fShare

Tweet

De nuevo, y como sucede en muchos territorios indígenas de Latinoamérica, el gobierno firmó una concesión de explotación de tierras sin consultarlo previamente con los habitantes de la zona.

Así lo denunció la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, al señalar que “el día 4 de febrero de 2005, el entonces Gobernador del Departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, y James Álvaro Valdiri Reyes, en calidad de apoderado de la sucursal en Colombia de la Muriel Mining Corporation, con domicilio principal en el Estado de Colorado, Estados Unidos, suscribieron un contrato de concesión para el aprovechamiento y explotación de una mina de cobre, oro, molibdeno y otros minerales, con una extensión inicial de 2.000 hectáreas, localizada en áreas limítrofes de los municipios de Murindó, Antioquia y Carmen del Darién, Chocó, por una duración prorrogable de 30 años”.

Lo primero que haría la compañía Muriel Mining sería examinar la zona a explotar, este proceso se extendería por tres años, y traería como consecuencias la invasión de territorios pertenecientes a pueblos indígenas. Después de terminada esta etapa, la institución dispondrá de otra terna por el mismo tiempo para realizar las obras de construcción  y montaje. Según establecen los planos anexos al contrato de concesión, los pueblos afectados serían: los territorios del Resguardo Indígena de Uradá – Jiguamiandó donde se encuentra cerca de una cuarta parte de la mina y el Resguardo Indígena Embera – Catio y el municipio de Murindó en los cuales se encuentran ubicadas las tres partes restantes del área referida.

Antecedentes en otros países latinoamericanos

En países como Brasil se presenta una grave situación en su frontera con Perú, ya que una tala indiscriminada afecta a diversas poblaciones indígenas. La FUNAI también afirma que ya se han registrado graves antecedentes y conflictos por causa del mismo tema, ya que anteriormente pueblos indígenas han sido aislados como ocurrió a fines de la década del 90, cuando el norte de Madre de Dios se llenó de madereros que produjeron uno de los mayores saqueos de madera de los últimos tiempos. Situaciones como ésta fueron denunciadas por la Federación Nativa del río Madre de Dios y afluentes (FENAMAD) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio de 2005.

En la amazonía ecuatoriana grupos madereros y la Estación Cononaco donde opera Petroproducción, en el campo Auca, están generando devastadores efectos ecológicos y de salubridad en el pueblo Huaorani. José Proaño, vocero de Acción Ecológica denunció estas acciones. Los habitantes de esta zona ya sufren de afecciones de la piel, enfermedades gastrointestinales, y otros síntomas asociados a la contaminación permanente. La contaminación que ha generado esta estación ha afectado gravemente el agua de los esteros y ríos, lo que es sumamente delicado ya que las familias huaoranis utilizan estos vertimientos para proveerse de agua, e igual de importante es la pesca la cual es su mayor fuente de alimentación. No es entonces un capricho que los pueblos indígenas colombianos estén preocupados por la instauración de una nueva industria, ya que esto tiene como efectos la destrucción de la ecología, el desplazamiento y otras muchas consecuencias.

La legalidad del contrato

La Comisión Interclesial de Justicia y Paz reveló, por otra parte, que el Instituto Colombiano de Geología y Minería ha reportado que a ninguna de las solicitudes radicadas para la explotación minera en jurisdicción del Municipio del Carmen del Darién les ha sido otorgado contrato de concesión. En igual sentido, el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ha afirmado que no ha aprobado ninguna licencia ambiental en el sector de la minería para dicha área.

Pero lo que agrava la situación, es que se tiene información de otro contrato pactado por las mismas partes el día 28 de diciembre de 2004, esta concesión es muchísimo mayor ya que la extensión donde se iniciaría la explotación cuenta con un área de 16.000 hectáreas en las que se iniciará la explotación de oro, cobre y molibdeno y demás minerales concesibles. “La duración de esta  concesión seria de 30 años prorrogables y se prevé la realización de obras como la construcción de un helipuerto en la comunidad de Coredocito. Esta concesión estaría ubicada entre la Quebrada Jarapetó, quebrada de Taparos, el Río Murindó y La Rica. Un total de 11.000 hectáreas correspondería a la jurisdicción del municipio de Carmen del Darién y las 5.000 restantes, al municipio de Murindó”, testificaron en su comunicado.  

Los pueblos indígenas hacen un llamado de atención a las autoridades, ya que arguyen que pese a que el Estado de Colombia es parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y ha dictado Leyes como la Ley 70 de 1994 e incluso, el Código de Minas, las comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario del Jiguamiandó no han sido notificadas, informadas o consultadas por ninguna entidad publica de la realización del mencionado contrato de concesión y de la explotación minera que se realizará sobre cerca de 500 hectáreas de su territorio colectivo.

Las minorías étnicas afectadas afirman haber estado excluidas de cualquier decisión, trámite, audiencia, intervención, o procedimiento público para el otorgamiento de ese contrato, y que lo más grave es que el Estado no analizó los impactos económicos, sociales o culturales para las comunidades indígenas. Los afectados argumentan que este tipo de actividad de explotación minera afectará los valores culturales, sociales y sobre todo económicos de la región, además afirman que también afecta la libre decisión frente a la explotación de los recursos naturales que se hallan en su territorio y a la conservación y uso sostenible del ambiente, “tal y como se ha establecido en los artículos 121 y 259 del Código de Minas, el articulo 44 de la Ley 70 de 1994 y los artículos 4, 6, numerales a y b y 15, numeral 2, del Convenio 189 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo”, enfatiza la Comisión Interclesial de Justicia y Paz.

Tweet

Share

0