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Marco Anibal Avirama Avirama*

Colombia es uno de los países más ricos en recursos hídricos. Se cataloga como uno de los nueve países que tienen el 60% del recurso agua en el mundo.

En la última década ha venido descendiendo aceleradamente en el ranking de países con mayor cantidad de agua dulce disponible por habitante del mundo, lo que se explica, entre otros factores, por la degradación de los ecosistemas donde el agua ocupa un lugar principalísimo.

Asistimos en estos tiempos a la desaparición forzada de ríos por razón de la sequía como punto final de procesos abonados por actividades relacionadas con la explotación minera legal e ilegal, sin que nos perturbe mayormente esta catástrofe. Así sucedió en el departamento del Cauca con el rio Sambingo, que forma parte de la cuenca del pacífico y era tan caudaloso que había provocado tragedias invernales en años anteriores. El informe del recorrido adelantado por algunas autoridades hace dos semanas reporta la gravísima afectación del cauce del rio y del ecosistema que lo circunda, por razón de la extracción del oro.

Enormes cráteres, numerosas zanjas y el cauce seco del rio son el saldo que permite atestiguar la muerte de uno de los ríos más importantes de esa región. Estas imágenes se repitieron unos días después cuando una organización ecológica informó sobre la agonía del rio Mandur, que nace en el Putumayo y es afluente del rio Caquetá. Este importante rio está reducido a charcos malolientes por razón de la explotación del oro y el procesamiento de la coca, entre otros males. Agravado por la sequía que hace imposible su uso como medio de transporte y evidencia la contaminación del río con la consiguiente afectación de la pesca y el uso del agua para consumo humano y del ganado en esa región.

Y qué decir de otras tragedias ya conocidas como el caso del Rio Dagua en el Valle del Cauca, que tributa sus aguas al pacífico y que ha sido catalogado como "el río que se perdió por el oro", por estudiosos que realizaron el atlas ambiental. Los daños ocasionados, entre los cuales se señala la contaminación por metales pesados, modificación del cauce del río, alteración de las zonas de inundación, aumento en la sedimentación de la bahía de Buenaventura y la destrucción del bosque primario, se consideran irreversibles, ante la muy lenta actividad de las autoridades ambientales desde lo nacional hasta lo local en los últimos seis años.

O recordemos el año anterior la tutela presentada por representantes de comunidades negras del Chocó que llevan más de cinco años reclamando mediante acciones populares, que las autoridades nacionales, regionales y municipales actúen, para detener el desastre ambiental en la cuenca del rio Atrato, por razón de la extracción de oro y platino.

Documentan la contaminación del agua, enfermedades relacionadas, mortandad de peces, tala desmedida del bosque, desvío del cauce de ríos afluentes del Atrato, entre otros.

Se ha demostrado plenamente que las comunidades que soportan los daños más graves y reciben el mayor impacto de estos desastres ambientales son pobres, con enormes dificultades de acceso a los servicios de salud, cuya voz no se escucha con eficiencia por parte de las autoridades y de los organismos de control.

Llamarnos representantes de las regiones y sus comunidades nos debe comprometer en la defensa de todos los seres vivos que resultan afectados por estas actividades que dañan los ecosistemas y generan profundas, y muchas veces irremediables consecuencias sobre el agua, el recurso más preciado hoy y que seguirá siendo vital para la pervivencia en esta aldea global que compartimos.

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*Senador de la República de Colombia por el Partido Alianza Social Independiente

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