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Bogotá, 25/08/2006. Campesinos, indígenas y afrocolombianos tienen una nueva esperanza: que el reconocimiento del aporte de las comunidades rurales al país y la generación de condiciones para elevarlo significativamente, sean una realidad. Se trata del proyecto “Por el cual se reglamentan los artículos 64, 65, y 66 de la Constitución Nacional”, alterno al “Proyecto de ley 30 Senado sobre desarrollo rural en Colombia”, presentado por el Gobierno. El pasado 23 de agosto, el senador Gustavo Petro vocero del Polo Democrático Alternativo (PDA), y por solicitud de las organizaciones sociales, radicó el proyecto 99. Se espera que esta iniciativa se debata simultáneamente a la del ejecutivo, en la comisión quinta del senado. Uno de los ponentes será el senador indígena Ramiro Estacio.

Después de más de tres años de trabajo, diversos actores sociales lograron plasmar las necesidades e intereses de los menos favorecidos del país. En un proyecto que cobija al sector del rural, fortalece la economía y beneficia a la sociedad en su conjunto, las organizaciones propusieron alternativas equitativas y sostenibles para la distribución de la tierra y el manejo del campo.

Así lo manifestaron integrantes de la Convergencia Campesina, Negra e Indígena –CNI- en donde confluyen la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, los campesinos y el Proceso de Comunidades Negras, PCN; las organizaciones campesinas de la Central General de Trabajadores –CGT-, la Confederación Comunal, el Movimiento de Autoridades Indígenas- AICO-, organizaciones del movimiento campesino, asociaciones de desplazados, ambientalistas, académicos y demás sectores sociales.

Sin embargo, esta no es la primera vez que indígenas, afros y campesinos se unen por la lucha de sus reivindicaciones en relación con las tierras. Los debates sobre la Ley 30 del 88; la Ley 160 del 94 y la Ley 812 de 2003 plan de desarrollo, son muestra de ello.

Además del patrimonio histórico de estos los proyectos entonces presentados, el Mandato Agrario (2003), es el pilar fundamental de este proyecto. Este mandato de 14 puntos por la vida digna, la soberanía alimentaria, el derecho a la tierra y la territorialidad y contra el Tratado de Libre Comercio, TLC, constituye la guía de las recientes luchas de diversos sectores rurales.

Por la soberanía alimentaria

Precisamente inspirados en los principios del Mandato Agrario, las organizaciones hicieron en el último año ajustes al proyecto para presentarlo a través de iniciativa popular, pero en vista de que este proceso toma mucho más tiempo y de que el Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, radicara el pasado 24 de julio el proyecto de gobierno, solicitaron a parlamentarios amigos que dieran curso a sus apuestas en el congreso.

A pesar de ello, la idea original no era confrontar al gobierno. Así lo manifestó a Actualidad Étnica Héctor Mondragón, asesor de la CNI y experto en el tema. “El proyecto no surge primera, ni exclusivamente como una respuesta a la iniciativa gubernamental. Es también el mecanismo jurídico para contraponerse al TLC. Nuestro proyecto se construyó para reglamenta tres artículos (64, 65 y 66) de la Constitución de 1991, que tratan de sobre la el acceso a los recursos productivos, la protección de la producción nacional de alimentos y función social y ecológica de la propiedad y de la propiedad colectiva, en consonancia con el principio de diversidad cultural”.

En ese sentido, el proyecto radicado el pasado miércoles por la bancada del Polo Democrático y los congresistas indígenas, busca proteger los derechos de los campesinos, indígenas y afrocolombianos; la producción nacional de alimento y garantizar a todos el acceso a la tierra y a los demás recursos productivos. “Son dos visiones del sector rural, la de las organizaciones está orientada a la protección de la soberanía alimentaria, algo completamente ignorado en el proyecto de ley 30 presentado por el gobierno”.

Mondragón, economista, consultor del PNUD y la OIT, autor de "Ciclo, Crisis y Reactivación Económica en Colombia" y coautor de "Desarrollo y Equidad con campesinos”, señaló que el proyecto de las organizaciones defiende la producción nacional de alimentos para que la seguridad y soberanía alimentaría sean posibles; garantiza el cumplimiento de los derechos de las comunidades indígenas y negras; reconoce los derechos de los campesinos, de manera que se restituya el aporte que dan a la sociedad; fomenta el procesamiento de alimentos nacionales por grupos urbanos fortaleciendo los circuitos regionales; contrarresta la concentración especulativa de la propiedad de la tierra y organiza el apoyo del estado a la actividad agropecuaria, recuperando las instituciones de fomento agropecuario del estado; y protege la biodiversidad y posibilita su propiedad colectiva. “Es en suma, un instrumento que en donde se aplica la constitución”.

Lo bueno, lo malo y lo feo

Por otra parte, el proyecto del gobierno es lesivo a los intereses de indígenas, afros, campesinos y desplazados. Al igual que Mondragón, integrantes de las organizaciones que lideran el proceso sostienen que la iniciativa del gobierno afecta de manera directa a estas comunidades. “Con el proyecto de la Ley 30, se quiere adecuar la economía al TCL, afianzar las políticas neoliberales y desconocer las economías populares”.

