La reunión de lunes entre el Presidente estadounidense Obama y su homólogo Colombiano, Álvaro Uribe, señala un cambio en la política estadounidense con respecto a Colombia, con un mayor enfoque en derechos humanos.

"Elogiamos que el Presidente Obama haya expresado sus dudas acerca del escándalo de inteligencia, la práctica continua de ejecuciones extrajudiciales y la posibilidad de que Uribe busque un tercer mandato," dijo Kelly Nichols, Directora Ejecutiva, Oficina Estadounidense para Colombia. "Organizaciones de derechos humanos colombianas y estadounidenses aprecian al Presidente Obama y su apoyo público de líderes de labor y derechos civiles, al igual que su enfoque en la importancia del estado de derecho y de la transparencia"

El Presidente Obama manifestó su desacuerdo, de manera cortés, frente a la posibilidad que el Presidente colombiano enmendé la Constitución de Colombia para buscar un tercer periodo de mandato cuando comentó, "nuestra experiencia en los Estados Unidos es que dos periodos de mandato son suficientes, y que después de ocho años la gente estadounidense esta lista para un cambio."

En efecto, la segunda re-elección presentaría una seria amenaza al equilibrio de poderes en organismos de gobierno necesario para mantener una democracia estable. El Presidente Uribe adquiriría la capacidad de nombrar a sus aliados políticos a puestos titulares de cualquier institución autónoma del Estado. Eso incluye: la mayoría de los jueces de la Corte Suprema y la Corte Constitucional, el Fiscal General, el Procurador General, el Defensor del Pueblo de Derechos Humanos, el Contralor General, el Banco Nacional, y el Consejo de Transmisión.

El Presidente Obama también expresó que los Estados Unidos colaboraría con Colombia para avanzar el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Colombia. Nuestras organizaciones enfatizan que Colombia tiene que mejorar el estado de sus derechos humanos antes de que se discuta la posibilidad de cualquier tratado de libre comercio. Esto incluye: evitar impunidad en casos de violencia frente a sindicales y otros casos de derechos humanos, reforzar el respeto por los derechos laborales, y encarar el escándalo para-político y la rehabilitación de grupos paramilitares.

En un discurso ayer, el Presidente Uribe aseguró que el enfoque de su gobierno es crear confianza en Colombia. Sin embargo, el escándalo de inteligencia, que gracias al Presidente Obama surgió como tema en esta reunión de mandatarios, impide la creación de confianza.

Siguen surgiendo pruebas comprobando que en los últimos siete años, DAS, la agencia presidencial de inteligencia del Presidente Uribe, incurrió en intervenciones telefónicas ilegales y vigilancia de centenales de defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sindicales, políticos de la oposición, y jueces de la Corte Suprema. Esta agencia presidencial observo también a las familias de los mismos, y hasta llego a espiar a organizaciones de derechos humanos internacionales y estadounidenses.

En el discurso de hoy, el Presidente Uribe manifestó la grave inquietud de su gobierno por la protección de líderes sindicales. Sin embargo, si así es, pregunta Lisa Hauggard, Directora Ejecutiva, Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, "¿Por qué los mandatarios colombianos siguen infamando a sindicalistas y otros defensores de derechos humanos como simpatizantes guerrillistas, y por qué no se investigan, efectivamente, amenazas frente a estos líderes sociales?"

Finalmente, el Presidente Uribe notó, correctamente, en su discurso hoy que la falta de viviendas es un problema serio para los más de cuatro millones de colombianos desplazados en el interior del país. No obstante, las viviendas forman solo una parte de una multitud de servicios básicos que el gobierno Colombiano carece de proveer, pese a sus obligaciones bajo ley nacional e internacional.

"Las autoridades Colombianas no están proporcionando los programas de prevención y protección adecuados, lo cual se ve en el crecimiento del desplazamiento por el 24 por ciento del 2007 al 2008 y por el aumento de violencia en contra de lideres de personas desplazadas," comento Gimena Sánchez Garzoli, Coordinadora Principal para Colombia, Oficina de Washington sobre Asuntos Latinoamericanos. "El gobierno Colombiano empezó a tratar de solucionar esta grave crisis humanitaria después que su Corte Constitucional dicto múltiples ordenes judiciales obligando al gobierno a actuar."

Comentarios   
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