Como lo mencionábamos antes, la tierra se convirtió en una grave problema para los raizales. En cinco décadas los territorios de los raizales han pasado a ser propiedad de los colonos blancos, en un proceso de despojamiento que involucra inequidad y ausencia de políticas gubernamentales locales y nacionales para proteger los derechos adquiridos.

Es por ello que dentro de las demandas que realizó este pueblo en el mes de junio del año 2001 están:

1. Creación del instituto de tierras, a mas tardar el 30 de septiembre del presente año, con el fin de adquirir tierra en el archipiélago para fines de conservación ambiental o para adjudicarla a raizales en forma individual o colectiva para vivienda, agricultura u otros usos.

2. Adjudicación al instituto de las siguientes tierras: Todas las confiscada a personas que las han adquirido con dineros ilícitos. Y algunas otras que son propiedad de entidades oficiales como las de Telecom en Sarie Bay, el Hotel Isleño, el antiguo cementerio de Sprath Bight, los predios donde funcionaba la fabrica de grasas en Cove Seaside y el terreno de las Fuerzas Armadas lindante con el mar o la playa en el sector de Rocky Cay.

3. Destinación de recursos por el monto de 15.000 millones de pesos anuales a partir de la vigencia fiscal de 2.001 aportados por el gobierno nacional por los próximos 20 años para la adquisición de tierras por parte del instituto de tierras.

4. Reubicación de residentes legales colombianos y extranjeros de San Andrés a sus tierras de origen a fin de reducir la densidad poblacional de la isla a un máximo de 1.200 habitantes por kilómetro cuadrado. Para el efecto, exigen el nombramiento de un Comisionado Especial del gobierno nacional para liderar el programa de reubicación bajo la supervisión del pueblo raizal.

5. Transferencia de los recursos necesarios para el eficaz funcionamiento de la Oficina de Control de Circulación y Residencia, OCCRE. Concretamente exigen 2.600 millones de pesos para el presente año y 1.000 millones al año a partir de 2.002 para sistematizar la oficina y dotarla del personal técnico y profesional y los equipos que requiere para, entre otras cosas, impedir la llegada de mas personas en forma ilegal.

6. Deportación de todas las personas que se encuentran ilegalmente en el archipiélago de acuerdo al Decreto 2762 de 1.991. El gobierno nacional debe llevar a cabo batidas semanales, inclusive en los almacenes, hoteles y barrios piratas, garantizando los medios y recursos necesarios para deportar a todos los ilegales en un término máximo de seis meses. Además, demandan la revocatoria de todos los nombramientos en cargos públicos vigentes efectuados de personal no residente del archipiélago, tanto de carrera administrativa como de personal de libre nombramiento y remoción.

7. Revocatoria de todas las concesiones otorgadas por el gobierno nacional para construcciones en zonas de playa y mar del archipiélago. El proceso debe empezar inmediatamente y culminar a mas tardar el 31 de diciembre del presente año. Las respectivas edificaciones con sus anexidades y mejoras deben ser destinadas al instituto de tierras.

8. Todos los magistrados, jueces, fiscales, procuradores, profesores, notarios, policías, militares, directores de entidades oficiales y demás funcionarios en puestos de atención al público en el archipiélago deben saber hablar criol, o sea el inglés comunmente hablado en el archipiélago de que trata la Ley 47 de 1.991. Este requisito debe cumplirse por lo menos en un 50 por ciento a mas tardar el 31 de diciembre de 2.001 y en su totalidad a mas tardar el 30 de junio de 2.002. Se debe garantizar que por lo menos el 80 por ciento de dichos cargos sean ocupados por raizales.

9. Culminación de la discriminación practicada contra el pueblo raizal en el sector privado del archipiélago, garantizando que a mas tardar el 31 de diciembre de 2.001 por lo menos el 80 por ciento de los empleados en todos los hoteles, aerolíneas y demás empresas comerciales sean raizales.

10. La no aprobación por el gobierno nacional de macro-proyectos en el archipiélago -tales como el muelle turístico internacional y la base de guardacostas- sin el consentimiento libre e informado del pueblo raizal por intermedio de representantes elegidos exclusivamente por él, acorde con sus propios procedimientos.

11. Condonación a mas tardar el 30 de septiembre de 2.001 de la deuda de la gobernación del Departamento archipiélago con el gobierno nacional y la asunción por el gobierno nacional de las deudas que tiene la entidad territorial con entidades privadas a fin de permitir mayores inversiones departamentales en proyectos sociales en beneficio del pueblo raizal, recordando que es mas importante invertir en la consideración de la paz que en la recuperación de la paz.

12. Apoyo total a la administración del gobernador Ralph Newball.

13. Reconocimiento de todo el archipiélago, incluyendo el mar de las zonas costeras, los cayos y bancos, como territorio del pueblo raizal.

14. Respeto y reconocimiento a las autoridades propias del pueblo raizal bajo un nuevo sistema de gobierno para el archipiélago, fundamentado en el derecho del pueblo raizal a la libre determinación."

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