Tras una semana de testimonios y denuncias, el Juez Héctor Fernando Álzate Vélez los encontró responsables. Los testimonios de los gobernadores de los cuatro resguardos indígenas del municipio de Riosuio no fueron suficientes para slavr el buen nombre de los embera. La sentencia se conocerá en quince días.
En una audiencia pública en Manizales el pasado 8 de junio, dos líderes indígenas de la comunidad de San Paolo fueron condenados de ser colaboradores de las Farc y del PCCC (el Partido Comunista Clandestino de Colombia), resguardo Cañamomo Lomapietra del departamento de Caldas.
Auney Antonio Tapasco y Félix Antonio Hernández, el primero candidato a la Alcaldía de Riosucio y el segundo ex Presidente del Polo, también en Riosucio, recibieron una sentencia en la capital del departamento, tras una semana de testimonios y denuncias.
Entre el 2 y el 5 de junio, semana en la cual estuvieron presentes representantes de los cuatro resguardos indígenas del municipio de Riosuio (Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña, Cañamomo Lomaprieta, Escopetera Pirsa y San Lorenzo) se escucharon una variedad de testimonios tanto en defensa de los líderes indígenas, como acusaciones de su participación en actividades y reuniones con las Farc y con el PCCC.
Gobernadores, líderes, escoltas, personas desmovilizadas, entre otros, formaron el panorama de voces compuestas en los cuatro días de la Audiencia, el quinto reservado para que un portavoz de la Fiscalía, el abogado de los señores, y un representante de la Defensoría del Pueblo presentaran sus argumentos e interpretaciones del caso al juez Héctor Fernando Álzate Vélez.
La Fiscalía dio a conocer su perspectiva de los hechos, mayormente debida a las acusaciones y afirmaciones de los desmovilizados;,acusándoles de vinculaciones y colaboraciones con la "clandestinidad", de llamadas plagadas de códigos secretos con miembros de las Farc, de ser cabecillas e ideólogos de estas organizaciones, de intercambios y muestras de armas, haciendo compras y mercado para los guerrilleros, y de ser células de las Farc, entre otros crímenes.
El abogado de la defensa, antes de elaborar los pormenores del caso, obligó a los presentes de la audiencia a que consideraran el contexto político de los indígenas de Caldas. Señaló, en cuanto a la conceptualización de las reuniones de los dos indígenas con las fuerzas subversivas, algunas de las cuales éstos no disputan, que los dos han ocupado posiciones al frente de organizaciones políticas y sociales y a ellos agregó que el Polo se define como un partido de oposición, y por ende, de persecución y de hostigamiento del Estado.
El "régimen", tal como lo definió el abogado, se inclina a despojar, desencajar y estar en contra de las organizaciones alternativas, citando al uribismo como la razón contundente por tales tendencias.
El abogado analizó movimientos como los de las Farc y el PCCC, los "microciículos", cuyas actividades, según él, están gravemente limitadas por su clandestinidad. Les acusó de asistir arbitrariamente a las reuniones de los indígenas y de no haber dinamizado suficientemente sus objetivos, (como por ejemplo la falta de impacto del lanzamiento del Movimiento Bolivariano de 2002) para poder tener una influencia tan fuerte sobre los indígenas.
Intentó desmentir los tratamientos, los de ser "ideólogos" o "cabecillas" de aquellas organizaciones, puesto que se había presentado muy poca evidencia para indicar que eran miembros leales y personajes constantes dentro de los grupos. señalados. Se criticó el menoscabo de los estudios inexactos y incoherentes del DAS, insinuando que no habían indagado lo suficiente y que faltaban testigos para comprobar las acusaciones (sobre todo de los supuestos celulares de las Farc, los cuales implicarían la participación de una cantidad considerable de individuos). Terminó por indicar que las Farc y el PCCC no son capaces de incidirse en la sociedad y someterse a la democracia, por el hecho de ser "rebeldes", algo que, por contraposición, los acusados siempre habían hecho.
El Defensor del Pueblo resaltó que esta "estigmatización" no es local, es nacional, que los indígenas son "tildados de ser terroristas," y sugirió que los testimonios de los desmovilizados, "además de ser muy imprecisos, provienen y se estriban en interés personal, lo que es una degredación del ser humano en sí mismo". Hizo un resumen criticando cada uno de los testigos y las falencias de sus palabras, aludiendo a la muta de la verdad por parte de la Fiscalía, de hechos falsos, de mentiras y de cambios constantes de fechas y detalles, a lo largo del proceso.
El obligación de un líder, según el Defensor, es trasegar todo el territorio de Riosucio sin excepción o discriminación. Le pareció "inverosímil" la pertenencia de estos señores a organizaciones con una tal orientación política, "esto no cabe ni en la mente más perversa", aseguró, dados los testimonios de tantos personajes de confianza como el líder de la Guardia Indígena del departamento,. Señaló que en su totalidad, el caso contra los acusados carecía de autenticidad.
Después de aclaraciones ofrecidas por la Fiscalía y la Defensoría, se esperó media hora la lectura de la sentencia. Eduardo Antonio, el hermano de Auney Antonio, uno de los acusados, aseguró a Actualidad Étnica que refuta fuertemente cualquier imputación en contra de su familia, y señaló que su hermano ya lleva casi siete meses en la cárcel.
Los acusados se pusieron de pie a escuchar la sentencia: "responsables". El juez justificó su conclusión, eludiendo a una "doble politización" de los embera, y usó la metáfora del camaleón, "un animal que se camufla usando diferentes colores y ubicándose para defender".
El juez reiteró a Actualidad Étnica que "lo mismo sucede con ellos, usan diferentes ideologías políticas para mantenerse clandestinos". "Hay que ser como Ghandi, incluso como Hitler, llegando al poder con convicción", agregó el juez.
Se anunció que la sentencia completa se leerá en quince días, indicando que es muy factible que los dos recibian al menos la penalidad mínima por sus acciones, es decir, 18 para Félix Antonio Hernández, ya que era Presidente del Polo y 8 años para Auney Antonio Tapasco. "Esta es la anuncia de la sentencia, ya viene la evaluación que es un proceso matemático ante un juez más alto que yo, con más experiencia y puede ser que me haya equivocado", dijo el juez encargado.
Escudando su sentencia frente a tanta incoherencia, según los de la defensa, el juez sumó que "uno no examina detalles, sino lo genérico, uno no trata de acusar al uno ni al otro, sino busca la coherencia entre todos en lo genérico... pero los pormenores sí se examinan en algunos aspectos".
"Viví cinco años en Riosucio, la mayor parte de los indígenas en Riosucio es gente buena, pero muchos indígenas han sido conquistados por ideologías perversas al Estado, de la fuerza bruta para convencer", concluyó Álzate Vélez.
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