Luis Fernando Arias Arias, actual Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), hace parte de la tercera delegación de víctimas que participa en La Habana (Cuba), en el marco de los diálogos de paz que sostienen el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC.

 -Arias Arias, dirigente del movimiento indígena colombiano y miembro del Pueblo Indígena Kankuamo (Sierra Nevada de Santa Marta) también es víctima del conflicto armado de nuestro país. En agosto de 2001, su abuelo paterno Salomón Rafael Arias fue asesinado; tres años después, en agosto de 2004, su tío Fredys Antonio Arias también fue asesinado, ambos a manos de grupos paramilitares. Aunado a lo anterior, como miembro del Pueblo Kankuamo, padeció en carne propia el proceso de etnocidio al que fue sometido este pueblo, especialmente en las décadas de 1990 y 2000.


En un comunicado publicado por la organización indígena, se señala que son los Pueblos Indígenas quienes han sido víctimas de la violencia desde la misma llegada de los españoles a sus territorios, hecho que los compromete a ponerle fin a este martirio, por lo que valoran el espacio de participación en la mesa de diálogo abierto para las víctimas, aunque lo consideran insuficiente.


Por ello, proponen “generar las condiciones para ampliar la participación efectiva del complejo y numeroso universo de víctimas existente de todos los sectores y grupos de la sociedad, especialmente, de los Pueblos Indígenas originarios, como sujetos políticos y colectivos de especial protección constitucional que somos y en atención, también, a nuestra condición de víctimas históricas del conflicto armado colombiano”.


-Los Pueblos Indígenas somos actores de paz. La paz es nuestro mandato de vida. El movimiento indígena colombiano ha enarbolado dentro de su lucha y razón de ser el logro de la paz en nuestros territorios y la exclusión de nuestros hombres, mujeres, niños y jóvenes del conflicto, por lo que ha construido una posición al respecto, ante el Estado y todos los actores armados ilegales. Hemos padecido el conflicto armado en todas sus formas y manifestaciones –despojo, desplazamiento, exterminio, reclutamiento, entre otros-, y nos hemos destacado por ejercer la resistencia pacífica y negarnos a participar como actor armado.


Agrega que “Nuestra apuesta y sueño de país es una paz estructural, con justicia social, lo cual conlleva profundos cambios sociales, políticos y económicos, que van más allá de La Habana, que propenda por la igualdad sustantiva y la no discriminación, dando cabida a las alternativas al desarrollo y al respeto por la madre tierra”


En el comunicado también se hace referencia a la importancia de valorar el mecanismo de la mesa de diálogo como un escenario necesario para iniciar el camino de la terminación del conflicto hacia la paz, por lo que hacen un  llamado a las partes a mantener y avanzar en la salida política y dialogada, al tiempo que instan al gobierno a la “iniciación formal de diálogos con el ELN, y en la generación de instancias adecuadas de análisis y terminación… (de) las prácticas bélicas desplegadas por los grupos post desmovilización, sucesores o herederos de los paramilitares, quienes a la fecha se encuentran vulnerando de manera sistemática y profunda los derechos de todos(as) los(as) colombianos(as) y de los 102 Pueblos Indígenas en el país. Por último instan a las partes a un cese bilateral e inmediato de las hostilidades.

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