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Guillermo Segovia Mora

Algo no encajaba al finalizar la jornada electoral que sellaría con broche de oro uno de los procesos de paz mas buscado y esperado en el país, mas acompañado y que mas expectativa genera en el mundo en los años recientes.

Contra todos los pronósticos y con una diferencia irrisoria, en forma imprevista, se impuso el no en el plebiscito convocado por el presidente Juan Manuel Santos para validarlo. No faltó quien, militante, recordara a Rivera, “Jugué mi vida y me la ganó la violencia” o, pesimista, dijera con De Greiff, “Juego mi vida, cambio mi vida, de todas maneras, la llevo perdida”. Tras el lamento, la necesidad de una explicación, o muchas, porque son diversas las causas del azar, la naturaleza y el hombre, premeditadas o inadvertidas, formales o estructurales que llevaron a esa catástrofe que le rompió el corazón al votante joven, desconcertó al elector veterano, nos dejó atónitos a todos los que optamos por el sí y en el aire la pregunta: Colombia, ¿Desaprovechará este momento civilizatorio inesperado y excepcional para superar sus taras como sociedad? o, tras la ilusión teatral ¿Asistirá asombrada a la renovación de la republica señorial que impide su salto al siglo XXI?

El plebiscito confrontó las dos colombias

Hubo una votación de convicción contra los acuerdos de la ultraderecha anticomunista, machista y beata, las huestes de Uribe, quien interpretó con énfasis maquiavélica el contenido para forzar conclusiones negativas. La que alardea de la “seguridad democrática”, considera a la guerrilla derrotada, niega su carácter político y la existencia de un conflicto, por lo cual considera que la salida es la capitulación y menosprecia las tropelías del gobierno de su líder. Se suma o, en algunos casos, coincide con la de sitios donde aún predomina la presión y la  mentalidad paramilitar.  También hubo una expresión de rechazo de pobladores de zonas con accionar de las Farc, que han sufrido los rigores de su control militar, determinaciones y abusos, sus ataques y la afectación del secuestro y la extorsión. Y, desde luego, voto castigo al presidente, a quien varios sectores le tienen cuentas pendientes o lo consideran mal gobernante, y a la dirigencia tradicional que lo acompañó que intentó limpiarse en tarima de sus lastres.

En el trasfondo de las motivaciones del no, con las excepciones, de la indignación de las víctimas, el voto castigo o la defensa del formalismo institucional, se expresa un país premoderno, cultivado por los tributarios de la república señorial perviviente, apegado a los valores que garantizan la servidumbre, la explotación terrateniente y la negación de derechos a buena parte de la población, sostenida con el temor reverencial a las doctrinas cristianas y al liderazgo mesiánico en su versión más conservadora. Uribe aprovecha tal idolatría para encubrir sus intereses personales con consignas efectistas no cuestionadas por sus seguidores. Esta perspectiva de cultura del atraso se profundiza en los análisis de los resultados de, entre otros, Héctor Abad Faciolince y John  Carlin en El país de Madrid, Juan Gabriel Vásquez en El Espectador, Marta y Ana María Ruíz en Semana. O en la  interpretación de la confrontación de antropologías positiva y negativa de Juan Carlos Palau en Razón Pública.

Para reforzar esa lealtad y ganar incautos e indecisos, la campaña del No adelantó una pedagogía de la distorsión y la mentira desleal -posverdad, le dicen- , una inmoral cruzada en la que exacerbó la “indignación” (objetivo reconocido por el gerente de la campaña) apelando a falsedades adecuadas a la idiosincrasia, la clase social o la problemática regional, descontextualizando y eludiendo la excepcionalidad que implican las negociaciones,  arrastrando iracundos votantes contra la entrega del país “al comunismo y al castrochavismo”, “el fin de la propiedad privada”, “pagar a los terroristas lo que no se gana un trabajador”, “regalar 26 curules en el Congreso a asesinos”, “volver alcalde del pueblo a un violador de niñas”, “llevar a la presidencia a Timochenko”, “dejar sin cárcel bandidos mientras miles pagan por cosas menores”, “la legalización del homosexualismo y el aborto”, “más impuestos para financiar a la guerrilla”, “quitar pensiones para subsidiar delincuentes”, “dar concesiones a los campeones del narcotráfico” y varias falsedades e infundios más.

