Más allá de una estrategia de mercado

Sabemos que la Naturaleza tiene límites que la economía no debe sobrepasar. El cambio climático, resultado del sobreconsumo energético, es una evidencia incontrastable. Conocemos también que el pensamiento funcional se limita a hacer de los bienes y servicios elementos transables, a través de la dotación de derechos de propiedad sobre estas funciones. Y por igual estamos convencidos que el mercado de carbono, construido como espacio para procesar una salida a los conflictos del cambio climático, es realmente un nuevo negocio del desastre climático.

El mercado de carbono voluntario es aún más limitado que el del Protocolo de Kyoto, que está de cierta manera regulado en tanto fija una cuota a un país y éste a sus empresas. Mientras tanto, el mercado voluntario está creciendo sin ningún tipo de regulación, lo que disminuye el capital político de tener límites vinculantes sobre las partes

El problema del deterioro ambiental en una economía de mercado es que no considera plenamente en sus cálculos los efectos externos; por lo tanto tiende a socavar los intereses de las futuras generaciones y los derechos de las otras especies. En este contexto el análisis costo-beneficio no es aplicable, pues tiende a valorar en cero lo que se desconoce.

Finalmente es cada vez más aceptada la noción de que introducir en el mercado dichos servicios ambientales significaría transferir al mercado asimétrico la responsabilidad de definir los aspectos distributivos asociados con los usos de los recursos naturales, cuya valoración monetaria, como lo hemos dicho, resulta muy compleja, sino imposible. Además, la misma lógica de mercado puede generar un proceso de concentración en el acceso a los recursos naturales y la consiguiente pérdida de soberanía para las poblaciones usuarias de dichos ecosistemas.

La salida política es la única posible

El objetivo de esta Iniciativa ITT, sería alcanzar, en términos constantes, la meta económica planteada con una compensación de 3.500 millones de US dólares de acuerdo a la propuesta inicial. Para lograrlo la mejor y más segura opción será un acuerdo político internacional.

El objetivo de este acuerdo político internacional será constituir un fondo que permita financiar la compensación solicitada por Ecuador, al tiempo que se establecen las condicionalidades que permiten su funcionamiento.

El Fondo ITT puede constituirse de diversas maneras:

- donaciones de gobiernos o de empresas,
- contribuciones ciudadanas o de organizaciones privadas,
- recursos provenientes de actuales o nuevos fondos de cooperación internacional o de diversas modalidades de condonación o conversión de deuda externa.
- mecanismos regionales ligados a nuevas estructuras financieras regionales como son el Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE).

Las posibilidades existentes son múltiples, y algunas podrían incluso recién aparecer como resultado del debate planteado.

Lo importante es garantizar que la decisión se mantenga en futuros gobiernos, por lo que es imprescindible la transparencia y participación ciudadana, tanto como la existencia de mecanismos de presión e incluso sanción en caso de incumplimientos.

Uno de los mecanismos más eficientes es la existencia de un sistema de pago, que podría ser reversible en caso de incumplimientos. Un mecanismo que otorgue certezas y garantías, y una de ellas podría ser, que los aportantes sean, por así decirlo, propietarios del crudo del ITT si éste llegara a salir a la superficie.

Es importante subrayar el hecho de que es el Estado quien negociará y administrará la propuesta de pago por conservación de crudo en subsuelo y que no se traspasarán las responsabilidades de la conservación a entidades privadas nacionales o extranjeras, ni la formulación de políticas sobre conservación, ni tampoco la administración de las áreas protegidas. Estos elementos entreguistas han estado presentes en las políticas ambientales, construidas internacionalmente sobre medio ambiente y conservación, bajo lógicas neoliberales.

Se trata de construir una política ambiental alternativa, soberana y coherente con el respeto a los derechos colectivos de las comunidades, a los derechos de la naturaleza, y los derechos humanos de todos los ecuatorianos, incluyendo a las futuras generaciones. Este proceso de construcción de políticas transformadoras demanda de la participación democrática de la sociedad, particularmente de quienes habitan en la zona.

En este sentido, el destino y uso de los fondos que deriven de esta iniciativa, deberán involucrar a representantes de las zonas amazónicas, afectadas por la actividad petrolera, así como de la sociedad civil del Ecuador e internacional; éstas últimas en tanto veedoras del uso que se dé a estos recursos. Para ello es recomendable una instancia institucional de vigilancia y monitoreo, que a más de las organizaciones de la sociedad civil, podría establecerse con la intervención de Naciones Unidas, por ejemplo el PNUD.

En este campo es mucho lo que hay que discutir aún. Nos parece prioritario atender las demandas de cuidado y manejo de la zona, tanto como las de reparación ambiental. Igualmente habría que atender con urgencia las necesidades de la población amazónica, considerando la posibilidad de canalizar recursos para mejorar sustantivamente la educación y el desarrollo de energía sustentable en el país. Esta es una tarea que debería ser asumida por el gobierno y la sociedad ecuatoriana.

En la próxima Cumbre de Cambio Climático en Copenhague será necesario un acuerdo internacional que dé un tratamiento preferencial a este tipo de países que contribuyan efectivamente a resolver los problemas de calentamiento global. Adicionalmente será necesario establecer colectivamente acuerdos vinculantes de coerción mutua, establecidos para cumplir con las obligaciones internacionales.

Será necesario preparar cuidadosamente los pasos de la diplomacia ecuatoriana, pues será un escenario difícil, cooptado como en otras ocasiones por empresas que pretendan hacer negocio del desastre, por países que en lugar de compromisos, busquen nuevas evasivas y por una consistente estrategia de dividir las posiciones del sur.

Un pequeño país ha hecho una propuesta revolucionaria, el mundo tiene la palabra.

Autores

- Alberto Acosta, profesor-investigador de la FLACSO-Ecuador, ex-presidente de la Asamblea Constituyente, ex-ministro de Energía y Minas.
- Eduardo Gudynas es investigador principal en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES); Uruguay.
- Esperanza Martínez, coordinadora de Oilwatch y miembro de Acción Ecológica.
- Joseph Vogel, profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de San Juan de Puerto Rico-Río Piedras, profesor de la FLACSO-Ecuador.

* Documento completo en http://alainet.org/active/30392

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