Aunque las organizaciones reconocen que el proyecto del gobierno organiza la legislación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER- en un sola ley, y que al tiempo restituye a este organismo los bienes rurales fruto de la extinción de dominio por enriquecimiento ilícito (que había perdido por la ley 791 de diciembre de 2002); es sin embargo nefasto para los campesinos y para todos los colombianos. Los efectos más drásticos lo sufrirán, por ejemplo, los desplazados.

Según Mondragón el proyecto de gobierno facilita “de una forma descarada” el despojo de tierras a los desplazados. El artículo 157 establece una nueva prescripción adquisitiva de dominio que reduce esta figura a 5 años de ocupación posibilitando que quede en manos de narcotraficantes y paramilitares la tenencia de las tierras. Del mismo modo valida “títulos amañados” entre 1984 y 1996. Cabe anotar que la primera administración del gobierno Uribe ya se había validado este tipo de títulos desde el año 1974 a 1984. Esta situación puede abrir la puerta al desconocimiento parcial o total de títulos recientes de resguardos indígenas y comunidades negras, mediante las llamadas “clarificaciones de propiedad”.

El proyecto de Ley 30, impide la constitución y ampliación de resguardos, pues estarán sujetas a los planes de ordenamiento territorial municipales. Advierte Mondragón que esta medida es especialmente mal intencionada y convierte en ley una práctica que ya existe, por ejemplo en el caso del departamento Cauca. “Esto se puede apreciar ya en el plan de ordenamiento territorial del municipio de Piendamó y en cartas de alcaldes de otros municipios en el Cauca, en donde hay una fuerte presión e la clase política para que no se adquieran tierras para los indígenas.

Por otro lado, el proyecto oficial avanza en la privatización de la asistencia técnica y la generación de tecnología nacional agropecuaria. “Las Umatas (Unidades municipales de asistencia técnica) pasarán a la historia, para dar lugar a unos centros provinciales que deberían competir por el dinero público con los gremios de los grandes propietarios y empresas privadas, quienes serán los que en últimas recibirán las ayudas financieras para la asistencia técnica que brinde el estado. De esa forma se culmina el proceso de perder la capacidad de generar nuestra tecnología, conservar las semillas nativas y potenciar nuestros saberes ancestrales propios”.

La iniciativa gubernamental da puntada final al proceso de privatización de la adecuación de tierras, que antes implicaba la redistribución de la propiedad. Ahora la intervención del estado consistirá en dar subsidio de adecuación de tierras a quienes tienen la posibilidad de presentar proyectos, es decir los recursos estarán en manos los grandes productores.

Adicionalmente, el sistema de pago por el servicio de adecuación de tierras estará determinado por el tamaño de la finca, es decir por hectáreas. Por el contrario, el proyecto por el cual se reglamentan los artículos 64, 65, y 66 de la Constitución Nacional, propone que este pago debe ser por estratos, beneficiando así a los pequeños productores.

En resumen, sostuvo Mondragón, el proyecto atenta contra los principios de soberanía alimentaria, redistribución de la propiedad de la tierra y protección de La biodiversidad y la riqueza étnica y cultural de Colombia.

Por su parte el gobierno ha expresado que el proyecto pretende satisfacer dentro de los esquemas de mercado, las aspiraciones y demandas de las comunidades y regiones pobres y promover el mejor aprovechamiento de las tierras en función del desarrollo de proyectos productivos.

Para lograr esos objetivos se propone implementar un esquema de demanda para la asignación de tierras ofrecidas, en donde las comunidades deben presentar proyectos de reforma agraria o de riego, los cuales serán calificados o puntuados según su relevancia económica y social. De esta manera los subsidios serán adjudicados a los proponentes, cuyos proyectos obtengan los mayores puntajes, lo que implica que también quienes ya tienen más recursos pueden ser beneficiarios. Espera lograr con las normas de prescripción asegurar la utilización de tierras que han quedado ociosas y mediante la clarificación de la propiedad, dar seguridad a la inversión agrícola.

Para el caso de las comunidades negras e indígenas el proyecto propone “la introducción de instrumentos que permitan racionalizar la adquisición y adjudicación de tierras a estos grupos étnicos, en correspondencia con la normatividad nacional y local de aptitudes y usos del suelo, y respetando derechos ya adquiridos”, cumpliendo requisitos como la “Articulación entre solicitudes de los resguardos y las disposiciones establecidas por los municipios en el respectivo POT”.

Los proyectos

Para conocer el proyecto de Ley “Por el cual se reglamentan los artículos 64, 65, y 66 de la Constitución Nacional”, presentado por las organizaciones sociales haga clic aquí

Para conocer el “Proyecto de ley 30 Senado sobre desarrollo rural en Colombia”, presentado por el Gobierno haga clic aquí

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