Se trata del sargento Viceprimero Claudio Verú Gómez, para la época de los hechos; Cabo Tercero Gilwen Enrique García Escobar, como comandante de la tercera escuadra del escuadrón Corcel 3 y los soldados profesionales José Miranda Guerra, José Alejandro Perea Ipuana y Enrique Mieles Yorgin.
La investigación señala que el 9 de febrero de 2007, en la Finca de la Colina, ubicada en el corregimiento de Caracolí (San Juan del Cesar- Guajira) los cinco uniformados habrían disparado indiscriminadamente contra tres personas causándoles la muerte.
De acuerdo con lo expuesto en la queja presentada por la organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona la muerte de estas personas "al parecer no se presentó en un combate, como lo afirman los militares comprometidos en la operación, sino que supuestamente habrían sido injustificadamente ejecutados por los miembros de la fuerza pública".
"Los resultados operacionales muestran que los miembros del ejército Nacional al parecer reaccionaron de manera violenta y dispararon a personas ajenas al conflicto" infringiendo el principio de distinción" contemplado en protocolo II de Ginebra.
Señala la Procuraduría que, al parecer en este caso se presenta una infracción de los principios y reglas de los conflictos amados, teniendo en cuenta que los miembros de la fuerza pública habrían desplegado una acción ofensiva contra personas que, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario gozan de una protección especial.
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