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Por Mario Serrato

A Carolina

Efraín Ríos Montt fue presidente de Guatemala por allá en 1982, y hasta 1983, es decir, en plena época de Reagan. Un golpe de estado sangriento, pero muy efectivo, sin duda apoyado desde el extranjero, le permitió derrocar al presidente legítimo e imponer un nuevo gobierno fuerte y capaz de reaccionar a la amenaza que representaba la reciente victoria sandinista en Nicaragua.

Su único propósito: evitar que el comunismo llegará a su país. Asunto que las ultraderechas y militares de esa agobiada nación, apoyaron de forma que hace pensar en que siguieron al pie de la letra los libretos  de la doctrina de la seguridad nacional elaborada en el pentágono, modelo de obligada observancia por todos los militares de alto rango de América Latina durante la guerra fría.

En su tarea de erradicar el comunismo de cualquier manera, se hizo nombrar jefe del legislativo, del ejecutivo y comandante en jefe de las fuerzas armadas, tras ello se puso en la tarea de escoger enemigos(por lo general resultan ser los más débiles).

En esta ocasión los seleccionados fueron los indígenas ixiles, en su mayoría habitantes del Estado de Quiché, en el nororiente de Guatemala.

En efecto, en 16 masacres perfectamente documentadas y relatados por más de 63 testigos en reciente juicio, fueron asesinados 1771 indígenas indefensos y violadas un número alto de mujeres(niñas, adolescentes y ancianas) a los que el dictador, afamado borrachín calificaba de enemigos de la patria.

Ni en los cadáveres que fueron ocultados al mundo por largo tiempo, ni entre las casas de los  muertos, o en los campos donde trabajaban, encontraron jamás un arma diferente a un cuchillo de cocina, algunos machetes de labriegos o unas cuantas hachas de leñadores.

Durante tres décadas de vida política y de impunidad, el general golpista y fanático religioso,  gozó de las mieles del poder, el cual obtuvo de modo descarado a través de un pelele llamado Antonio Portillo con quien cogobernó a Guatemala entre 2000 y 2004 en un cuatrienio considerado el más corrupto de la historia de esa nación centroamericana, periodo en el que ostentó la muy influyente condición de presidente del congreso.

Un lustro después, algo reducida su influencia en la vida guatemalteca, algunos miembros de la etnia Ixil sobrevivientes de sus masacres infames, apoyados por un grupo de valientes abogados y periodistas ansiosos por conocer la verdad, lograron sentarlo en el banquillo de los acusados. 
En el juicio, desarrollado en un poco más de dos años, se escucharon más de medio centenar de testimonios en cuyos relatos se obtuvo una prueba irrefutable con la que se demostró la responsabilidad del general Ríos  Montt en las masacres de los indígenas Ixil.

Los abogados defensores, ante la evidencia insuperable, decidieron salir del recinto en que se adelantaban los testimonios, apagar sus celulares y ocultarse de la vista de la Jueza Carol Patricia Flórez, quien, al encontrar sin defensa al general, decidió anular el juicio, desconocer los testimonios y negar las solicitudes de las víctimas en las que pedían fueran nombrados apoderados de oficio para continuar el proceso.

La Jueza también argumentó que el proceso debería reiniciarse casi desde el principio y que la justicia estaba asegurada con la continuidad del juicio, una vez se enmendaran los errores de procedimiento que según la jurista, precipitaron la nulidad. Dichos errores son los testimonios. es decir, el error fue disponer de la prueba.

Es cierto, el proceso puede continuar, seguramente habrá mas testimonios de sobrevivientes con los cuales suplir los anulados, sin embargo, debe considerarse que el general Ríos Montt en la actualidad tiene 86 años y cuando vuelva a darse la posibilidad de sentarlo en el banquillo de los acusados en Guatemala, es posible que haya muerto y su funeral con honores y reconocimientos internacionales, constituya una afrenta más a los 1771 indígenas Ixil a quienes asesinó protegido por su condición de Presidente.

Resulta decepcionante que la justicia, en pleno siglo XXI, se aplique de esta manera cuando se  trata de indígenas o de grupos en manifiesta condición de debilidad. La Corte Penal Internacional, con la extraña nulidad del juicio de Ríos Montt y la descalificación de los testimonios en su contra, dispone de razones que hacen imperativa su inmediata intervención.

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