Otro aspecto que afectó el respaldo a los acuerdos y que evidenció la falta de sincronización y ausencia de una estrategia integral en el gobierno para generar consenso nacional sobre el tema, fue la descoordinación ante la reacción de sectores conservadores recalcitrantes y homofóbicos y las iglesias cristianas frente a los lineamientos sobre educación sexual y de género que imparte el Ministerio de Educación en línea con los postulados de las agencias de Naciones Unidas, premeditada y tácticamente aprovechada para confundir, distorsionar y promover el no. Bajo la batuta del exprocurador Ordoñez y los mandos mayores del uribismo se utilizó la “propaganda negra” contra una política pública en desarrollo desde el gobierno del mismo Uribe y una ministra que por su opción sexual también fue objeto de la cruzada premoderna que provocó masivas marchas de protesta en defensa de una anacrónica y bíblica noción de familia. 

Advertido del riesgo, el presidente, que en esa materia ha expuesto sus criterios liberales, fue obligado a retroceder en público ante las sectas, con lo que los cruzados validaron su causa y extendieron la catequización anti acuerdos de manera tan mezquina que difundieron sin rubor que en ellos subyacía la pecaminosa “Ideología de género” distorsionando la gran conquista que significó involucrar en los acuerdos el “enfoque de género” en resarcimiento a las diversas formas de victimización de la mujer en la sociedad y el conflicto. La jerarquía de la iglesia católica, muchos de cuyos miembros han sido promotores comprometidos de la paz desde siempre, cometió el pecado de declararse neutral para no enojar a su clerecía y feligresía más medieval y con ello aportó su grano de arena a la derrota. 

La opción por la solución política negociada de los conflictos hace parte de una concepción humanista y civilizatoria, a principios éticos y espirituales, a niveles superiores de educación y de cultura. Un alto porcentaje de quienes votaron por el sí lo hicieron desde una íntima y definida convicción por tratarse de un derecho y un deber humano, otros, luego de conocer y analizar el proceso y el contenido de los acuerdos, de apreciar su trascendencia modernizante y de justicia para el país, de ponderar el hecho de que reclama estar centrado en las víctimas, tal vez el de mayor alcance en ese sentido de los suscritos hasta ahora en el planeta. Habrá quienes cuestionen ese apoyo por representar simpatía con las Farc o intereses politiqueros de los partidos tradicionales, que los hay, pero la mayoría, saluda la desmovilización e integración negociada de la guerrilla como un paso para superar un conflicto histórico, mide lo alcanzado en sus implicaciones para impulsar la economía rural con equidad, dignificación de sus pobladores, vivificación de la democracia, tratamiento racional al problema de los cultivos ilícitos, resarcimiento de las víctimas de la guerra, justicia reparadora y restaurativa,  confesión, perdón y reconciliación, y construcción de una memoria que con base en la verdad permita comprender el pasado y avanzar. 

Hacer conciencia sobre el proceso de paz y los contenidos de los acuerdos marcó un momento trascendental para la cultura política ciudadana, como lo demuestran las conmovedoras expresiones de reconocimiento y reconciliación con las víctimas, la visión crítica de los costos de la guerra y las valoraciones de las posibilidades promisorias de la paz, las creativas expresiones públicas para censurar la violencia como recurso para la acción política y resolución de conflictos, los debates, en particular los propiciados en las universidades, cuyos efectos desembocaron en las movilizaciones en defensa de la negociación desatadas en todo el país tras la derrota del sí, promovidas por los jóvenes. 

Lo que se esconde detrás del no 

Detrás del activismo electoral desatado en supuesta defensa de la democracia, la propiedad y la familia, las posiciones de Álvaro Uribe Vélez y los líderes del Centro Democrático (CD, más allá del cuestionamiento crítico en defensa de la institucionalidad supuestamente vulnerada -el que con argumentos forzados acompañaron intelectuales como Hernando Gómez B., Jaime Castro, Pedro Medellín, José G. Hernández y Hugo Palacios-, obedecen a sus intereses personales y del sector de propietarios de tierras por él representados, de mantener inalterado el statu quo de atraso e injusticia  en el campo y proteger el abanico de personas y sectores sobre  quienes recaen dudas de haber promovido y haberse  beneficiado del desplazamiento y el despojo ocasionados por la violencia reciente. 

