Dinero gringo a cultivos en líos

Por: Norbey Quevedo H. de El Espectador

La sociedad anónima Unión de Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá (Urapalma), actual poseedora de 2.723 hectáreas sembradas con cultivos de palma en un territorio que el Estado legalmente adjudicó a las comunidades negras desplazadas del Chocó, y cuya gestión ha sido objeto de cuestionamientos tanto de los organismos de control en Colombia, como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también financia su controvertido negocio con recursos provenientes del Banco Agrario y ayudas aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos.

Según estableció El Espectador, en los últimos cinco años el Banco Agrario ha otorgado créditos, tanto a Urapalma como a la empresa asociada Palmas de Curvaradó S.A., por $10.957 millones, incluyendo incentivos de capitalización rural. Asimismo, según consta en informes presentados por el Programa de Cooperación en Agronegocios con Colombia (ARD/CAPP), que administra recursos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la sociedad Urapalma ha sido beneficiaria de millonarios proyectos económicos.

Sobre este último aspecto, y en concreto, en el reporte del plan de trabajo del tercer año, correspondiente al denominado calendario 2005, el citado programa de origen norteamericano (ARD/CAPP) señaló que la sociedad Urapalma suscribió el contrato 089 para la siembra de 1.720 hectáreas de palma de aceite con 200 beneficiarios, por valor de US$6’059.000, de los cuales el 12%, es decir, US$700.000, se financió con recursos provenientes de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) para promover proyectos sustitutivos a los cultivos de coca y amapola.

Una financiación con recursos públicos y de cooperación internacional que sería intrascendente e incluso benéfica, si no fuera porque en los territorios del Chocó en los cuales Urapalma S.A. explota sus cultivos de palma de aceite, incluso con una complementaria y extensa red de carreteras, puentes, canales de drenaje, viveros y adecuación de terrenos con consiguiente tala de árboles, existen documentos de propiedad y una dolorosa historia de desplazamiento de las comunidades negras del Consejo Comunitario del río Curvaradó.

El desalojo

Una lucha de las comunidades afrodescendientes del Chocó por conservar sus territorios ancestrales, pues desde 1997 comenzaron a ser objeto del desplazamiento forzado producto de la confrontación entre las Farc, el Ejército y los grupos de autodefensa. Y que particularmente, desde finales del año 2002, como lo documentó la Defensoría del Pueblo en su resolución número 39 de junio de 2005, se ha acentuado con la amenaza constante de los paramilitares, quienes ordenaron el desalojo de la región porque supuestamente “ese territorio les pertenece y allí deben establecerse cultivos de palma aceitera”.

La misma resolución defensorial, citando consideraciones del Tribunal Superior de Quibdó, estrado judicial en que se tramitó en marzo de 2005 una tutela contra varias entidades oficiales y la citada empresa Urapalma por la misma controversia de tierras, observó que “Urapalma invadió terrenos de propiedad privada para sembrar palma de aceite y en algunos casos, con posterioridad, se firmó un contrato de transacción con los propietarios para pagarles las tierras usurpadas y devolver parte de ellas, pero esto usualmente no se cumplió o se hizo a medias”.

En pocas palabras, se trata de una empresa para la siembra de palma de aceite que, a pesar de argumentar la posesión de títulos de propiedad privada otorgados por el desaparecido Incora en 1987, ha sido muy cuestionada. Pero no sólo por su confrontación con las comunidades negras, sino porque es un negocio asentado en una reserva forestal. Por eso, la Procuraduría ha advertido que el financiamiento de Urapalma con recursos públicos y de cooperación internacional, crea además problemas ambientales y dificultades a las entidades crediticias para recuperar sus recursos.

El surco legal

El Ministerio Público se sustenta en un minucioso estudio adelantado por su Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, según el cual hay múltiples antecedentes legales que demuestran la inconveniencia del proyecto Urapalma, y el error que constituye el financiamiento estatal e internacional de algunas de sus actividades agroindustriales. Pero definitivamente el dilema mayor surge de los derechos de propiedad que más de 500 familias exigen, apoyadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según las evaluaciones de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo, desde 1959, a través de la Ley Segunda, la Cuenca del Pacífico tiene categoría de zona de reserva forestal. Además, la Constitución de 1991, a través de su artículo 55 transitorio, le ordenó al Congreso expedir una ley para reconocerles derechos sobre las tierras ancestrales a las comunidades negras. En consecuencia, se expidió la Ley 70 de 1993, que a través de sucesivos decretos fue definiendo la legalidad de las llamadas “tierras comunales de los grupos étnicos”.

