Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Santiago - Chile
Nuestro hermano Edmundo Lemun ha sido asesinado por la policía chilena. Somos testigos de como se ponen en práctica las maniobras de diversión y encubrimiento tendientes a garantizar la impunidad de los criminales.
Tenemos que considerar que la única alternativa de justicia esta en nuestras manos. Nos corresponderá la tarea de reunir los antecedentes y de solicitar la intervención de la legislación internacional en la esperanza que se aplique justicia.
En los Tribunales Civiles y Militares de Chile más de doscientos comuneros mapuche son procesados por diversas causas relacionadas con la recuperación de las tierras ancestrales, una veintena de dirigentes políticos mapuche se encuentran en la clandestinidad. El sistema judicial vigente en Chile no garantiza la administración imparcial de la justicia ni a mapuche ni a chilenos.
La arbitraria aplicación de la ley antiterrorista en contra de los representantes políticos y comuneros mapuche evidencia como los tribunales de justicia de Chile se subordinan a un orden político-jurídico. El enjuiciamiento del asesino múltiple; Augusto Pinochet Ugarte, ilustra el grado de arbitrariedad que puede incurrir un tribunal político-jurídico. Lo que para legislación Internacional es delito de lesa humanidad es para la justicia chilena impunidad.
La población mapuche registra los mas altos índices de mortalidad infantil, cesantía, y analfabetismo. El promedio de vida es 10 años menos que el resto de la población chilena. La usurpación de tierras mapuche por parte del Estado y particulares sigue sin resolverse. La construcción de represas hidroeléctricas, vertederos de basura, el tendido de carreteras a través de lugares sagrados, la concesión de derechos de tala de bosque nativo y la concesión de territorios a las empresas forestales evidencian que el Estado chileno no garantiza la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
El Gobierno de Chile se niega a ratificar el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T) de 1989. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado chileno, rechazó el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución Política.
Han transcurrido casi una década desde la promulgación de la ley No. 19.253 (5/10/93) sobre Protección, Fomento y Desarrollo de las Etnias Indígenas de Chile emanada del Pacto de Nueva Imperial (1/11/89). Pocas veces en la historia legal se ha testimoniado una tan flagrante violación de los principios enunciados en un texto legal. La experiencia indica que poco importa lo que establezca una ley indígena. El respeto o violación de cuerpo legal de esta naturaleza esta sujeto a la buena u mala voluntad del gobierno de turno. En el futuro nada evidencia un cambio de trato de la población indígena de Chile. La interpretación de la Ley Indígena esta sujeta al interés y capacidad de presión que ejerce el capital sobre la endeble institucionalidad y soberanía chilena.
Durante la campaña electoral del actual presidente de Chile; Ricardo Lagos, proclamó la necesidad de "explicarles a los mapuche que el progreso para Chile lo es también para ellos." Después de casi tres décadas de "exitoso crecimiento económico" de la economía chilena es posible concluir que el proyecto de sociedad y particularmente el "progreso" que proclama la elite política y económica chilena no genera ni bienestar social ni democracia. Libre mercado y democratización de la sociedad son incompatibles. El ajuste estructural neoliberal ha revitalizado el modelo de desigual distribución de los ingresos y de la riqueza, en la cual los indígenas han sacado la peor parte.
El neoliberalismo es el fundamento de la cohesión entre las elites del sur y el norte. Somos testigos de la más grande convergencia financiera, tecnológica y militar que se ha operado en la historia de las Américas. Las elite militar, financiera y política se proyecta convencida que la vía por la que transita es la única alternativa y que la globalización económica es inevitable. Nunca ha estado tan amenazada la sustentabilidad del planeta.
Durante la década del los noventa más de 23 países en vía de desarrollo se han empobrecido. Responsables de esta situación de pobreza e inequidad son la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; organismos que habilitan la intervención de las empresas transnacionales en el proceso de desmantelamiento los Estados Nacionales.