De ahí su rechazo al pacto de paz en los apartes relacionados con Reforma Agraria Integral y Sistema Integral, Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en particular sus componentes de Justicia Especial de Paz (JEP) y Comisión de la Verdad. Repudio que surge de una lectura táctica para deslegitimar lo negociado desde su visión de derecha terrateniente, la aversión por los actores -Santos y Farc no son de sus afectos-, y ponerse a resguardo de los alcances de la justicia transicional, puesto que en el texto, salen incólumes institucionalidad,  propiedad privada, modelo económico y régimen político. Para Uribe la mejor manera de desnaturalizar la actualización catastral, la revisión de la titularidad de predios, las reservas campesinas y la adjudicación de baldíos, es sostener que son la puerta de entrada al socialismo. Mientras que para el país del Sí son una forma de modernizar una ruralidad enclavada en el siglo XIX y pagar una deuda de dignidad con la población rural. 

De los arreglos en justicia, algunos juristas cuestionan la estructura y competencias de la JEP por razones que van desde la envidia por su ausencia en el protagonismo hasta el dogmatismo (sustituye la Constitución, desconoce las cortes y la Fiscalía, crea una burocracia innecesaria,  atenta contra la soberanía) argumentos susceptibles de discusión, debidamente refutados por los artífices del capítulo respectivo (Santiago, Martínez, Henao, Cepeda, Leyva) y juristas como Rodrigo Uprimmy y demás miembros de DeJusticia y la Comisión Colombiana de Juristas. 

Con prejuicio y estigma se desfigura una estructura judicial que estaría conformada por magistrados que deben cumplir los requisitos de los que hoy conforman las altas corte y un mínimo de extranjeros afines. En cambio, los ataques políticos desnudan la preocupación de que en algún momento todos los actores de la violencia tendrían que acudir y confesar o negar su posible vinculación con crímenes y atenerse a las consecuencias que podrían derivarse (excepto, por acuerdo, los expresidentes, sujetos al juicio del Congreso) por lo que prefieren escudarse en la “violación al debido proceso”, la “afrenta al poder judicial” o en la “dignidad de las Fuerzas Armadas”, supuestamente mancillada, para rechazar el acuerdo sobre justicia transicional.

Para atraer a los militares e intentar  erosionar el respaldo que había ganado entre ellos la JEP, se ofrece y se pide del gobierno un “alivio judicial ausente de impunidad” vía Congreso, para lo cual el CD presentó proyecto que, por lo anterior, mas parece un truco para silenciar responsabilidades superiores frente a graves violaciones de los derechos humanos puesto que se eludiría el compromiso de la verdad (caso “falsos positivos”). Otro caballito de batalla es proponer que para evitar supuesta impunidad sea sustituida por la ley de justicia y paz que reguló los procesos contra los paramilitares desmovilizados en las negociaciones lideradas por el gobierno Uribe, omitiendo la diferencia sustancial de su carácter de delincuencia común, pues no obstante que ese gobierno lo intentó, la Corte Constitucional y el Congreso le negaron la pretensión  de darles  estatus  político y en esa medida tuvieron que someterse, con un régimen sancionatorio especial de hasta 8 años de cárcel como máxima pena, la cual eludieron la gran mayoría. Esa notable diferencia es la que olvida orondo el Fiscal Martínez Neira al promover esta posibilidad.

Los paramilitares luego de dos décadas de implementar una atroz guerra sucia, acordaron con el ejecutivo las condiciones de su aparente desintegración. El resultado de ese proceso en términos de verdad, justicia y reparación es deplorable: 30 condenados de 30 mil encausados y muy pocas tierras restituidas a sus propietarios. Los cabecillas fueron extraditados a los EE.UU. por narcotráfico, lo que paradójicamente les dio un tratamiento más favorable que aquí,  en un episodio que mantiene dudas sobre si fue una conveniente manera de evitar que la ampliación de su colaboración con la justicia pusiera en aprietos a un sector del establecimiento.

