Para avanzar en el sentido de construir una cultura pluralista, democrática, solidaria y creativa, de cambiar la economía y proteger la naturaleza así como de cambiar la forma de mandar y cambiar, a los que mandan, primero que todo los pueblos indígenas del Choco, como lo hemos planteado en diversos foros, requerimos, de los organismos de ayuda humanitaria y a los gobiernos amigos de nuestra-causa, que los procesos que se adelanten tenga como objetivo fundamental fortalecer nuestra autonomía y cultura y que no sea para crear mas dependencia, por ello les solicitamos que su colaboración y aportes fluyan directamente sin intermediarios, dentro de un proceso de definición concertada para que realmente esta corresponda a nuestras necesidades y realidades y no al capricho de unos cuantos consultores que nos interpretan pero que no nos entienden.
Desde los postulados de nuestro plan de vida actual, de manera fraternal pero
enérgica, con. base en nuestros derechos colectivos, convocamos a las instituciones a que desarrollen un trabajo coherente, serio y planificado, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que entre todos construyamos condiciones dignas y justas de existencia. De tal manera que no sólo se cumpla por parte de las instituciones las obligaciones constitucionales y legales que son su razón de ser, sino que se aporten de modo solidario principios de solución a problemáticas tan complejas como las que vivimos los indígenas; en lo cual es necesario que las instituciones eviten partir de principios de imposibilidad, como aquel en virtud del cual se piensa que para poder actuar es necesario volver a inventar el mundo cada vez, cuando éste ya está inventado y lo hemos venido inventando paso a paso en cada uno de estos veinte años. Si bien no existen recetas, sí existe experiencia acumulada, y de ella tenemos que partir.
Como consideramos el territorio no solo es un derecho fundamental sino la razón de nuestra existencia y cultura planteamos que se agilice la constitución de los resguardos que faltan por constituir, se de las ampliaciones solicitadas y se cumpla con la ley en cuanto al proceso de saneamiento.
A la RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL y al gobierno nacional le manifestamos que los indígenas del pacifico no queremos una atención reduccionista, que se limite a atender los efectos visibles de violencia ocasionados por el conflicto armado
Interno colombiano, el cual se enmarca en condiciones estructurales de carácter histórico, que son las que requieren acciones estatales coherentes y sólidas. Por ello, su trabajo no debe limitarse a la creación de programas de refugio o de campamentos, que nos separen de nuestros territorios, escindan nuestra vida cotidiana y nos aíslen de nuestras prácticas culturales y de nuestra dinámica familiar. Es necesario que la Red defina, de común acuerdo con los indígenas, programas integrales de atención a nuestras comunidades.
A los organismos de control como la PROCURADURÍA, la DEFENSORÍA DEL
PUEBLO y la COÑTRALORÍA les pedimos que asuman un papel más contundente en cuanto a velar por el cumplimiento de parte de las entidades estatales, de sus obligaciones constitucionales y legales respecto a los pueblos indígenas. Por ejemplo, extrañamos la falta de posición de estos organismos frente a la no-inclusión de un porcentaje de recursos para inversión social en comunidades indígenas, dentro de los planes de Desarrollo Municipal y la no-aplicación del principio de la diversidad para tener sectorialmente planes y programas. Del mismo modo, no vemos resultados concretos frente a nuestras quejas permanentes respecto al inadecuado e ilegal manejo que muchos alcaldes y entidades territoriales le dan a los recursos de transferencia presupuesta! que por ley y derecho nos corresponden. Tampoco vemos acciones concretas frente a los continuos abusos y maltratos que sufren nuestras comunidades por la acción de algunos miembros de las fuerzas armadas, ni se han hecho esfuerzos para esclarecer los asesinatos de algunos de nuestros dirigentes.
A la RAMA JUDICIAL le solicitamos que avance en cuanto al reconocimiento de
nuestra jurisdicción especial y capacite a sus funcionarios en cuanto a la existencia y los contenidos de esa jurisdicción y al Ministerio de Justicia que brinde los aportes necesarios para la aplicación de la justicia en nuestros territorios, al MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE le llamamos la atención frente a sus pocas ejecutarías en relación con la puesta en marcha del Sistema Nacional del Ambiente SINA que revela la profunda debilidad institucional que, ocho años después de creado, lo sigue caracterizando. Debilidad que se expresa en sus posiciones incoherentes frente a los pueblos indígenas cuando los megaproyectos invaden nuestros territorios y violan flagrantemente nuestros derechos. Al igual que en la reglamentación y manejo que le ha venido dando al tema de las licencias ambientales, favoreciendo claramente
intereses contrarios a la calidad ambiental y a la equidad social del país y sus regiones; anteponiendo visiones reduccionistas y cortoplacistas que no consideran lo ambiental en toda su dimensión, ya que solo reducen el problema a la inversión extranjera que se pueda captar. De este modo, el mismo Ministerio echa por la borda la mirada que pregona de pensar localmente y actuar globalmente y con visión de futuro.
