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Una extraña detención a miembros de los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó se registró la semana pasada, cuando agentes de la policía del municipio del Carmen del Darién retuvieron a varios afrodescendientes por carecer de documentos de identidad y no poseer los documentos en regla de los motores que les sirve para su transporte.

Los campesinos se encontraban en el municipio adelantando actividades de registro para sus respectivos Consejos Comunitarios, cuando fueron detenidos por carecer de documentos de identificación. Los motores fueron confiscados.

No obstante, para la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz las detenciones presentan una connotación, puesto que los campesinos no fueron detenidos en flagrancia de actuaciones delictivas. Contra ellos tampoco se presentó ni existe orden judicial. 

“Desde meses atrás se tienen indicios del desarrollo de una estrategia de desprestigio, de deslegitimación del proceso comunitario, de presión psicológica en medio del bloqueo económico, para que los integrantes de las comunidades afrodescendientes y mestizas acepten la siembra de la palma aceitera dentro de sus territorios”, afirma el organismo humanitario.

Por su parte, 62 congresistas norteamericanos, a través de una carta fechada el pasado 25 de junio, le expresaron al Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, sus preocupaciones por las recientes declaraciones del mandatario contra las organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

“Conocemos y apoyamos el importante trabajo liderado por organizaciones tales como Brigadas Internacionales de Paz y el Movimiento de Reconciliación (F.O.R.) en la protección y promoción de los derechos humanos en Colombia. Por medio de su presencia, estas organizaciones han ayudado a proteger los derechos de civiles en muchas comunidades, incluyendo a San José de Apartadó, que ha sufrido numerosas masacres, desapariciones forzadas y otras violaciones de los derechos humanos. Reconociendo la vulnerabilidad de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expedido medidas provisionales en tres ocasiones, instando a Colombia a proteger la Comunidad y a las <>”, sostienen los congresistas.

El 15 de abril de 2004, la Corte Constitucional de Colombia aceptó que esas medidas provisionales son constitucionales y ordenó para que el gobierno colombiano acate su cumplimiento.

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