Ese “todos en la cama o en el suelo” de la JEP y la Comisión de la Verdad, tiene la ventaja de que indistintamente se podrían beneficiar de sanciones alternativas más favorables a cambio de verdad, reparación y garantía de no repetición, la guerrilla, los militares y terceros instigadores y financiadores de la guerra. Aún la pena de cárcel de hasta 20 años si no se reconoce responsabilidad por el acusado y se le demuestra, es inferior a la de la justicia ordinaria para los castrenses. Es falso que la JEP pueda crear tipos penales pues el acuerdo remite al código vigente. La objeción de que el régimen sancionatorio de la JEP genera impunidad, por priorizar penas restaurativas a reparativas, hace parte de un debate actual sobre cuál es el objetivo de la pena y qué se considera sanción, en función de la utilidad social del castigo. La razón última del Sistema de Justicia acordado es que los colombianos sepamos qué paso y quienes fueron los responsables, derecho inalienable como sociedad.

La intención de tranzar el desmonte del sistema de justicia para la paz, la persistencia de la impugnación a la falta de cárcel y la demanda de su imposición al menos a la comandancia guerrillera, pues hábilmente se ofrece amnistía a la base para tratar de provocar escisiones y compensar la propuesta de borrón para las Fuerzas Armadas, así como la inhabilidad política de los altos mandos de las Farc, es sabido de antemano son obstáculos mayúsculos a la posibilidad de desempantanar la negociación. La ONG Human Rights Watch acompañó desde el comienzo estas objeciones a la justicia de paz, advirtiendo posible desautorización de la Corte Internacional de Justicia por no cumplir sus estándares,  pero los voceros de ésta institución no han manifestado desacuerdo y por el contrario han saludado lo establecido. No cárcel y elegibilidad han sido las concesiones básicas de las negociaciones de paz en el mundo.

Es comprensible la  actitud de personas y comunidades que han sido víctimas directas o indirectas de la guerrilla, dado que en muchos casos se trata de crímenes cuyos dolientes no han superado el duelo necesario para el perdón, paso a la convivencia, e incluso, por razones ideológicas y políticas, pueden no hacerlo y mantener un reclamo de justicia retributiva con sanciones punitivas drásticas. Posición aprovechada por sectores radicales de derecha que han propiciado su organización como grupo de presión contra los acuerdos. Aun siendo entendibles  esas razones, su pretensión intransigente de retaliación no puede sobreponerse al bien colectivo de la paz, más aun, cuando miles de víctimas en el trascurso del proceso y de encuentros con los victimarios aceptaron la petición de perdón y promesa de reparación, y se han colocado al frente del apoyo a los acuerdos para el fin del conflicto, dando un ejemplo de madurez y reconciliación. 

En las razones anteriores se fundamentó la sorpresiva determinación de la mitad y 50 mil votos mas de los colombianos que votaron en el plebiscito, que apenas son un tercio del potencial electoral -63%, la media tradicional, se abstuvo en un desinterés que va desde repudiar o no sentirse incluidos en el Estado Social hasta el “importaculismo”, es decir, analfabetismo en sentido integral. Bien decía El Libertador que “Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción”. 

Cómo y quienes movieron el sí

La importante votación del sí fue inferior a las expectativas generadas por las cuestionadas encuestas que daban por ganadora a esa opción en proporciones tales que el resultado fue una sorpresa -el tal “voto oculto” vergonzante del no es la excusa de las encuestadoras a su incompetencia cuando no de su complicidad. ¿Qué pasó? Hay varias respuestas adicionales a la inadvertida, desatendida y monstruosa manipulación del electorado por la campaña del no. La naturaleza tuvo su parte por el lado del huracán Mattheu en la Costa Caribe que con sus estragos impidió la participación de muchos votantes presumiblemente inclinados al sí. 

Fue notorio el desempeño apenas formal de los partidos de la alianza de gobierno, más allá de dos o tres voceros y el tardío compromiso del distante Cambio Radical del ambiguo Vicepresidente Vargas Lleras, que a última hora, pellizcado por el presidente Santos, masculló su respaldo envuelto en una crítica a la justicia de paz, uno de los pilares de los acuerdos, consecuente con su posición tradicional de concesiones derivadas de la imposición estatal por la fuerza y midiendo qué camino es más conveniente para sus aspiraciones presidenciales. A esos partidos les interesa el acuerdo en función de eliminar una barrera a las posibilidades del modelo económico y con esa perspectiva ofrecieron su apoyo, que se desanima por las potencialidades de cambio a su cómodo estatus actual de beneficiarios del clientelismo. 

