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En alerta se encuentran las organizaciones sociales y ecologistas del país ante el anuncio del gobierno nacional de reanudar las fumigaciones contra los cultivos de coca y amapola en los parque naturales, como estrategia involucrada en la guerra antidrogas, respaldada económica y militarmente por los Estados Unidos.

A pesar de la polémica generada por estas organizaciones ante la contaminación y degradación del medio ambiente y la salud humana por la utilización de químicos como el glifosato, el fosarium y otros herbecidas, el gobierno del presidente Álvaro Uribe anunció que serán fumigados los cultivos de uso ilícito ubicados en tres parques nacionales naturales de la zona andina: la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra de La Macarena y el Catatumbo-Barí.    

Estas tres reservas naturales son el hábitat de diversos pueblos y culturas indígenas, quines propusieron, para evitar una “catástrofe ambiental”, la erradicación de estos cultivos por vía manual. Sin embargo la posición del gobierno, en cabeza del Consejo Nacional de Estupefacientes, es la de fumigar por encima de la presión y los proyectos de erradicación manual suscritos con la comunidad internacional. 

Para el Ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, es necesario que se permita la fumigación en los parques naturales, por lo cual, la legislación nacional tendría que ser cambiada. “La mayor riqueza de la nación son sus reservas ecológicas y no se puede permitir que sean contaminadas con químicos por la producción de droga”, y agregó que “en las reservas ecológicas los narcotraficantes están encontrando un paraíso”.

Por su parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), ha manifestado en repetidas ocasiones su rechazo a esta política de estado: “porque no sólo afecta a nuestros pueblos en sus territorios, vida y cultura, sino que además no resuelve el problema que genera la economía del narcotráfico”

“Los pueblos indígenas hemos planteado desde hace mucho tiempo que este problema se resuelve es con soluciones sociales concertadas y sostenibles que conduzcan a la reducción manual y gradual, pero eficaz, de las siembras de cultivos de uso ilícito, que incluyan acciones que reduzcan  las ganancias de esa economía”, señala la ONIC.

Así mismo, los ecologistas han luchado para hacer entender que: “Los parques nacionales son depósitos de vida, son el patrimonio de nuestra bio-diversidad y pertenecen a nuestro futuro, mas que nuestro presente. Estas áreas son intangibles, es decir son bienes inembargables, imprescriptibles e inmodificables. Su uso solo es permitido para la conservación, el goce de la naturaleza o la investigación científica. No es solo romanticismo ambiental: los parques nacionales protegen hoy el 70% de las fuentes de agua que consumimos”.

De esta forma, y ante el “incondicional” apoyo del gobierno de los Estados Unidos con 17 millones de dólares anuales al programa de fumigaciones -en el marco del Plan Colombia antidrogas y contra los grupos alzados en armas- los ecologistas se preguntan: “¿Hasta dónde quieren llegar quienes a nombre de una supuesta seguridad pretenden despojarnos de las fuentes de agua y de los mantos boscosos que las protegen; borrar las huellas de nuestros abuelos quemando la tierra donde nacimos y crecimos; y desaparecer del planeta las formas más complejas y ricas de la vida? No podemos esperar a averiguarlo: Después no nos quedarían ni las claves para descifrar un destino de desarraigo, aridez y vacío cultural que nos quieren imponer”.

Este debate seguirá al rojo vivo, mientras senadores de diferentes sectores sociales presionan en el Congreso de la República por una salida menos drástica, teniendo en cuenta que está en juego el patrimonio natural de nuestro país y el futuro de diversas culturas que han mantenido el equilibrio ambiental desde tiempos ancestrales.

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