La denuncia fue hecha por el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA) y la Diócesis de Quibdó, quienes informan que en toda la región del Medio Atrato se registra desde hace dos meses una fuerte avanzada de los hombres del Bloque Élmer Cárdenas de los paramilitares, con la intención de disputarse militarmente la zona con el Frente 57 de las FARC EP.
Esta situación provocó el desplazamiento de por lo menos mil personas de las comunidades afrodescendientes de Piedra Candela, La Loma de Bojayá, Caimanero, Corazón de Jesús del rÃo Bojayá, entre otras, hacia Bellavista, cabecera municipal de Bojayá.
El desplazamiento, que se registró desde el pasado 11 de febrero, ya rebasó la capacidad de las autoridades locales, agravada porque buena parte de la población ya habÃa sido desplazada, tanto por los acontecimientos de mayo 2 de 2002 como por los desplazamientos que se dieron durante e primer semestre del año anterior.
“Es dramático que dos de estas comunidades, Piedra Candela y Caimanero apenas en el mes de septiembre del 2004 retornaron a sus lugares de origen después de su último desplazamiento. Alertamos, además, que aún se encuentran aproximadamente 500 personas de estos pueblos que no han podido salir de sus comunidades por falta de seguridad y medios de transporteâ€, expresaron las dos organizaciones.
Por su parte, las comunidades indÃgenas decidieron mantenerse en los territorios a pesar de la creciente tensión.
Ante los múltiples antecedentes en la región, las organizaciones solicitan a los actores armados que cumplan las normas del DIH, que eviten confrontación directa en lugares donde se encuentre la población civil, que permitir la libre movilización de las personas de las comunidades y las comisiones humanitarias, que no restrinjan el paso de alimentos, medicinas, combustible y otros artÃculos de primera necesidad, que se suscriban a la propuesta del Acuerdo Humanitario elaborado por las organizaciones del Foro Interétnico Solidaridad Chocó.
A las Instituciones civiles del Estado les solicitan que cumplan sus obligaciones constitucionales tanto con la población desplazada, la población receptora y la población resistente en su territorio, que busquen por todos los medios posibles una solución negociada al conflicto, ofrecer las garantÃas necesarias para la movilización y protección de las personas que se encuentran en medio del conflicto y que desean salir de su territorio para defender su vida y la de sus hijos.
A la comunidad internacional solicitan que apoyo a las iniciativas de protección de la sociedad civil de las organizaciones de base y visibilización de las consecuencias de la guerra que afectan el pueblo Chocoano.
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