El Partido Verde, con dos ministros en el gabinete, adelantó una campaña ardua enfatizada en acabar con las Farc como amenaza contra la institucionalidad mediante su integración y en defensa integral de los acuerdos, con no pocos reparos por algunos de sus miembros al otorgamiento de curules y la inclusión por sus parlamentarias del artículo 5º. al acto legislativo que estableció los mecanismos normativos para el desarrollo de los acuerdos de paz, otorgó facultades legislativas especiales al presidente y creó un procedimiento expedido para el trámite en el Congreso. Dicho artículo condicionó la vigencia de esos mecanismos a la aprobación del plebiscito, con lo que por celo en exceso y contradictoriamente colocaron una talanquera a la posible implementación de parte de lo acordado, independientemente del resultado. 

La izquierda y el movimiento social por la paz, tras 30 años de iniciativas y movilizaciones, vieron recompensado su  trabajo con el proceso de negociación, los contenidos y la suscripción del acuerdo y se jugaron de lleno por la pedagogía y la promoción novedosa, alegre y versátil del sí. Sin embrago, participaron  fragmentados en sinnúmero de iniciativas alrededor de liderazgos en trance de posicionamiento electoral, figuración o, por el contrario, para diferenciarse de ellos desde una perspectiva ciudadana independiente. Si bien fue una muestra de diversidad y pluralismo, que compartía a la vez escenario con las campañas de los aliados del gobierno y del propio gobierno, faltó un momento decisivo unificador para que la gente entendiera que se trataba de la fuerza progresista del país unida en un propósito común y no el preludio de nuevos desencuentros. El prurito diferenciador o la ansiedad de ganar iniciativa  llevó a que una buena cantidad de votos se anularan por estar escritas las consignas “Paz sí, Santos no” de los seguidores de Jorge Robledo o “Paz y constituyente” que orientó Gustavo Petro, cuando la urgencia estratégica era que se aprobara el acuerdo. 

La estrategia de Pinochet 

La estrategia de comunicaciones gubernamental sobre los acuerdos y de promoción del sí en el plebiscito es susceptible de muchos cuestionamientos. El Presidente evaluando lo sucedido dijo que fue ingenuo creer que en el término de un mes, al que se redujo la campaña del plebiscito, se podía hacer pedagogía. Lo que es una buena pero recordada disculpa. El acuerdo dado a conocer el 26 de agosto de 2016, en muy buena medida, integró acuerdos temáticos previos que se vinieron dando a conocer con intervalos discontinuos, según la complejidad de las diferencias, desde hace tres años. Durante ese tiempo no fueron difundidos masivamente, aparte de su publicación en la página oficial de la mesa de negociaciones y puntuales reportes de prensa. 

El gobierno se quedó corto en promover la trascendencia de lo acordado, en particular en reforma rural integral, víctimas, participación política y sustitución de cultivos ilícitos, entre la población concernida para que se empoderara y, en general, para concitar el apoyo ciudadano, pero primaron, seguramente, consideraciones de prudencia, ojalá no de duda o temor a las reacciones sobre su contenido. El uribismo mañosamente reclamó también desconocimiento, pero tan los conocían que varios documentos de esa corriente desde 2014 cuestionaron, con los mismos argumentos enrevesados de ahora, los acuerdos temáticos que se iban evacuando, a lo que el gobierno respondió casi siempre a la defensiva. Comunicacionalmente al gobierno le faltó iniciativa y actuó con timidez. 

Como para los creativos del sí el dilema del plebiscito tenía alguna similitud con la  situación chilena de 1989, se inspiraron en la estrategia publicitaria que llevó allá al No a la dictadura, a la victoria. Una campaña de esperanza, de un nuevo país, de “la alegría ya viene” como fórmula para superar el terror. “No”, la película de Pablo Larraín sobre el suceso, evidencia que tal horizonte lo dio un publicista de comerciales opuesto a la línea de las organizaciones de izquierda para quienes lo motivante era recordar los crímenes de la dictadura, el terror, lo que para él creaba impotencia, falta de esperanza y resignación frente a la incertidumbre. Sabía que no obstante que Pinochet contaba con respaldo de una fuerte derecha y de sectores entusiasmados con una economía boyante, 15 años de dictadura y represión en un país de tradición democrática constituían una traba asfixiante y que una oferta atractiva de cambio en conexión con el sentir latente en la sociedad llevaría al triunfo. En ese contexto la promesa era creíble. 

