Los pueblos originarios corren el riesgo de perder el control de sus conocimientos tradicionales si la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) insiste en rígidas normas de patentes para administrar el acceso a esa información.
Las patentes y otras formas de restringir el acceso al conocimiento son muy preocupantes en estos tiempos de cambio climático, según un informe del Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIED, por sus siglas en inglés), con sede en Londres.
El estudio fue presentado en las reuniones de la OMPI --dependiente de la Organización de las Naciones Unidas-- celebradas del 29 de junio al 3 de este mes en Ginebra.
"Las normas de propiedad intelectual restringen el uso de los recursos genéticos, cuando necesitamos flexibilidad y adaptabilidad para hacer frente al cambio climático", dijo a Tierramérica Michel Pimbert, director del Programa de Agricultura Sostenible, Biodiversidad y Medios de Vida del IIED.
La OMPI aspira a desarrollar normas que protejan el conocimiento tradicional indígena sobre, por ejemplo, plantas medicinales, que las leyes convencionales de propiedad intelectual no abarcan.
Pero "el pedido de la OMPI de consistencia con los estándares de propiedad intelectual existentes es un enfoque errado, pues se crearon en base a pautas comerciales occidentales para limitar el acceso a fármacos desarrollados por empresas privadas", dijo Krystyna Swiderska, del IIED, quien coordinó la investigación en África, Asia y América Latina.
La propiedad intelectual tiene que ver con acceso restringido, monopolios y eliminación de la competencia, y es impulsada por las empresas transnacionales, tanto farmacéuticas como dedicadas al desarrollo y comercio de semillas, indicó Pimbert.
Las empresas de biotecnología echan mano al cambio climático cuando prometen desarrollar variedades de cultivos resistentes a las sequías y al calor, pero sólo si consiguen una fuerte protección a las patentes que desarrollen, agregó.
"Las reglas de la propiedad intelectual están en conflicto con la flexibilidad y la adaptabilidad" que el mundo necesita para hacer frente al cambio climático, dijo Pimbert.
Las comunidades tradicionales protegen el conocimiento de un modo completamente diferente. Para ellas las ideas, las semillas y las formas de vida no pueden privatizarse, el acceso no debe ser exclusivo y sus beneficios deben compartirse, señaló el coautor del informe, Alejandro Argumedo, científico de la peruana Asociación Quechua-Aymara para la Subsistencia Sostenible.
Los quechuas del sureño departamento peruano de Cusco han empleado el derecho consuetudinario para administrar más de 2.000 variedades de papas (Solanum tuberosum) en lo la región donde probablemente se originó este importante alimento, dijo Argumedo a Tierramérica.
En los años 70, muestras de muchas de esas variedades fueron almacenadas en el Centro Internacional de la Papa (CIP), en las afueras de Lima.
Mientras, las políticas de modernización agrícola imponían el uso de pesticidas, fertilizantes y variedades mejoradas en grandes monocultivos, causando la pérdida de muchas variedades tradicionales, señaló Argumedo.
Para contrarrestar este efecto, seis comunidades formaron el Parque de la Papa, de 10.000 hectáreas, y "repatriaron" 400 de sus variedades almacenadas en el CIP bajo un acuerdo especial. Otras 300 serán plantadas en octubre, agregó.
"El CIP entiende que la propiedad intelectual está en la comunidad y que el derecho consuetudinario es importante para el manejar las diferentes semillas", enfatizó Argumedo.
Las comunidades establecieron su propio acuerdo para compartir los beneficios en base a normas consuetudinarias. Las papas son más que alimento: son un símbolo cultural en todos los aspectos de la vida de los quechuas, sostuvo.
"Para obtener papa se necesita tierra, gente que la trabaje, la Madre Tierra y a los dioses de la montaña", describió Argumedo.
Como muchos otros pueblos indígenas, los kunas de Panamá desarrollaron su propio protocolo de acceso al conocimiento tradicional, en base a normas consuetudinarias.
Una propuesta formulada por un investigador ajeno a la comunidad, por ejemplo, tiene que ser presentada al congreso general kuna, discutida con las autoridades de 49 aldeas y aceptada por quienes poseen el saber tradicional, dice el informe del IIED.
La pérdida de esas tradiciones puede conllevar la pérdida de biodiversidad y de conocimiento tradicional, limitando la capacidad de las comunidades pobres para adaptarse al cambio climático.
"Mantener ecosistemas diversos y resilientes es la herramienta más fuerte para la adaptación", opinó Argumedo.
La cosmovisión indígena no tiene lugar en la OMPI, así que es improbable que ésta proteja normas consuetudinarias, agregó.
Aunque la OMPI es un foro internacional para exponer los puntos de vista aborígenes, los países pueden eludir fácilmente cualquier norma de protección mediante acuerdos comerciales bilaterales.
En su tratado de libre comercio con Estados Unidos, Perú pasó por alto el acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones sobre protección del conocimiento tradicional, dijo Argumedo.
Ese tratado abre puerta la prospección biológica de empresas estadounidenses y a los cultivos genéticamente modificados, que pueden "destruir la riqueza de nuestros paisajes".
Según Pimbert, aun si la OMPI estableciera algunas reglas favorables al conocimiento tradicional, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea las ignorarán alegremente.
Las normas consuetudinarias y el conocimiento tradicional no están congelados en el tiempo, son muy dinámicos e incorporan nuevos conceptos, como los derechos humanos, agregó.
Pero en la OMPI, sostuvo Pimbert hay "un enorme choque de valores".