El senador indÃgena Francisco Rojas Birry y la Representante de las comunidades afrocolombianas Maria Isabel Urrutia, emitieron este 29 de julio un comunicado de prensa en el cual informan la radicación de un Proyecto de ley “Por medio del cual se establecen medidas para la protección de los sistemas de conocimiento tradicional y acceso a los recursos biológicos a los cuales están asociadosâ€.
“Este es un el Proyecto por la dignidad nacional†dicen sus autores y constituye un hecho histórico en Colombia, especialmente para los pueblos indÃgenas, afrodescendientes, raizales, gitanos y campesinos, ya que está “encaminado a desarrollar y profundizar el concepto de discriminación positiva, en virtud a que busca favorecer a los grupos étnicos que por décadas han vivido en condiciones sociales, culturales, económicas y polÃticas de marginación y exclusión, y sufren de elevados niveles de pobrezaâ€.
“La iniciativa presentada tiene el propósito de contribuir a suplir la carencia en Colombia, de medidas legislativas y jurÃdicas que reconozcan, valoren, perpetúen, desarrollen y protejan los sistemas de conocimiento tradicional asociados a los recursos biológicos; en ese sentido, contempla la creación del Instituto Nacional de Etnociencias “ Manuel Zapata Olivellaâ€.
“La propuesta sustenta que los sistemas de conocimiento tradicional y los recursos biológicos a los cuáles están asociados constituyen un derecho humano fundamental, son patrimonio colectivo comunitario por ello son inalienables, imprescriptibles e inembargables y crea los mecanismos para prevenir que sean afectados por derechos de propiedad intelectual individual y monopólicos como las patentesâ€.
El Proyecto de Ley incluye medidas para controlar y sancionar la biopiraterÃa, además contempla el derecho perpetuo comunitario sobre sus conocimientos. Propone medidas para establecer las reparaciones ó compensaciones a que tienen derecho los pueblos tradicionales de Colombia sobre sus recursos biológicos y los conocimientos tradicionales asociados, sacados del paÃs sin el consentimiento informado previo comunitario.
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