El Congreso General de Cuna Yala, la máxima autoridad Cuna, ante el grave atentado a la integridad de la totalidad del Pueblo Cuna cometido en las personas de las máximas autoridades de las comunidades Cuna de Paya y Púcuru, Comarca de Takarkunyala, uno de los primeros sitios sagrados de nuestros ancestros contenido en los cantos que recogen nuestra memoria histórica, así como el saqueo de las mismas comunidades, hechos reivindicados por el máximo jefe de los paramilitares colombianos (AUC), denunciamos los objetivos que se persiguen tras esos hechos:
1. Romper la estructura política, espiritual, cultural y social de nuestras comunidades descabezando sus autoridades, comunidades que al desbandarse por el terror abandonen sus tierras y bienes o los rematen a precios irrisorios. Otro efecto para nuestras comunidades es que destruyen nuestro organismo social. Esto lo vienen realizando los paramilitares sistemáticamente en nuestra hermana vecina del Sur. Además ya se ha denunciado que esto viene ocurriendo con las tierras de los desplazados darienitas por las incursiones armadas anteriores. Como se sabe la guerra es un negocio.
2. Tampoco es secreto que hay intereses poderosos en la arena internacional que impulsan el llamado Plan Colombia, que es un plan casi exclusivamente militar, como “solución” al conflicto armado en ese país, y se pretende involucrar en él a los países vecinos a Colombia. En nuestro caso, Panamá, por las incursiones constantes imponiendo el terror en las comunidades fronterizas por grupos armados colombianos, como ha venido ocurriendo hasta ahora, lo que revelaría la supuesta incapacidad de nuestro país en mantener la seguridad en nuestras fronteras, lo que justificaría la presencia de militares extranjeros allí. Por lo tanto, quedaríamos involucrados dentro de ese Plan dotado ya de centenares de millones de dólares, de decenas de aviones y helicópteros artillados, de armas más modernas para equipar más brigadas militares, etc.
Además ha sido denunciado constantemente la desprotección en la que viven la mayoría de las comunidades fronterizas, a pesar de la existencia de una policía para los fines de esa protección, la policía fronteriza, al punto de llegar con un día de retraso, luego de los periodistas, al sitio de los recientes hechos. Ello pone de manifiesto la necesidad imperiosa
de elaborar e implementar una política coherente de seguridad nacional, como ya la han solicitado muchas voces autorizadas del país, ante la permanente amenaza a la vida, honra y bienes de los panameños de las comunidades en mención. En ese sentido acogemos y respaldamos también la sugerencia hecha por la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional de que el Gobierno Nacional cree una Comisión Ad-hoc en la que participen los Congresos Indígenas del área a fin de contribuir en la búsqueda de mecanismos de seguridad en esa área.
Sorprende, asimismo, por decir lo menos, que ninguna de las llamadas fuerzas vivas del país e instituciones: Iglesias, partidos políticos, sindicatos, empresarios, se pronuncien en condena del atroz crimen cometido contra hermanos indígenas panameños, en violación flagrante de los Derechos Humanos, los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Soberanía Nacional, de parte de dichos paramilitares. Porque los hechos y la experiencia histórica indican que ya no somos los únicos en la mira de intereses voraces en apropiarse de los bienes ajenos.
No es menos importante señalar lo vital de que haya transparencia en las informaciones en torno a la situación en esa frontera porque la garantía en la defensa de nuestros derechos como panameñas y panameños es una ciudadanía informada verazmente.
En consecuencia, condenamos el horrendo crimen de los paramilitares. Así como deploramos también la presencia de otros grupos armados de nuestra vecina Colombia, lo cual se está usando como pretexto para esos ataques provocando la zozobra en nuestras comunidades. Por lo que decimos: ¡basta de utilización de nuestras tierras por cualquier grupo armado que sólo provoca la intranquilidad a unas comunidades que sólo desean vivir en armonía y paz!
Por todo lo anterior hacemos un llamado a toda la ciudadanía panameña a que se mantenga en alerta ante los hechos denunciados y asumamos la responsabilidad que nos corresponde en defensa de la integridad del territorio panameño, de nuestros derechos soberanos como pueblo.
