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Por Hernán Molina Echeverri*

En las últimas décadas se presentan cambios significativos respecto a las dinámicas del poblamiento indígena y aparece la creciente urbanización de la población como uno de los factores más importantes.

La migración de la población indígena hacia las ciudades es un nuevo fenómeno, que adquiere relevancia y se acrecienta, con el impacto del conflicto armado que continuamente alimenta el desplazamiento forzado de la población.

La participación de la población indígena en las ciudades no se refleja en el desarrollo de políticas que tiendan a garantizar el ejercicio de los derechos de este segmento de la población, y al contrario, la tendencia es a que se integren de forma marginal y en condiciones que conllevan a la deculturación. 

Cifras de los sistemas de información

Para entender las migraciones de lo rural a lo urbano, hay que hacerlo desde una lectura  en los distintos sistemas de información donde se esboza la real dimensión de la migración de los indígenas asentados en los cascos urbanos de Colombia. Comparando las cifras poblacionales referentes a pueblos indígenas,  el censo de 1993 arrojó un total de 532.233[1]personas de distintos pueblos, en relación con el censo de 2005, aparece un registro de 1.392.623[2] indígenas. Observando la variable indígena concentrada en los cascos urbanos del país, para  el mismo año de 1993 dicho censo  hablaba de 60.188 indígenas  urbanos, mientras que el censo de 2005 hace alusión a un total de 298.219[3], de los  cuales 198.424 están concentrados en las ciudades capitales.

Las ciudades capitales del país con mayor número de población indígena son Sincelejo, Riohacha,  Valledupar, Bogotá, Cali e Inírida. En el caso de Riohacha,  ello obedece  a que es un enclave dentro del territorio ancestral, incluso, los habitantes de esa ciudad son  en su mayoría de la etnia wayúu. De forma similar es el de Valledupar, como es sabido el resguardo de Atánquez  se encuentra en esa zona, razón por la cual esta dinámica poblacional hace  que  haya una fuerte concentración de población indígena en sus alrededores, es al mismo tiempo, un enclave dentro del territorio ancestral. Caso paradigmático es el de Bogotá: el censo de 1993 muestra un consolidado de 1.298 indígenas habitando la ciudad, lo que indica un crecimiento relativamente alto frente  al total  del censo de 2005 que es de  15.032[4]indígenas urbanos, es decir, la variación   de la población indígena de la capital de la república  entre uno y otro censo fue de 1.158%.

En lo relacionado a población indígena desplazada por motivos asociados al conflicto armado las cifras de la  oficina de  Acción Social nos indican que en el Registro Único para la Población Desplazada  a Febrero 28 de 2011 hay un total de 92.269 indígenas en la modalidad de desplazamiento, de los cuales 39.131 se encuentran en las ciudades capitales del país, es decir un equivalente al 42.4% del total nacional de  población indígena desplazada. Las ciudades con mayor recepción de población desplazada son Bogotá, Inírida, Valledupar, Cali, Mocoa, Popayán y Pereira.  -Ver Tabla 1

Tabla No. 1 Total de Población DANE en ciudades  y total de población desplazada en el Rupd

Se evidencia que Bogotá sigue siendo una de las principales ciudades receptoras de la población desplazada en el país. Con una población de 15.032 indígenas según el DANE, de ellos, 7.288[5] se tipifican bajo la figura de  desplazados equivalente al 48.48%. En segundo lugar, Inírida y Valledupar  con 3.733 y 3.335 respectivamente. Por lo tanto, casos como los de San José del Guaviare y Yopal reflejan una preocupación dado que es mayor el número de población desplazada  frente al total de  la población indígena para esas dos ciudades.

Políticas públicas

Es de resaltar que  en distintas ciudades del país los procesos de construcción de política pública han sido incipientes y no se muestran mayores avances. En el  caso de Bogotá  se tiene concertada  y formulada una política pública para los indígenas de la ciudad y un Plan de Acciones Afirmativas.  A Pesar de la formulación del  Plan de Acciones Afirmativas se persiste la violación sistemática  de los derechos fundamentales, representada en los derechos colectivos, civiles y políticos. Todo este compendio de derechos desde el punto vista jurídico y normativo desemboca en la necesidad de construir  políticas públicas con un enfoque diferencial teniendo en cuenta la dimensión de la salvaguardia  y protección de la integridad física y cultural de los pueblos originarios al amparo  de lo consagrado en la sentencia T 025 de 2004 y del Auto No. 004 de 2009 emanado de la Corte Constitucional de Colombia

La política de protección de la población indígena en Bogotá

Mediante  el Acuerdo 359  de Enero 5 de 2009  se establecen los lineamientos de política pública para los indígenas en Bogotá D.C., lineamientos que se asumen en el marco de una política de acciones afirmativas, las cuales según la Corte Constitucional en sentencia C-371 de 2000 considera que “con la expresión acciones afirmativas se designan políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, o lograr que los miembros de un grupo sub-representado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor representación”.[6]

Lineamientos de Política

Incluye los siguientes ejes:

·Fortalecimiento de la identidad cultural y ejercicio de derechos de los pueblos indígenas en el Distrito Capital y mejoramiento de sus condiciones de vida.

·Garantía de atención oportuna e integral, con enfoque diferencial, a la población indígena en situación de desplazamiento forzado por la violencia, en responsabilidad compartida con el gobierno nacional.

·Promoción de relaciones de entendimiento intercultural entre los indígenas y el conjunto de la población bogotana.

·Promoción de Bogotá, D.C. como ciudad multiétnica e intercultural, incluyente de todos los grupos culturales y sociales con identidades indígenas particulares. Una ciudad solidaria y respetuosa de la diversidad.

·Erradicación de prejuicios, estereotipos y prácticas sociales y simbólicas de discriminación e inequidad hacia los indígenas, por razón de su etnicidad.

·Reconocimiento y apoyo a las iniciativas de los pueblos indígenas, relacionadas con la acción política no violenta, la resistencia civil y la solución política al conflicto armado.

·Promoción de relaciones de corresponsabilidad social, transparencia y confianza entre el Distrito Capital y las autoridades y organizaciones indígenas.

·Garantías para el funcionamiento de los cabildos indígenas, en su calidad de entidades públicas de carácter especial que cumplen funciones administrativas, legislativas y jurisdiccionales en sus asuntos comunitarios.

Bogotá es una de las ciudades del país que mayor reconocimiento ha dado a los Cabildos indígenas urbanos. Este proceso en la política de reconocimiento de la diversidad cultural ha llevado a que de cinco cabildos legalmente reconocidos se pase a un total de catorce.

* Profesional en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás. Consultor e Investigador Social en Derechos Humanos y pueblos indígenas. Asesor de Cecoin. 

[1][1] DANE. 1993. Censo Nacional de Población y de Vivienda

[2] DANE. 2005. Censo Nacional de Población.

[3] Información desglosada del Censo de 2005

[4] Ibid.

[5] Acción Social. 2011. Registro Único de Población Desplazada a febrero 28 de 2011

[6]Corte Constitucional en sentencia C-371 de 2000

Fuente:http://www.observatorioetnicocecoin.org.co/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=103

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