Ahí la clave. La “Seguridad democrática”, en particular y en lo más cercano, operacionalizada en buena parte por el actual presidente líder de la paz negociada, mentalizó en buen grado a Colombia, más allá de la animadversión cultivada por sí misma, en el carácter de enemigo atroz de la guerrilla y en la inminencia de su derrota. Por ello, si bien para los partidarios de la paz lo plausible es la solución negociada del conflicto interno, para buena parte del país, sin desconocer su potencialidad de daño, ya son un problema superado. La campaña publicitaria del “nuevo país” emergente no era creíble, más cuando la concreción de los acuerdos es una tarea de varios años. Tampoco la advertencia apocalíptica del retorno del terrorismo a las ciudades, sin negar que pueda darse. En la puesta en escena de momentos del proceso, como las firmas en el 29 de junio en La Habana y Cartagena el 26 de septiembre, el presidente -tendrá sus razones- sobredimensionó el logro puntual (la desmovilización por negociación de un contingente guerrillero de tradición histórica) para una exagerada exhibición mediática apuntando al exterior, que causó escozor. Esto sin reparar en el Kfir aparentemente fuera de libreto que surcó el firmamento para reiterar el poder militar.

Uribe, el Centro Democrático y su aliado Ordóñez entendieron que aquí sí funcionaría la fórmula “mamerta” desechada en Chile por las fuerzas democráticas, empleada por el pinochetismo y perdedora en aquella ocasión: cundir el pánico, meter miedo, mentir (lo que dice que le aconsejaron el renunciado jefe de campaña uribista): “Viene el comunismo”, “el castrochavismo”, “el anticristianismo”, “el homosexualismo”. Advertidos de que ya no poseían la unanimidad mediática que los acompañó cuando eran gobierno si no algunos pocos de los más influyentes, trasladaron la embestida a las redes sociales, emisoras locales de todo el país, usadas con intensidad por el propio Uribe, y al activismo tipo izquierda de perifoneo, mítines, caravanas, pancartas, vallas, carros hasta en los alrededores del acto magno de Cartagena. Mientras se calificaba a Uribe de paranoico por esa osadía, sus seguidores vibraban con su arrojo. Miguel Silva, presentado como la estelar opción en estrategias de crisis por Julio Sánchez, interrogado sobre qué había pasado, afirmó “no sé” para concluir obvio que se impuso el miedo a la esperanza. Pero así ¡cómo no!

Los medios se destaparon 

Los medios de comunicación masiva jugaron un papel determinante en el resultado adverso frente a las negociaciones y el plebiscito, en particular los audiovisuales, dado que los impresos de más peso tomaron parte en favor del acuerdo, al generar o consolidar la determinación del electorado. Eso rol ha sido analizado por Mario Morales, Omar Rincón y Fabio López de la Roche. RCN Tv. tomó partido en contra de las negociaciones desde una visión contrainsurgente. Caracol, por su lado, deambuló entre coqueteos al sí sin cerrar la puerta al no. La prensa liberal nacional (El Espectador, El Tiempo y Semana), con columnistas identificados en su mayoría con los acuerdos pero con presencia de intransigentes defensores del no, como se preveía, al final se alineó con el sí. Caracol radio y La W, de la cadena Ser, con sus acentos de audiencia y vaivenes para presionar definiciones en el área de interés del conglomerado, y la tenacidad de algunos de sus periodistas, también se inclinó por la positiva. Blu radio, trasmite el mensaje de una mesa plural cargada a la derecha.

Cabe señalar que, contrario a una alineación total de la Organización Ardila Lulle en contra de la negociación adelantada por el gobierno, conclusión a la que lleva la militante animadversión dirigida por Claudia Gurisatti desde RCN Noticias tv. , su medio más influyente, maneja con pragmatismo comercial sus productos informativos y ofrece alternativas adecuadas a audiencias segmentadas: RCN La Radio dirigida por Yolanda Ruíz se destaca por su independencia, distancia, ponderación y profesionalismo, la FM, con Vicky Dávila, desvinculada por el caso de la “comunidad del anillo”, y luego Hassan Nassar, resalta por opciones derechistas y simpatías hacia el uribismo. La orientación de derecha de Gurisatti a RCN tv y NT24 construye desde hace años una línea editorial crítica hasta la manipulación noticiosa y la distorsión de los acuerdos y el contexto internacional, y es la fuente que alimenta la votación uribista. En su conjunto son la vocería del grupo en sus confrontaciones empresariales con determinaciones del gobierno.