Igualmente; al Ministerio del Medio Ambiente y a corporaciones les exigimos el
reconocimiento inmediato y efectivo de las leyes que sobre Recursos Naturales y
Medio Ambiente han aprobado, como instrumento propio para el manejo territorial,
nuestras comunidades y organizaciones.
Dado que nuestros resguardos son también estrategias de conservación, que se han mostrado altamente eficaces en esta tarea, sin excluir a la población solicitamos se nos de la administración del Parque Nacional natural de la Ensenada de Utria y se apoye a la Unidad Especial de Parques Nacionales para que cumpla con lo pactado con los pueblos indígenas del Pacifico.
Al Ministerio de Educación-Nacional y a las Secretarias de Educación de los entes territoriales respeto a nuestra identidad cultural y la educación propia de nuestros pueblos. Que garanticen la continuidad educativa desde primaria hasta la universidad a los pueblos indígenas, teniendo en cuenta la gratitud expresa en la Constitución Política de Colombia.
Que el gobierno y las instituciones educativas nacionales, departamentales y
municipales cumplan las políticas educativas para con los pueblos indígenas,
Que los municipios no eludan sus obligaciones por el hecho que los resguardos
reciben transferencias de los resguardos y cumplan con su deber exigimos que los municipios cubran todas las necesidades educativas de las Comunidades Indígenas, ya que es su deber.
Que el gobierno aporte los recursos necesarios para que las organizaciones indígenas los cabildos y sabios indígenas puedan diseñar un plan de educación propio que lleve a la estructuración de los currículos.
Que el gobierno aporte los recursos necesarios para que las organizaciones indígenas adelanten los procesos de formación de los maestros bilingües y genere las posibilidades para que se de el ascenso en el escalafón de los maestros indígenas, se garantice el uso de materiales didácticos en las escuelas indígenas, y diseñen escuelas acordes a nuestra cultura y necesidades.
Que se legalice el calendario educativo de las comunidades según el calendario
productivo y demás usos y costumbres.
Exigimos becas educativas en todos los niveles y que se apruebe el Proyecto de Ley sobre las becas universitarias para las comunidades indígenas.
Se adecuen los, colegios indígenas de Catru, Aguasal, Papayo y Jurado, con sus
respectivas políticas, planta de profesores y equipos de trabajo.
Se amplíe la cobertura del servicio educativo indígena y el nombramiento de maestros indígenas.
Se apoye el proyecto de capacitación y perfeccionamiento docente de los pueblos indígenas.
Implemente el proyecto de fortalecimiento cultural y educativo.
Se continúe con el proyecto de alfabetización para jóvenes y adultos en las
comunidades indígenas.
A las distintas iglesias les pedimos respeto a nuestra identidad cultural y la educación propia de nuestros pueblos. Mientras exista la educación contratada exigimos que coordine con nuestras organizaciones y Cabildos las acciones educativas que pretenda realizar en las comunidades indígenas.
Al Ministerio de transporte le decimos que las obras de infraestructura deben ser concebidas no solo para mejorar las condiciones de la productividad económica sino para mejorar la calidad de vida. En nuestro caso implica que no nos afecte
culturalmente. Fuera de ello consideramos que todo procedimiento de consulta y concertación se debe hacer en el marco de lo establecido en las leyes indígenas que rigen en nuestros territorios, la constitución política, el convenio 169 de la 0IT, ley 21 de 1991 y dentro del respeto por la integridad física y cultural de nuestros pueblos.
Al Ministerio de salud que afilie a la totalidad de la población indígena al régimen
subsidiado y facilite que la población indígena se afilie a la empresa constituida por nuestro pueblo, y se atiendan programas de tuberculosis y control de malaria.
Que se apoye los programas de promoción, prevención y atención integral que viene haciendo la ARS indígena y facilite el transporte de los enfermos y los equipos de salud. Así mismo que se entreguen los medicamentos que no se encuentran contemplados dentro del POS. Pues este fue diseñado para otras condiciones de atención social.
