Los fenómenos de desplazamiento y mendicidad, consecuencias del conflicto armado, son una de las mayores expresiones de la crisis humanitaria y de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Esta situación, extendida en todo el territorio colombiano, continúa sin una respuesta satisfactoria del Estado, en un contexto de degradación del conflicto armado.
Esta semana en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, en una reunión del Comité Interinstitucional para la Vigilancia de la Gestión Pública, que preside el procurador regional Eduardo Visbal Robles, se acordó judicializar a quienes promueven o participan en esa actividad que viola los Derechos de los Niños, y que está consagrada como delito en el nuevo Código Penal.
La decisión se adoptó con base en informes entregados por la Red de Solidaridad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía Nacional, que señalan que las familias provenientes de etnias indígenas de Nariño y Cauca, principalmente, no son desplazadas por la violencia y someten a los niños a jornadas de hasta 12 horas de trabajo arriesgando su integridad.
El Comité admitió que las medidas persuasivas adoptadas por el Bienestar Familiar y la Red de Solidaridad no funcionaron. Esos organismos devolvieron en dos ocasiones a 35 familias, mientras que 50 niños fueron atendidos en hogares sustitutos, alimentados y entregados a sus padres.
"A muchos de ellos les hemos ofrecido asesoría para que vuelvan a sus sitios de origen, pues creíamos que eran desplazados por la violencia, sin embargo, nuestra sorpresa ha sido que ellos mismos reconocieron que no lo son y que están de paso o de paseo por la ciudad", dijo el delegado de la Red en el Atlántico, Yesid Xiques.
El subsecretario de Gobierno Departamental, Roberto Monterrosa, la defensora regional (e), Gloria Lamus, el Director Regional de la Red y la Procuraduría se comprometieron a contactar a las autoridades indígenas nacionales para que ayuden a buscar soluciones a esta problemática.
Teresa Suárez, directora general de la oficina de asuntos indígenas del la Red de Solidaridad Social le dijo a Actualidad Étnica que “se han presentado casos de mendicidad indígena en ciudades como Bogotá, Pereira, Manizales y Medellín, donde llegan especialmente indígenas de la etnia Emberá Chamí del departamento de Risaralda. Los indígenas no salen por el desplazamiento, sino por problemas internos con la comunidad, por el escaso control que ejercen las autoridades indígenas, por falta de alimentación, por desculturización o por gusto. La Red está trabajando en proyectos que garanticen los Planes Indígenas de vida de las comunidades y proyectos alimenticios, por que lo primero que se debe garantizar es que las comunidades tengan comida para que permanezcan en sus territorios. En Bogotá se han adelantado proyectos como la Red de mujeres indígenas organizadas, que busca agrupar a todas las mujeres que se encuentran desplazadas y ayudarlas a recuperar sus planes de vida, e introducirlas en actividades productivas tradicionales como las artesanías”.
Es preocupante la situación de las mujeres y los niños indígenas ya que esta es la población más vulnerable ante la violencia desmedida que viven sus comunidades inmersas en un conflicto armado de nunca acabar. Según una investigación realizada por la Fundación Hemera Comunicar sobre la situación de los derechos humanos de los grupos étnicos y, en especial los indígenas, demuestran que son los niños y las mujeres, las personas más vulnerables ante los efectos de la guerra sin cuartel que vive el país. El informe señala que en el primer semestre del año en curso, los grupos armados (legales e ilegales) que combaten en Colombia, han violado en 35 oportunidades seguidas los derechos humanos de mujeres y niños indígenas.
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