Pero la práctica de los medios que aparentemente acompañan la iniciativa tampoco es de gran ayuda en función de la paz. Cubren las negociaciones como un hecho noticioso mas, desde la óptica política editorial y los intereses comerciales de sus propietarios, carecen de lineamientos que orienten la información desde un criterio de responsabilidad social, lo que implica darle un tratamiento pedagógico y proactivo al relato noticioso sobre el tema. En los consejos de redacción, pensando en el rating, seguramente fue aplaudida la iniciativa de “condimentar” el desarrollo de las negociaciones con reportes ciertos, exagerados o manipulados de episodios del accionar de guerra de la guerrilla, horrorosos muchos de ellos, trayendo al presente con crudeza imágenes y testimonios que en lugar de promover el ánimo de reconciliación acentúan la indignación, el rencor y, en muchos casos, el deseo de venganza. Muchos ciudadanos motivados por los acuerdos  debieron renunciar a votar o cambiaron el sentido de su voto, cuando días antes de la firma y el plebiscito, escuchaban testimonios y veían simulaciones de violaciones, secuestros, torturas y asesinatos. Había que contribuir a generar confianza y perdón y lo que hicieron fue abrir las heridas. 

En ese sentido son plausibles iniciativas como “Verdad abierta” de revista Semana, la posición editorial de El Espectador y su propuesta 2020, la del vespertino ADN “En el corazón de la guerra y la paz”, las web independientes  Pacifista, Vice y ColombiaCheck y la del Centro Nacional de Memoria Histórica, y algunas mas en lo regional, construidas en el propósito de hacer pedagogía para la paz, la comprensión del conflicto, sus implicaciones, la importancia de superarlo mediante una solución negociada, contrastar y verificar afirmaciones, y la divulgación temática y didáctica de los acuerdos. 

Del no al Nobel 

El Presidente Santos, tras aceptar la derrota y el hecho político que implica -la merma de gobernabilidad- recibió el respaldo de la gran coalición por el sí y se comprometió a proseguir con los esfuerzos de sacar adelante el proceso, abrió las puertas de palacio para escuchar las objeciones de los opositores y establecer una agenda de intercambios para concretar propuestas de ajustes, puso un primer límite al cese al fuego con la guerrilla que suspendió su desmovilización y, a través de sus negociadores, convino con las Farc, que se han mostrado prudentes pero aferradas a lo firmado, dar un tiempo de espera. 

Uribe y sus aliados de ocasión disimulan con eufemismos el propósito de fondo de acabar los acuerdos, ofrecen condiciones para la desmovilización que saben serán rechazadas y aprovechan la ocasión para adelantarse en el partidor de las presidenciales del 2018, de nuevo signadas por el conflicto. Un arsenal de alternativas jurídicas intentan retrotraer el resultado: repetir elecciones en la costa, denuncia de delitos electorales por el reconocimiento de manipulación al elector por el gerente de campaña uribista, trámite por el Congreso, imposición vía cabildos abiertos o reclamo de vigencia del acuerdo por su carácter de tratado a la luz del DIH. De darse una renegociación se propone someter el nuevo acuerdo a plebiscito.

En medio del desconcierto y la frustración del país del sí por los resultados del 2 de octubre, una rápida reacción de jóvenes universitarios inspiró multitudinarias e impactantes  movilizaciones del silencio en reclamo de los acuerdos en Bogotá, Pasto, Cartagena (5 de octubre), Medellín (7), donde mas votó el no, Cali (8) y otras ciudades, y anuncian más hasta lograr la paz. El viernes 7, el Presidente Santos y Colombia se levantaron conmocionados con el otorgamiento del Premio Nobel 2016 por sus esfuerzos de paz, que a la vez implica un respaldo inesperado y poderoso al proceso. Mientras contra el reloj se trata de salvar el acuerdo con las Farc, se anuncia la fase pública de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

En una semana de infarto, sobreponiéndose a los reveses, Colombia recordó a su otro Nobel, el de literatura Gabriel García Márquez, que ante una historia de desmesuras proclamaba: “nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía, donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra."

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