Y producto de esta legislación, el 22 de noviembre del año 2000 el Incora expidió las resoluciones 2809 y 2801, a través de las cuales adjudicó a las comunidades negras los terrenos baldíos ocupados por los grupos étnicos organizados en los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, ubicados entre los municipios de Carmen del Darién y Belén de Bajirá, en el Chocó. Precisamente en tierras donde hoy vienen operando diferentes empresas privadas dedicadas a la siembra de cultivos agroindustriales, como en el caso de Urapalma.

Esta circunstancia motivó a la organización no gubernamental conocida como Comisión Intereclesial de Justicia y Paz a solicitarle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas de protección en favor de las comunidades antes referidas. En sendas resoluciones del 6 de marzo de 2003 y el 7 de febrero de 2006, el organismo internacional accedió a la petición y tras diversos cuestionamientos a las labores de Urapalma y otras sociedades similares, instó al Estado colombiano a proteger a las comunidades desplazadas del Urabá chocoano.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde 2001 la empresa Urapalma promueve la siembra del palma aceitera en tierras de las comunidades negras, con “la protección armada perimetral y concéntrica del Ejército y de civiles armados en sus factorías y bancos de semillas”. El Espectador estableció que esta última circunstancia ha sido posible porque la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada les ha otorgado múltiples licencias a dicha empresa y otras de la misma índole agroindustrial, para la protección de sus negocios.

Sin embargo, en la segunda de tales resoluciones, la Corte señala que según informaciones del Estado colombiano, la Fiscalía ya inició investigaciones por la presunta comisión de delitos de invasión de áreas de especial importancia ecológica por parte de la empresa Urapalma. Además, esta misma semana, la Procuraduría entregó un análisis sobre la gestión adelantada por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y cuestionó la pasividad del organismo y del Ministerio de Agricultura frente a las empresas que explotan cultivos agroindustriales en el Chocó.

Paradójicamente, el propio Incoder, tras una visita a la zona, adelantada entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2004, el pasado 28 de marzo de 2005 hizo público un informe en el que reconoció que el 93% de las áreas sembradas con cultivos de palma de aceite pertenecientes a las empresas Urapalma, Palmas de Curvaradó, Palmas S.A. y Palmadó, se encuentran en los territorios colectivos de las comunidades negras. Y añadió el Incoder que casi la totalidad de los caseríos tradicionales han desaparecido y hay procesos de repoblamiento con personas distintas a las comunidades desplazadas.

La mano de los ‘paras’

A la polémica por el auge de las empresas de palma de aceite en el Urabá chocoano se suma un rumor a voces: algunos de estos negocios están respaldados por los jefes desmovilizados de las autodefensas. De hecho, el propio Vicente Castaño Gil, hoy remiso a la orden de recluirse impartida por el presidente Álvaro Uribe Vélez, así lo reconoció en una entrevista concedida a la revista Semana en junio de 2005: “En la región de Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí a los empresarios para invertir en esos proyectos, que son duraderos y productivos”.

El tema volvió a relucir hace dos semanas cuando se produjo en el Chocó la desmovilización de Fredy Rendón Herrera, conocido con los alias de Luis Alfredo Berrío o el Alemán, máximo jefe del frente “Élmer Cárdenas” de las Autodefensas. El propio Rendón reconoció su interés en dedicarse a lo que antes denominaba Proyecto Agrícola y Social (Paso) y que hoy lleva el nombre de Sistema Regional de Construcción de Paz, un plan agrario en las zonas de Belén de Bajirá, Riosucio y Balsa, entre otras, que sin embargo, y según el mismo comandante, podría ser entregado en nombre de la paz.

