Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca publica un informe sobre violaciones a los Derechos Humanos cometidas en ese departamento durante 2008. Bandas emergentes, conflicto armado y megaproyectos, principales responsables de atropellos contra comunidades indígenas.


El Departamento del Cauca, en el suroeste colombiano, continúa siendo uno de los más castigados del país en lo que se refiere a violaciones de derechos humanos a comunidades indígenas.

Es lo que revela el último informe publicado por la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, entidad supracomunitaria formada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el Centro de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - Unidad y Reconstrucción (ANUC - UR), la Corporación de Destechados del Cauca (CODESCO) y el Movimiento Campesino de Cajibío (MCC).

El documento, que recoge las violaciones del derecho a la vida, la libertad y la integridad de líderes, organizaciones y comunidades del Cauca durante todo el año 2008, hace especial énfasis en los atropellos cometidos por agentes del Estado como participantes directos o indirectos de la violencia por acción u omisión de sus deberes.

En este aspecto, las ejecuciones extrajudiciales ocupan un lugar central en el año de los escándalos por los falsos positivos (víctimas inocentes presentadas por el Ejército como guerrilleros desaparecidos). Las diecisiete víctimas del Cauca, incluido el asesinato de Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor del CRIC Aida Quilcué, sumadas a las once detenciones arbitrarias y múltiples amenazas individuales y colectivas contra líderes y comunidades indígenas, sindicales y campesinas componen un panorama que habla por sí mismo.

La presencia de grupos armados emergentes procedentes de la desmovilización del paramilitarismo y la delincuencia común, como las autodenominadas Águilas Negras o el grupo narcoparamilitar "Los Rastrojos", en muchos casos con la aquiescencia o la inobservancia del Ejército, habría provocado asimismo 47 víctimas mortales en 2008 si contamos los asesinatos selectivos y las masacres, incluyendo también los falsos positivos en masa.
De los 309 asesinatos que reporta el informe para 2008, 287 entrarían en la categoría de "homicidios sociales no políticos", fruto del clima de violencia y desazón en el que viven las familias desplazadas y los colombianos empobrecidos por el contacto con el conflicto armado.
Grupos delincuenciales que practican el sicariato y pandillas de jóvenes corrompidos por la pobreza y la drogadicción castigan habitualmente a poblaciones vulnerables desasistidas por el Estado dejando a su paso un rastro de sangre que se suma al derramamiento motivado por factores políticos.

Por último, el informe destaca la relación existente entre las zonas con mayor índice de violencia y las que poseen grandes intereses económicos, vinculando las políticas estatales con las disposiciones de algunos conglomerados empresariales.

El documento 3297 del Consejo Nacional de Política Económica y Social, la Agenda Interna de Productividad y Competitividad para el Cauca y el actual Plan de Desarrollo "Arriba el Cauca" 2008-2011, unidos a los tratados de libre comercio firmados por Colombia dentro de las comunidades de desarrollo latinoamericanas (CAN, MERCOSUR), darían cuenta de un modelo económico tendente a "explotar las riquezas a partir de monopolios y empresas extranjeras" sin tener en cuenta las consecuencias que todo ello genera para la población local.

Grandes empresas productoras y extractivas de palma de aceite, oro, carbón y biocombustibles tendrían, según el informe, vía libre para apropiarse de los recursos naturales no renovables, utilizar mano de obra barata y, por si fuera poco, convertir a los habitantes del Cauca en consumidores de los productos que fabrican en monopolio.

Los grupos que han elaborado el informe conminan por todo ello al Estado y a la comunidad nacional e internacional a frenar la impunidad de los crímenes cometidos un año más, a cumplir con las resoluciones que garantizan protección oficial a algunas comunidades y a visibilizar las violaciones a los derechos humanos perpetradas por todos los bandos.


Comentarios   
0 #1 Selene 23-01-2019 11:12
Me ha apasionado este texto y nunca había analizado una opinión como esta sobre
el tema, genial ! Felicidades

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