La globalización económica neoliberal no genera desarrollo económico ni bienestar. El capital financiero transnacional es depredador y hoy representa el mayor peligro para la soberanía de las comunidades humanas y su ecosistema. Con el desmantelamiento del Estado Nacional, la globalización económica ha eliminado la base de la alianza entre el capital y la política; dejando definitivamente sin vigencia el proyecto del Estado de Bienestar Social. La modernización en tanto aspiración de desarrollo integral y democrático no figura en la agenda del capital transnacional.
El discurso de los agentes de "progreso, desarrollo y modernidad neoliberal" se ha agotado y ha devenido en una actitud generalizada de rechazo del movimiento indígena y de amplios sectores de la sociedad chilena que ve una amenaza etnocida y ecológica. La caída del mundo sindical y de los partidos políticos actualiza la demanda por la necesidad de cambio.
Total intransigencia frente a la intolerancia de la globalización económica neoliberal y de sus agentes
Nuestro desafío atraviesa por reivindicar una lucha política global donde diariamente se libra el combate por la madre tierra, por la relación sustentable con ella y su biodiversidad. Consideramos como valores vigentes en todas las relaciones humanas los derechos sociales, el respeto a la diversidad y el derecho al bienestar social. Los medios y recursos que nos legó Ngechen alcanzan para todos. La insuficiencia de recursos y medios existe tan sólo en la mentalidad del egoísmo colectivo de los capitalistas.
Nos corresponde trabajar activamente para gestionar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas; única vía que garantiza la implementación del derecho internacional en la defensa de los intereses de los pueblos indígenas a nivel local.
Nos corresponde definir y elaborar una plataforma jurídica que legitime la noción de territorialidad y autonomía. La soberanía de territorio mapuche y chileno no es patrimonio de la clase política, militar y financiera. En un Chile sometido al libre saqueo de las transnacionales, la soberanía pasa a ser tema que le corresponde asumir a las comunidades humanas locales.
Las Fuerzas Armadas y Policía de Chile -única institución estatal que usufructúa del erario nacional- representan el mayor peligro para la libre existencia y expresión de sociedad civil. Las posiciones de mando de las instituciones armadas de Chile están bajo la responsabilidad de criminales y torturadores y no han rehabilitado a ninguno de sus miembros; asesinados o expulsados por motivos políticos.
Hay que asumir que ante nuestros ojos se lleva a efecto la revolución blanca capitalista, la globalización económica neoliberal. El "exitoso crecimiento económico" de la economía chilena obedece a los principios del libre mercado cuya consecuencia inmediata es hambre y carencia de bienestar social de amplios sectores de la población.
Nos corresponde asumir el debate frente a la miseria y marginalidad que afecta a nuestra gente y a amplios sectores de la población chilena. Nuestra lucha es por asegurar el bienestar, la justicia y la democracia, no como un privilegio sino como un derecho de todos.
Compartimos la aspiración de la mayoría marginada. Combatimos la lógica de la "racionalidad de la opulencia" de unos pocos, incluidos los revolucionarios de ayer hermanados hoy por su visión de un mundo orientado por cinismo social liberal.
Defenderemos la dignidad integral de lo que no tiene precio. Los recursos naturales, los recursos sociales son patrimonios de las comunidades humanas y su ecosistema; no son fuente de enriquecimiento de aquellos que administran "el interés nacional".
Asumimos el desafío de cuestionar la legitimidad de la concentración de la riquezas y privilegios en unos pocos. Cuestionamos la práctica de concesión al mejor postor y la privatización indiscriminada.
Cuestionamos el ordenamiento neoliberal que dicta la clase política. Los que administran el Estado chileno han entregado el país a las transnacionales, abierto las puertas al saqueo de los monopolios y capitalistas especuladores.
La clase política militar y financiera chilena le ha declarado la guerra a la sociedad civil.
Cuestionamos la legitimidad de la Ley de Seguridad del Estado y la Ley Antiterrorista. La clase política se reserva el derecho de amedrentar a la sociedad civil cundo lo estima conveniente. Frente a esta situación a la sociedad civil no le queda otra alternativa que activamente salir en la defensa de la democracia, los derechos humanos y sus derechos sociales.
Jorge Calbucura
Domingo Paine
Europa, diciembre 2002
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