Preocupante es la situación de derechos humanos en el departamento del Chocó. Luego de varias comisiones humanitarias y de verificación realizadas durante las últimas semanas por las organizaciones indígenas y afrocolombianas del Chocó, acompañadas por la Diócesis de Quibdó y la Defensoría del Pueblo, los resultados demuestran como las violaciones a los derechos humanos se han incrementado en todo el departamento a lo largo del año 2003, atropellos que comprometen de manera directa a hombres del batallón Manosalva Flórez del Ejército Nacional, quienes en sus operaciones contrainsurgentes vienen involucrando a las comunidades indígenas y campesinas en las acciones militares regulares.

“Después de haber recogido numerosos testimonios en las comunidades, la conclusión es que nos hemos convertido en el blanco predilecto de todos los actores de la guerra que consumen al departamento del Chocó, todo por el hecho de habernos negado a ser participes directos de ésta, y mantener una posición digna de autonomía y resistencia en nuestros territorios”, sostuvo la Organización Regional Indígena Emberá Waunaan (OREWA).

Las acciones violatorias a los derechos humanos tienen como base la intensificación de los operativos militares por parte del Batallón Manosalva Flórez, operativos que han generado un bloqueo económico, alimenticio y de medicamentos, especialmente en las zonas de Medio Atrato, Alto Andagueda, río Capa, Alto San Juan y Tumutumbudó.

Las comunidades señalan que existe una prohibición para movilizar cualquier producto, llegando al extremo de impedir el paso a personas enfermas. El bloque produjo en algunas comunidades una intensa hambruna, incrementando los niveles de desnutrición y un sinnúmero de enfermedades.

“Muchas familias indígenas están enfermas con paludismo, conjuntivitis, infección respiratoria aguda. Como consecuencia han fallecido varios compañeros como, por ejemplo, la muerte de 32 indígenas en Bojayá o la muerte de 6 indígenas en Capa por paludismo cerebral”, ratificó la OREWA.

Las denuncias van desde el corte de energía por parte del Ejército en el Alto San Juan (acción que fue acompañada por la amenaza de “tumbar” el puente que le permite a las comunidades de Peñas del Olvido comunicarse con la población de Tadó), pasando por el asesinato de cuatro indígenas en distintas acciones (José Amancio Niasa Arce, Fernando Antivia, Evelio Sanapí Sintua y Arcesio Dumaza Tunay), heridas y agresiones indiscriminadas, quema de viviendas, saqueos, daño a la infraestructura telefónica de algunas comunidades, intento de violación a una indígena de Murandó, detenciones arbitrarias, amenazas y el desplazamiento de 32 familias de Mumbú, quienes huyeron por efecto del bloqueo.

Frente a ese panorama, la OREWA solicitó a la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez adoptar las medidas necesarias para suspender lo antes posible el bloqueo al que están sometidas las comunidades indígenas y afrocolombianas, posibilitando la libre circulación y el libre transporte de productos básicos que garanticen la supervivencia en las distintas zonas. Por otro lado, que los miembros de la Fuerza Pública y los funcionarios estatales se abstengan de señalar a los indígenas como colaboradores de los grupos insurgente, argumento que se esgrime para justificar las acciones perpetradas. Finalmente, que se abra cuanto antes las investigaciones sobre las actuaciones de la Fuerza Pública por los robos, incendios, heridas, torturas y asesinatos cometidos contra la población indígena.