Guillermo Segovia Mora                            

La imagen es sugestiva. El periodista, ahora concejal de Bogotá, Hollman Morris, se da un apretón de manos con el expresidente, ahora senador, Álvaro Uribe, luego de conciliar para dar por terminado el proceso penal iniciado por el primero con la denuncia por injuria y calumnia contra Uribe por las afirmaciones de éste en un debate en el Senado sobre sus relaciones con el paramilitarismo, promovido por el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda. Entonces, soberbio, como en tantas otras ocasiones en sus ataques públicos contra sus contradictores, Uribe no se midió en palabras para señalar a Morris y a Canal Capital, el medio que dirigía, de “serviles al terrorismo”. Luego acudió a la Corte para denunciarlos y ratificarse. Pero en la audiencia de conciliación lució extrañamente calmado y cauteloso frente a la expectativa de Hollman.

 

 

Una acusación grave y terrible  -aparte de constituir delito en el Código Penal, convierte al acusado en objetivo militar- que, como tantas otras en un país acostumbrado a tolerar los abusos de quienes tienen la sartén por el mango, por servilismo al poder o falta de conciencia ciudadana, parecía se iba quedando en las anécdotas de café hasta olvidarse, con la complacencia del fanatismo, acertadamente denominado “furibismo” -“lo puso en su sitio”, corearon-, si no es porque Morris, empoderado en sus derechos y claro que el Estado de Derecho no es una figura vacua, entabló la acción judicial. Otro “pantallazo” dijeron algunos periodistas ponzoñosos mirando con el foco corto de la enemistad.

Uribe ha tenido en las cortes, con algunas excepciones derivadas del alineamiento político o la capacidad nominadora, un hueso duro de roer. Y este caso no fue la excepción. La acusación, a menos que pudiera probar que el lineamiento editorial de promoción de los “derechos humanos y una cultura de paz”, establecido por Morris para el canal, y la transmisión de un debate parlamentario de interés público, eran servicios prestados a una organización al margen de la ley, es pendenciera y deriva en la comisión de varios delitos con el agravante de hacerse por un servidor público y a través de medios masivos que amplían el impacto. Como en el proceso por el delito señalado es requisito la conciliación judicial, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia en conocimiento del caso, citó audiencia con tal fin, aplazada por inasistencia de Uribe en primera ocasión.

Finalmente, el 29 de julio de 2016, tras cuatro horas de reclamos, señalamientos y discusión, a instancias del magistrado, las partes llegaron a un acuerdo que implicó la retractación pública de Uribe de sus acusaciones y la aceptación por parte de Morris, poniéndose así fin al proceso. El hecho, dados las fuertes confrontaciones precedentes, constituyó una sorpresa y fue registrado por todos los medios de comunicación que, en el ambiente nacional atravesado por el proceso de paz, lo calificaron como un gesto de reconciliación, que resaltó más aún al producirse el mismo día un abrazo en acto público de promoción de la paz, entre familiares de “Jorge 40” y “Simón Trinidad”, representativos jefes del paramilitarismo y las FARC, bandos armados confrontados en una guerra atroz, presos en EE.UU. Si bien ambos episodios y  sus protagonistas parecen orientados con la misma voluntad, en el caso del expresidente caben interpretaciones.

Álvaro Uribe, como se dice coloquialmente, no tenía de otra: no acudir o ratificarse era dar continuidad a un proceso que en un recto proceder de la justicia le iba a ser desfavorable aunque en largo plazo. Además, es apenas uno y no el mayor sanción, del cúmulo de denuncias e investigaciones que se adelantan en su contra, de sus hijos y hermano, varios de una gravedad tal que de ser llevados por los cauces legales sin interferencias y demostrarse, constituirían casos aberrantes y escandalosos de violaciones a los Derechos Humanos, venalidad y abuso de poder.

De otra parte, si bien, a fuerza de los hechos, Uribe ha venido cediendo en su rechazo inicialmente tajante a los acuerdos de paz, tratando de legitimar su intervención para intentar retrotraer la negociación en aquellos puntos que lo afectan a él, su entorno o su visión de democracia, como reducir al máximo la restitución  de tierras  a los despojados por el paramilitarismo, en causa común con el Procurador y los ganaderos adeptos de Lafaurie,  bloquear  la participación política de la insurgencia y un posible frente alternativo con posibilidad  electoral en el mediano plazo y sustraerse a las responsabilidades en la violencia a determinarse por el Sistema Integral de Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, es claro que no va a dejar de cuestionar lo pactado en La Habana.

Tampoco el plebiscito, a pesar de que se anuncia que promoverá el no  -de paso legitimándolo si le favorece- , con gran incertidumbre de la opinión pública sobre sus posibilidades, pero cuyos resultados, desde una difícil victoria hasta una pírrica votación, reclamará como un mandato ciudadano para que se revise lo andado en La Habana, bien en la escena política pública o la a través de la enigmática  “resistencia civil”. Por eso, al tiempo que anuncia con sus huestes su participación, arrecia la campaña contra el gobierno para embolatarlo con falsas acusaciones sobre favoritismo, presiones e imparcialidad que lo hagan responsable de desconocer lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencia aprobatoria de la ley plebiscitaria de la paz.

Nada mejor para ganar credibilidad hacia esos objetivos que ceder en el orgullo y aceptar desdecirse pero poniendo la razón en la credibilidad del ofendido -“Él me ha dicho que no es y le creo”-, para reconocer que agravió a Morris y al colectivo de Canal Capital. Hollman no estaba obligado a conciliar y ha podido darle largas al asunto e incluso sacar provecho personal del mismo. Más aún, el solo ánimo de resarcimiento ante la insidiosa persecución de Uribe en su contra mientras ejercía el gobierno, de lo que son prueba irrefutable las denuncias de organizaciones de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, los fallos por las “chuzadas” y persecución del DAS,  que le montó un impresionante esquema de espionaje, amenazas y presión    -al estilo del narrado en la “Vida de los otros” por los servicios secretos de la extinta RDA-  detallado en el libro de Julián Martínez, e incluso afirmaciones anteriores del hoy senador, de las que también tuvo que retractarse judicialmente. La sola rabia del ofendido pudo llevar a Morris a perseverar en la acción judicial buscando castigo.

Prefirió perdonar como un gesto de motivación hacia el respeto de los Derechos Humanos, la solución negociada del  fin del conflicto, los Acuerdos de La Habana y la búsqueda de la paz, posición que ha mantenido siempre y que le valiera un reconocimiento en acto de desagravio por parte del propio Presidente Juan Manuel Santos, por unas desafortunadas afirmaciones cuando fungía como Ministro de Defensa de Uribe. Por todo esto es claro que son bien distintos los motivos de la conciliación, aunque el hecho sea significativo en cómo resolver los enfrentamientos entre los colombianos. No obstante, el camino ideal debe ser el respeto, más aún de quienes desempeñan dignidades. Sería mejor no agraviar.

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