“No hay un centímetro que le hayamos quitado a nadie. El desplazamiento fue por la confrontación (...) no tenemos más de 2.000 hectáreas. Si nos toca entregarlas al fondo de reparación, lo haremos porque lo importante para nosotros ahora es hacer parte de la Constitución y la ley, de donde nunca debimos haber salido”. Pero tomando distancia también, añadió: “El señor Vicente Castaño tiene unas personas que ha jalonado para sembrar palma en la región, pero sobre eso es él quien debe responder. También hay unas fincas por Riosucio que son suyas, compradas a los facinerosos de esas comunidades”.

Lo cierto es que, como lo constató El Espectador en la zona, y fue dado a conocer en un reportaje titulado “Urabá feudal”, publicado en la semana del 21 al 27 de mayo de 2006, con la adjudicación de tierras en las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó se presentan toda clase de anomalías. Como el caso del campesino Lino Díaz, quien en 1990 era adjudicatario de

60 hectáreas de tierra y en el año 2000 apareció con 5.890 hectáreas en la misma región, que terminó negociando con Urapalma. Lo paradójico es que oficialmente Lino Díaz había muerto ahogado en el río Jiguamiandó en el año 1995.

Ante tal cúmulo de situaciones, la Procuraduría tomó cartas en el asunto y no sólo les ha enviado requerimientos a varias entidades estatales, sino que estudia la posibilidad de instaurar una acción popular para que los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente y del Interior y Justicia, el Incoder, el Banco Agrario, Finagro, Codechocó, la Gobernación del Chocó, el Departamento Nacional de Planeación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Superintendencia de Notariado y Registro y las Fuerzas Armadas cumplan con sus responsabilidades.

La delicada situación es de insospechadas consecuencias, ahora acentuadas al conocerse que con recursos públicos del Banco Agrario y con ayudas de la Agencia de Desarrollo de los EU (USAID), se están financiando en parte empresas como Urapalma.

¿Tienen las entidades crediticias la garantía de recuperar los recursos facilitados, sobre todo si se comprueba que los proyectos financiados están acentuados en zonas de reserva forestal? ¿Es viable tal financiamiento con inversiones realizadas en territorios colectivos y de relevancia ambiental?, se pregunta el Ministerio Público. El Estado y las comunidades negras desplazadas del Chocó tienen la palabra.

Los asuntos clave del caso

La palma es originaria del centro de África. Es utilizada para producción de aceite.

Llegó a América en el siglo XVI, traída por los esclavos españoles.

Se empezó a comercializar en Honduras en 1944.

Las primeras semillas de palma llegaron a Colombia hacia 1920 y algunas fueron sembradas en Sasaima (Cundinamarca).

Los primeros cultivos comerciales de palma se hicieron en el Valle.

Cifras de 2001 señalan que en Colombia a ese año había sembradas 157 mil hectáreas de palma, que producían 524 mil toneladas de aceite al año.

El conflicto armado empezó a afectar la actividad a mediados de los 90.

La zona del Urabá es apetecida por las condiciones climáticas y de suelo similares a las de África.

Un programa solidario

El Programa de Cooperación en Agronegocios con Colombia (CAPP, por su sigla en inglés) fue diseñado para canalizar las ayudas de la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) a nuestro país y promover alternativas económicas y sociales para erradicar los cultivos ilícitos.

El proyecto, que en cinco años entregará 38 millones de dólares, pretende ayudar a los productores agrícolas involucrados en la siembra de cultivos de coca y amapola, para que se dediquen a actividades legales. El proceso tiene cuatro fases: evaluación, planificación, desarrollo e implementación, durante las cuales se les brinda asesoría, capacitación y financiación.

El CAPP no participa directamente en los proyectos y en su primera fase, entre enero de 2003 y junio de 2004, recibió 128 propuestas. De ellas, el 42% fueron aprobadas y cada una de ellas fue financiada, en un 13% en promedio, por la USAID. Se calcula que durante la duración de los programas se beneficiaron unas 22 mil familias.

En un total de 66.315 hectáreas, los cultivos de coca y amapola se han reemplazado por palma africana (53%), cacao (27%), frutas (16), entre otros productos agrícolas.