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Por Florent Marcellesi, portavoz de EQUO en el Parlamento Europeo, y Rosa Martínez, coportavoz de EQUO

El reparto de personas refugiadas en Europa se ha convertido en un espectáculo matemático bochornoso. Pero nuestras antípodas geográficas tampoco han estado a la altura de la Historia: recientemente Nueva Zelanda rechazaba a Teitiota, el primer refugiado climático del mundo.

Teitiota y su familia pedían "asilo climático" porque en Kiribati, su isla de origen situada a dos metros sobre el nivel del mar en el Pacífico, las fuentes de agua han sido contaminadas por la sal y los desagües. La causa: la subida del nivel del mar ocasionada por el calentamiento global. La solución para vivir dignamente: migrar.

Estamos ante una realidad incontestable: el cambio climático es ya hoy la primera causa de migraciones en el mundo, solo en 2011 supuso más de 40 millones de personas. De hecho ya están llegando a Europa: según el premio Pulitzer Thomas L. Friedman, la guerra de Siria que ha dado lugar a la actual crisis migratoria, tiene profundas raíces climáticas y ambientales además de las sociales, económicas y geopolíticas. Si fuera poco, estos fenómenos irán creciendo, ya que según ACNUR, en los próximos 50 años podrían migrar por razones climáticas hasta 1.000 millones de personas, principalmente en los países más empobrecidos. Y también afectará directamente nuestros territorios: ya que como señala la investigación Each-For sobre migraciones forzadas, en el sureste de España, los desplazamientos regionales se agudizarán a raíz de las sequías y falta de agua debidas al cambio climático (y al mal desarrollo económico dominante).

Nos enfrentamos por tanto a un importante reto. Teitiota y las millones de personas que migran por razones climáticas se enfrentan a un vacío legal, político y social.

En concreto, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (ONU), permite solicitar asilo a una persona por "fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas", obviando claramente la crisis climática y sus efectos en los flujos migratorios. Sea por solidaridad o por nuestro propio interés, es evidente que necesitamos dar una respuesta a esta nueva realidad. Tal como afirma la Organización Internacional para las Migraciones, es el momento de reconocer sin ambigüedades que existen "migrantes medioambientales", es decir, "personas o grupos de personas que, por razones imperiosas de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente que afectan negativamente a la vida o las condiciones de vida, se ven obligados a abandonar sus hogares habituales".

La inclusión en la Convención de un protocolo específico sobre "refugiados climáticos" así como la ampliación en este sentido de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre desplazamientos internos, serían pasos significativos.

También la Unión Europea tendría que integrar "los refugiados climáticos" en su legislación existente sobre protección temporal, internacional o trabajadores estacionales, y España incluir en sus políticas de migración y asilo el concepto de "migrantes ambientales", tal como hacen otros países como Suecia y Finlandia.

Además del reconocimiento legal, es imprescindible actuar en el origen de las causas. La lucha contra el cambio climático se hace cada vez más necesaria. Una acción política que ponga límites a las emisiones de carbono y empuje la adaptación de nuestras sociedades a un nuevo modelo sostenible. El marco para esta acción contundente es sin duda la próxima Cumbre del Clima en París (COP21), una de las últimas oportunidades que la comunidad internacional tiene para frenar el cambio climático y sus consecuencias migratorias.

Es evidente que los marcos normativos y narrativos del siglo XX se han quedado desfasados en la era de la crisis ecológica. Nuestras economías y nuestro actual modo de vida se sostienen a costa del planeta y de las personas que en él habitan, forzando migraciones masivas a las que no somos capaces de dar una respuesta ni jurídica, ni humana. Adaptar los mecanismos legales a las realidades cambiantes es solo el primer paso para ofrecer una vida digna a quienes están pagando nuestra factura climática. Reducirla y dejar de cargarla en cuenta ajena es el siguiente.

Para ello, la movilización ciudadana y presión política son fundamentales: en las urnas, en la COP21 o en nuestras vidas diarias. Hagamos de la batalla contra el cambio climático una prioridad.

Artículo publicado en EL PAÍS, el 27/10/2015

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