A pesar de los avances de la Constitución de 1991 y de la expedición de Ley 70 de 1993, la realidad de las comunidades negras continúa siendo crítica. La marginalidad, la asistencia sanitaria, médica y educativa siguen siendo una constante en una población que de acuerdo con las cifras proporcionadas por el DANE se calcula en 10.5 millones de habitantes, un 30% de la población del país.
Las cifras indican que la población afrocolombiana presenta tasas de analfabetismo del 43% en la zona rural y del 20% en la zona urbana. En la región pacífica, de cada 100 jóvenes que terminan la secundaria, dos ingresan a la universidad y la calidad de la educación es inferior en 40% con respecto a otras regiones. Según un informe presentado por la Revista Utopías “la población afrocolombiana en un 80% vive en condiciones de extrema pobreza, y con un 75% de su población que recibe salarios inferiores al mínimo legal”.
Manuel Zapata Olivella, teórico de la cultura y de la situación afrocolombiana, considera que “la problemática que por más de cinco siglos ha vivido la población negra no se soluciona con una u otra propuesta que cada cuatro años hacen senadores y representantes, ni con migajas; se necesita un cambio, un vuelco total para que a nuestros pueblos se les dé las herramientas necesarias para poder ingresar en el proceso de la economía nacional. Es necesario, entonces, contar con un movimiento nacional, el cual no existe y, además, hace falta mucha unión como grupo étnico, no hay una visión política, no hay proyectos, no hay apoyo”.
Desde esa perspectiva, y como sólo hasta la próxima legislatura la población afrocolombiana podrá contar con dos representantes que velen por sus intereses, Actualidad Étnica indagó con dos congresistas del partido liberal, uno, chocoano, Edgar Ulises Torres, y la otra, oriunda del departamento de Antioquia, Piedad Córdoba, sobre su labor legislativa, toda vez que en circunstancias muy particulares han asumido la vocería de algunas comunidades negras, aclarando que sus actuaciones no representan a la minoría étnica.
La ley 649 como el más importante aporte: Piedad Córdoba
Desde la Comisión Quinta Constitucional, la cual regula una temática vital para los grupos étnicos como es el ambiental, la senadora antioqueña Piedad Córdoba, considera que uno de los avances más importantes para las comunidades afrocolombianas estuvo en la expedición de la Ley 699 de 2002, la cual le permite a la población afrocolombiana tener a partir del próximo Congreso dos representantes por circunscripción especial.
Para el asesor Jaime Bascos “la ley abre un espacio de representación y vocerías para las comunidades negras ante escenarios políticos importantes. Por otro lado, la labor legislativa también ha estado pendiente en que en las leyes de presupuesto nacional se incluyan partidas para inversión social en la zona del pacífico, desde Chocó hasta Nariño. Quizás nuestra tarea no sean actividades visibles, pero se ha buscado conseguir una inversión que permita ir acortando la distancia entre el litoral pacífico y el resto del país, donde los promedios de desarrollo son de menos de la mitad del promedio nacional”.
Cabe recordar que desde el año 1993 hubo tres intentos fallidos por aprobar una norma que abriera la posibilidad de una mayor participación política por parte de grupos poblacionales minoritarios, pero fue tan sólo en el año 2000 que se logró presentar un texto que, tras un año de debate, logró ser sancionado por el presidente de la República en Marzo del año anterior.
De igual forma, la senadora Piedad Córdoba tuvo posiciones vehementes y críticas frente a proyectos trascendentales como la reforma pensional, la reforma política, la incorporación del Estatuto de Roma y, quizás el proyecto más polémico, la libertad para que parejas del mismo sexo pudiesen ser reconocidos como parejas en términos legales.
Ulises Torres y sus propuestas
A lo largo de cuatro años, el representante Edgar Ulises Torres presentó cinco proyectos legislativos, de los cuales dos ya son Ley de la República. Ambos proyectos aprobados favorecen de manera directa a la población afrocolombiana. El primero, la Ley 682 de 2000, autoriza la emisión de una estampilla que busca recaudar fondos para la Universidad Tecnológica del Choco. La segunda iniciativa, la Ley 723 de 2001, modifica la Ley 118 de 1994 por la cual los productores de frutas y hortalizas, ya sean personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, están obligadas al pago de la cuota de fomento con el fin de garantizar el óptimo desarrollo del sector, cuya producción se centra en la zona del Pacífico.
Los tres proyectos restantes, concernientes al desarrollo social en sectores vitales para las comunidades negras, quedaron pendientes de estudio por parte de la Corte Constitucional y aprobado en primer debate de la Cámara de Representantes.
Por otro lado, el representante actuó como ponente de proyectos vitales para los grupos étnicos, donde su posición fue bastante cuestionada. Nos referimos concretamente a las leyes de Código de Minas y Regalías, las cuales fueron nocivas para los intereses de las minorías. Sin embargo, se valora su compromiso para adelantar debates sobre la situación social del Pacífico; se destaca el debate promovido en la Comisión Quinta sobre la situación socioeconómica en el departamento del Chocó, que propició la realización de una Comisión de Acuerdo con el Gobierno Nacional para discutir los compromisos y soluciones a la problemática económica, social, política y de orden público en el Chocó, que desencadenó un paro cívico en el departamento del Chocó en el mes de junio del año 2001.
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