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Preocupación despertó entre las comunidades indígenas y negras del Chocó, la decisión de la policía antinarcóticos de fumigar poco más de 240 hectáreas sembradas de hoja de coca. Como es obvio, la preocupación de los pobladores está en los impactos que las sustancias químicas generarán en una de las regiones más biodiversas del planeta, que incluyen al parque nacional de Utría.

La decisión de fumigar, que según las autoridades se inició el pasado lunes 10 de enero, afectará a más de sesenta resguardos indígenas y 13 territorios colectivos de comunidades negras del Cañón de Garrapatas - límites con el departamento del Valle del Cauca - el Medio San Juan, parte del Urabá chocoano, el Medio ATrato y el Alto, Medio y Bajo Baudó.

De acuerdo con la Organización Regional Indígena Emberá Waunaan (OREWA), la decisión fue informada pero no consultada con las autoridades indígenas, vulnerando lo estipulado por el convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado colombiano a través de la Ley 21 de 1992, que conmina al Estado a consultar con las autoridades tradicionales cuando en su territorios se proyecta adelantar acciones que pueden provocar un fuerte impacto en las comunidades.

La ausencia de un proceso de consulta por parte de la policía antinarcóticos también fue ratificada por el director de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), Jesús Nicolás Abadía, quien rechazó las fumigaciones.

Por su parte, el coronel Omar Francisco Perdomo, comandante de la Policía del Chocó, informó que en el departamento se registra un incremento en el cultivo de hoja de coca, el cual abarcaría el 30 por ciento de sus municipios.

Sin embargo, la queja de los pobladores, además de los posibles daños ecológicos y ambientales, es que las plantaciones están en medio de cultivos de maíz, chontaduro, borojó y plátano.

Su aspersión podría generar una crisis alimentaria sin precedentes. Y los temores no son infundados. Las operaciones de aspersión que adelantarán cuatro aviones y seis helicópteros adscritos al Plan Colombia, amenazarán una de las zonas más biodiversas del planeta, con un bosque tropical rico en fauna y flora.

Las autoridades indígenas afirman que es prioritario que se adelante tanto el proceso de consulta con las comunidades indígenas y negras, como un estudio de impacto ambiental, que establezca los impactos de las fumigaciones.

Cabe recordar que desde hace más de dos años, las comunidades negras propusieron que, junto con el proceso de erradicación manual de las plantaciones de coca, se desarrollara un sistema de prevención de cultivos ilícitos, cultivos manejados por los grupos armados ilegales.

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