En general a todas las instituciones les queremos decir que los pueblos indígenas no somos objetos de museo, para que se nos reduzca a la contemplación estática de la historia; como tampoco reclamamos privilegios, pues la posibilidad de una vida digna, la libertad, la capacidad de pensar y planear la vida de acuerdo con nuestra cultura, no son privilegios, sino DERECHOS, y son derechos lo que hoy, nuevamente, estamos reclamando y por ellos seguiremos luchando. Derechos éstos cuya garantía es una obligación constitucional y legal del Estado colombiano y de todas sus instituciones.
Todas las instituciones deben conocer y entender que los pueblos indígenas del Chocó hemos venido trabajando en el Ordenamiento Territorial Indígena a través de diferentes propuestas de zonificación, en la Reglamentación de Recursos Naturales, en la Justicia Indígena, por eso es necesario que los Municipios, el Departamento y CODECHOCO asuman que el ordenamiento territorial para las comunidades indígenas se debe hacer desde los lineamientos culturales y las políticas que la OREWA y sus Cabildos han
definido.
Nuestra propuesta fundamental es la constitución de un Estatuto de Autonomía.
Ante todo creemos que se debe hacer cumplir la actual constitución en materia de los derechos de los Pueblos Indígenas y, avanzar en la creación de un ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
Este estatuto debe contemplar lo siguiente:
Terminar dé hacer la titulación de los territorios indígenas para asegurar legalmente la propiedad de los mismos.
Crear los Territorios; Indígenas Autónomos: Ordenamiento Territorial, lo cual significa autonomía administrativa, con las autoridades indígenas, para poner en marcha nuestros Planes de vida.
Ejercicio pleno de la Justicia indígena.
Respetar la norma indígena sobre el manejo de los recursos naturales
agroforestales, mineros e hidrocarburos, sancionada por las Autoridades
indígenas del Chocó, en ejercicio del artículo 246 de la Constitución Política de Colombia de 1991.
Creación de una Confederación de Territorios Indígena Autónomos que concerté con el gobierno central el plan de inversión anual en los mismos.
El Estatuto de los Territorios indígenas Autónomos no significa segmentación o
fraccionamiento del territorio Colombiano, pues no estamos planteando ninguna
independencia o separación de Colombia, simplemente creemos que en un proceso de conciliación, de búsqueda de reparación de daños morales y materiales, lo menos que podemos plantear es que de una vez por todas se salde la deuda histórica que el estado colombiano tiene con nosotros y 'que se nos reconozcan plenamente nuestros derechos colectivos, esto es el derecho a la AUTODETERMINACIÓN. En ese sentido le solicitamos al Plan Pacifico y al Ministerio del medio Ambiente que consulten con los pueblos indígenas a través de sus organizaciones los proyectos que nos puedan afectar como el de
Ordenamiento Territorial Regional que no refleja ni los avances
constitucionales sobre los pueblos indígenas ni su situación territorial.
Solicitamos al Ministerio de! Medio Ambiente y al Plan Pacifico que no nos excluyan, pues no vemos ningún proyecto que nos apoye a pesar de haber presentado una diversidad de propuestas y que nos permitan participar en la definición.
Sobre las condiciones de orden publico los congresos y reuniones de los pueblos
indígenas han definido la estrategia de la Resistencia en nuestros territorios para la cual, solicitamos la ayuda de acompañamiento, difusión internacional de nuestra problemática, creación de mesas de apoyo. Pero sobre todo ayudarnos en la constitución de zonas de refugio que permitan a nuestras comunidades y dirigentes en riesgo contar con espacios de protección y con áreas de autosuficiencia alimentaria y donde podamos velar por nuestros niños, mujeres y ancianos.
El Plan Colombia se debe trasformar en un Plan Social que asuma la financiación de los planes de vida formulados por los pueblos indígenas.
En todo proyecto que se desarrolle en esta región y en particular con pueblos
indígenas se debe realizar los estudios de impacto ambiental y mitigación necesarios, además de los reconocimientos de los beneficios económicos que estos generen. Además deben ser consultados y concertados con los habitantes del Departamento.
Se debe respetar la propiedad intelectual de los pueblos indígenas y revisar el Decreto que reglamenta la investigación en Colombia por ser nocivo a nuestros pueblos y va en contra del patrimonio nacional.
Él gobierno Nacional se debe comprometer a respetar la normatividad interna de las comunidades y, sus autoridades ya que también son autoridades ambientales que poseen una jurisdicción especial.
Al estructurar proyectos y acciones de mercados verdes, bonos ambientales y
bionegocios se debe hacer en concertación y consulta con los grupos étnicos, en
especial los pueblos indígenas.
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