Durante cuatro días, más de 60 indígenas, representantes de las distintas organizaciones regionales del país, estuvieron en Bogotá en torno al Taller de ordenamiento territorial, convocado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), para discutir uno de los temas más trascendentes para las etnias indígenas: el territorio.
El desarrollo del taller, nuevamente permitió visualizar los distintos conflictos que padecen las comunidades indígenas al interior de sus territorios relacionados con el conflicto armado, el desarrollo de megaproyectos, siembra de cultivos ilícitos, la expansión de la frontera agrícola que invade los resguardos indígenas, entre otros.
En relación con el proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), el taller coligió una contradicción por parte del Gobierno Nacional, toda vez que se impulsa el LOOT, al mismo tiempo se formula una reforma constitucional en materia territorial que iría en contra de los derechos de los pueblos indígenas y de una conformación autónoma de las Entidades Territoriales Indígenas (ETIS).
“Cursan en el Congreso de la República proyectos de reforma constitucional que suprimen nuestro derecho; proyectos inconsultos que reforman la regionalización del país, la ley de medio ambiente y la ley que reglamenta el sistema de páramos. Además, se proyecta reformar la acción de tutela”, afirma el Comité Ejecutivo de la ONIC.
Algunas de las demandas hechas por el taller fueron las siguientes:
· Exigir al INCODER elaborar de manera concertada con las organizaciones nacionales y regionales un plan operativo en materia de atención territorial.
· Solicitar al INCODER atender con celeridad y prontitud la priorización que presenten las organizaciones indígenas en la Mesa Nacional de Territorios.
· Solicitar al INCODER definir un plan de atención que garantice el retorno de las comunidades desplazadas en condiciones dignas, es decir, con proyectos y programas que estén acorde con los planes de vida.
· Compromiso por parte del INCODER a garantizar la reubicación de las comunidades desplazadas por fenómenos naturales, sin que pierdan su derecho al territorio de origen.
· Los proyecto agropecuarios que adelanta el INCODER deben estar acorde con los planes de vida de los pueblos indígenas.
· Adelantar un proceso de resolución de conflictos territoriales originados en la aplicación de la Ley 70 de 1993 (comunidades negras) y la Ley 160, dentro de un marco de respeto y reconocimiento de la diversidad étnica y cultural
· Solicitar que, desde la política de extinción de dominio, los bienes sean orientados a atender las necesidades de las comunidades indígenas.
· Oposición rotunda del proceso de reestructuración de resguardos que adelanta el INCODER. Por el contrario, se solicita que se convaliden los títulos de origen colonial y se proceda a su saneamiento.
“El Gobierno Nacional, basado en las necesidades de tierras, asigne un presupuesto adecuado para el cumplimiento de este fin. De lo contrario, se nos obliga a un levantamiento nacional indígena”, puntualizó el Comité Ejecutivo.
