violentamente de sus territorios o confinados en ellos por unas políticas descabelladas de todos los actores armados; o del propio Estado, que con su política de seguridad democrática ha habilitado los mecanismos para que con la “razón del Estado de perseguir a terroristas y narcotraficantes”, se bombardeen indiscriminadamente los territorios indígenas, como sucedió recientemente en el norte del Cauca, ó se detenga de manera arbitraria a una gran cantidad de dirigentes indígenas sindicados de pertenecer a los grupos armados, como ocurrió en Putumayo y Valle del Cauca. Esos hechos seguramente llegaran a oídos del Relator por diferentes vías. Lo importante es que la diligencia de las instituciones del Estado para promover los procesos contra los indígenas no ha sido la misma a la hora de enjuiciar a los responsables de las cientos de violaciones; o para proteger la vida de líderes y comunidades amparadas con medidas cautelares. La impunidad sigue siendo la campeona de un Estado de formas enérgicas y una esencia sumamente frágil, donde la vulnerabilidad de las comunidades queda a merced de los dueños de una guerra de la que quieren mantenerse al margen; y mantenerse al margen en este país de reglas para todo y sin reglas para la guerra, también es un delito. Por eso, lo que realmente nos importa es que ese diagnóstico compartido, esa realidad sabida, esas alternativas previsibles y que seguramente saldrán a relucir en el informe del Relator, sean convertidas en medidas ciertas de protección a la vida de las comunidades, en acciones ciertas de rediseño de políticas públicas encaminadas al bienestar de estas comunidades en sus territorios y al pleno ejercicio de su autonomía y de sus derechos. Entender a plenitud ese postulado de la multietnicidad y el pluriculturalismo en Colombia, pasa por reconocer que las políticas para las poblaciones indígenas tienen que estar cimentadas en un tratamiento diferencial, donde lo diferencial, mas que discursivo, sea práctico. Y es justamente ese derecho el que más nos reclama la comunidad internacional, aunque aquí siempre pensemos que hacemos lo suficiente.
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